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Gil-Robles pide a las policías europeas que sigan a la Ertzaintza y graben los interrogatorios

El comisario de Derechos Humanos destaca el paso "espectacular" dado en las garantías

El comisario europeo de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, defendió ayer la conveniencia de que todas las policías de la UE adopten la iniciativa "ejemplar" de la Ertzaintza de grabar los calabozos y los interrogatorios de los detenidos bajo el régimen de incomunicación. El consejero de Interior, Javier Balza, explicó ayer al comisario y a responsables del Comité para la Prevención de la Tortura, organismos ambos del Consejo de Europa, las medidas que ya se aplican en las comisarías vascas para "evitar" la tortura y malos tratos.

"Lo que hoy nos ha presentado el consejero Balza, tanto el protocolo de 2003 para los detenidos como las grabaciones en vídeo de los interrogatorios de las personas incomunicadas, es lo que nosotros llevamos recomendando desde hace años. Y espero que estas medidas ejemplares, que protegen a los detenidos, sean seguidas no sólo por la Policía y la Guardia Civil, sino por el resto de cuerpos policiales de la Unión Europea", manifestó Gil-Robles a este periódico tras la reunión.

Con estas palabras acogió el comisario de Derechos Humanos las iniciativas de grabar los interrogatorios y la zona de calabozos que se aplican en las comisarías de la Ertzaintza desde el pasado 1 de octubre a personas incomunicadas. En las dos entrevistas sucesivas que mantuvo Balza en Estrasburgo con la representante del Secretariado de la CPT, la italiana Caterina Bolognese, y con el propio Gil-Robles, ambos responsables pusieron en valor las medidas adoptadas por las autoridades vascas.

De hecho, las dos instituciones del Consejo de Europa que representan ya conocían la existencia del protocolo para detenidos. Fue aprobado por el Gobierno vasco a finales de 2003, después de que Balza se lo explicara a la presidenta de la CPT, la británica Silvia Casale, en octubre de ese año. El protocolo, en que colaboraron también los departamentos de Sanidad y Justicia, incluye, entre otros aspectos, reconocimientos diarios por forenses, análisis de orina y la comunicación de la detención a la familia y al juez en los primeros 30 y 60 minutos, respectivamente.

Las relaciones del Ejecutivo vasco con el comisario Gil-Robles ya están normalizadas después del desencuentro vivido entre ambos en 2001, tras el durísimo informe realizado por el comisario europeo. En él criticó "la pasividad de la Ertzaintza" ante la violencia callejera, que permitía a los grupos violentos operar "en un clima de impunidad casi total". El informe, posteriormente contestado por las autoridades vascas, llegó en plena batalla política entre nacionalistas y constitucionalistas. Gil-Robles reconoció ayer que el "clima durísimo que constaté en la primera visita, que desgraciadamente hubo que reflejar tal cual en el informe, ha evolucionado a mejor". "Según los datos actuales, la kale borroka prácticamente ha desaparecido, aunque persisten algunos rebrotes. Pero no es la angustia que yo percibí en la gente en aquella visita", indicó.

Sobre las medidas presentadas, dijo que posibilitarán que "no haya ninguna duda de que no hay excesos, violencia o torturas en las comisarías". "Ahora mismo, que yo sepa, ninguna policía en la UE graba los interrogatorios a los incomunicados, y en algunas no hay ni presencia de abogado. El paso, en cuanto a garantías, es espectacular", señaló.

"Desgraciadamente estamos en una época en la que algunos detenidos, aunque no haya pasado nada, refieren torturas o golpes por consigna política", indicó el comisario aludiendo a la documentación intervenida a ETA. A los liberados del comando Araba detenidos en marzo de 1998 se les incautó un documento titulado Sobre las denuncias de torturas, en el que se animaba a denunciar malos tratos. "Denunciar a cuantos más txakurras [perros, por los policías] podáis (...) hablar de interrogatorios, golpes, bolsa, bañera potro, tortura psicológica", se ordenaba en aquel documento. "Toda la presión que podamos meter es buena pero no olvidéis que tú eres el/la actor/actriz principal y que sin ti no hay película".

El comisario dejó claro que se acabará con las dudas también en los pasillos, en todo momento controlados por cámaras. "Contaremos con una prueba gráfica de lo que allí ha pasado", subrayó. Las grabaciones incluyen todas las fases del proceso de detención desde la llegada a la comisaría y para todos los detenidos, estén incomunicados o no. El único lugar sin cámaras, para preservar la intimidad del detenido, es la celda.

"Nuestras recomendaciones no avanzan"

Caterina Bolognese, la representante del Secretariado del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) con la que ayer se entrevistó el consejero Javier Balza, indicó que tras los atentados de 11-S se ha extendido el fenómeno de la incomunicación de los detenidos en toda la UE. "No sólo en España. Nuestro organismo viene recomendando límites a la incomunicación. Ahí tenemos el caso del Reino Unido y otros Estados", declaró ayer a este periódico.

Bolognese consideró "muy importante que se graben los lugares de detención y los interrogatorios", en referencia a las medidas de Balza. Pero reiteró que en el caso de España el CPT viene recomendando, "con poco éxito", otras "medidas efectivas" para evitar los malos tratos en comisarías y cárceles. Bolognese recordó que en el duro informe publicado sobre España en marzo de 2003, sobre una visita realizada en 2001, ya se recomendaba la aplicación, "sin mayor dilación", de otras medidas como el acceso a un abogado desde el inicio del arresto, comunicar en un plazo máximo de 48 horas a sus familiares la causa y lugar de detención, y que los detenidos puedan acceder a un forense de su elección. El citado informe, el ultimo autorizado por España para ser publicado, pese a que el CPT ha realizado otras dos visitas en agosto de 2003 y el pasado diciembre, ya apuntaba además la necesidad de rebajar hasta un máximo de 48 horas el periodo de incomunicación. Ahora puede llegar en comisaría a cinco días, con orden del juez, y en total puede superar las dos semanas, si se incluye el paso por la prisión preventiva.

Bolognese, que participó en la última visita, resaltó que la "cooperación de las autoridades españolas es magnífica in situ. Pero, entre visita y visita, vemos que nuestras recomendaciones no avanzan". El CPT está valorando tomar algún tipo de medida más expeditiva con los países más renuentes de la UE. "Somos conscientes de nuestro poder, pero no podemos obligar", admitió ayer.

El informe sobre la visita a España de noviembre fue aprobado por el plenario la semana pasada. Y, aunque se desconoce aún su contenido, incluye un análisis del trato dado por la Guardia Civil a los inmigrantes subsaharianos que logran atravesar la valla de Melilla, ciudad donde estuvo la delegación del CPT. "Lo fundamental es que las autoridades tengan en cuenta que se deben respetar siempre unos mínimos", dijo.

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