La Junta anuncia la compra del hotel del Cabo de Gata para derribarlo

El hotel del Algarrobico, convertido por los ecologistas en símbolo de destrucción del litoral, puede tener los días contados. El presidente andaluz, Manuel Chaves, del PSOE, anunció ayer la compra de la parcela que se ha construido y otra finca colindante por 2.313.000 euros para devolver a su estado primitivo la playa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) donde se ha edificado. La Junta, que hasta ahora había defendido la legalidad del hotel y su imposibilidad para frenar la obra, usará su derecho de retracto para hacerse con las fincas, vendidas en 1999 sin informar a la administración, pese a estar en un parque natural. La promotora reclama 200 millones por el hotel de 20 plantas, 411 habitaciones y a sólo 28 metros del mar.

Las obras en el hotel del Algarrobico, 20 plantas y 400 habitaciones a pie de playa, están paralizadas de forma cautelar desde febrero por orden del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería. El juez consideró que la licencia "presenta apariencia de ilegalidad por invasión de la zona de servidumbre de protección establecida por la Ley de Costas". La Junta, que autorizó la obra, afirma que cumple esta ley y ha buscado la vía del retracto para demolerlo.

El auto judicial, emitido tras una denuncia de la asociación Salvemos Mojácar, frustró las pretensiones de la promotora, Azata del Sol, de abrir el establecimiento en junio. El Algarrobico, como otras playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería), sobresalen en el litoral mediterráneo, masificado de forma salvaje, al haberse preservado en un estado natural.

De ahí, que la construcción de este hotel alarmase a grupos como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Salvemos Mojácar, que han llevado la voz cantante contra el proyecto. El Algarrobico se erigió en el símbolo de la degradación autorizada de la costa.

La presión ecologista e informativa han podido contribuir al giro de la Junta de Andalucía, que hasta ahora había defendido la legalidad de la obra y su imposibilidad para frenarla. Para justificar el papel de la administración autonómica, el presidente andaluz, Manuel Chaves, señaló ayer que "la Junta siempre tiene que actuar conforme al Estado de derecho y a las leyes".

Chaves explicó que el proceso de compra-venta en 1999 entre Azata, la promotora del hotel, y dos empresas no se notificó a la Junta, pese a que era obligatorio porque afectaba a terrenos del parque natural, que se había ampliado e incluía la playa del Algarrobico. Cualquier vendedor de terrenos en espacios protegidos debe informar a la Administración para que pueda ejercer el retracto, que le da preferencia a la hora de comprar. La Junta interpreta que podrá ejercer ese retracto ahora, ya que no le fue notificado en 1999.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, aseguró ayer que descubrieron esta venta al examinar las alegaciones de la propietaria del hotel contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de expropiar una parte del complejo hotelero, que invadía la zona de dominio público marítimo terrestre. La Dirección General de Costas inició en diciembre de 2005 el expediente de expropiación forzosa, que afecta a 16.430 metros cuadrados, la mitad del hotel.

La Junta inició el expediente para el retracto hace un mes y valoró las dos fincas afectadas en 2.313.000 euros (la del hotel se fijó en 1.412.000). La empresa Azata ha alegado que la Junta conocía la propiedad de las parcelas, que se han perdido los valores ambientales al haber construido sobre ellas y que no se puede tasar conforme al precio de 1999.

El precio establecido por la Junta es el que figura en la escritura presentada en un registro madrileño, pero estaría muy lejos de satisfacer la demanda de la empresa para llegar a un acuerdo. El coordinador general de Azata del Sol, Antonio Baena Pérez, cifró ayer en 200 millones de euros la indemnización que reclamaría la empresa por el coste de los terrenos, la construcción del edificio, el perjuicio por la paralización y el lucro cesante, informa María José López. Baena dijo que el coste de la operación ascendería 300 millones si se suman el derribo y la restauración del terreno y avisó que recurrirán a los tribunales.

En octubre de 2005, tras la denuncia ecologistas, la Junta ya anunció su intención de ejercer el derecho de retracto sobre fincas adyacentes al hotel. Más de seis meses después la Junta no es dueña de los terrenos, según el propietario, el constructor Ramón Ruiz. Éste afirma que la Junta no pagó los 728.000 euros del suelo en plazo.

AYUNTAMIENTO (PSOE). Compensaciones para el pueblo

El alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE), manifestó ayer que el Consistorio acatará la decisión anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía de ejercer el derecho de retracto sobre los terrenos de El Algarrobico. "Acatamos y asumimos absolutamente la decisión", dijo, si bien matizó que el anuncio sólo viene a ratificar la "perfecta legalidad" con la que se ha desarrollado el proyecto, informa María José López Díaz. El alcalde pidió compensaciones para los vecinos del pueblo: "Carboneras tiene derecho a no ser una reserva india y las administraciones tienen que compensar a los carboneros para que puedan vivir del turismo".

MEDIO AMBIENTE. "Pocas cosas parecidas"

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, celebró la decisión de la Junta de Andalucía. Narbona valoró que la Junta haya encontrado "una vía" que permitirá la demolición "sin necesidad de que el Ministerio de Medio Ambiente culmine la expropiación". La ministra dijo que "hay pocas cosas parecidas al hotel Algarrobico" por sus dimensiones e impacto visual.

PARTIDO POPULAR. "Faltan responsabilidades"

El diputado nacional del PP por Almería Rafael Hernando exigió "responsabilidades políticas" por el caso del hotel, al considerar la decisión de la Junta de Andalucía "una cortina de humo". Hernando exigió al presidente andaluz, Manuel Chaves, que "dé explicaciones con urgencia", porque "miraba hacia otro lado" cuando se iniciaron las obras en una zona declarada de protección especial por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales aprobado en 1994.

ECOLOGISTAS. Entre la alegría y el escepticismo

La organización ecologista Greenpeace expresó su "gran satisfacción" ante la demolición del hotel y calificó la noticia como "un victoria popular sobre el hotel ilegal". Greenpeace afirmó que el de ayer es "el primer paso en buena dirección que da la Junta desde que comenzó el proyecto". La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, María José Caballero, dijo que es "una gran victoria para todos los defensores de las costas", y confió en que "la mole de cemento y hormigón desaparezca cuanto antes".

La asociación Salvemos Mojácar, que logró en los tribunales la suspensión cautelar del proyecto, se mostró escéptica sobre las intenciones de la Junta. Los ecologistas afirmaron que esperan que el anuncio "no sea otra mentira ni otra maniobra de lavado de imagen política". Salvemos Mojácar recuerda "los múltiples y gravísimos atropellos de la Consejería de Medio Ambiente" y se mostraron sorprendidos por el "súbito cambio de postura" de la Junta, porque hasta ahora mantuvo "una postura escandalosa defendiendo" el hotel del Cabo de Gata.