Washington confía en que se alcance una solución

Washington se mostraba ayer confiado en alcanzar una solución en la transferencia de datos de los pasajeros que viajen a Estados Unidos después de que el Tribunal Europeo de Justicia declarase ilegal ese flujo de información. La confianza tiene una fecha límite, ya que la prohibición entrará en vigor el 30 de septiembre. "Tengo esperanzas de que llegaremos a una solución que mantendrá el flujo de datos y que hará posible que prosigan los vuelos", declaró Stewart Baker, adjunto al responsable del Departamento de Seguridad Nacional.

En mayo de 2004, un acuerdo entre Washington y Bruselas obligó a las compañías europeas a facilitar a las autoridades estadounidenses 34 datos de los pasajeros que viajan a Estados Unidos, incluyendo nombre, dirección, forma de pago del billete y teléfono, entre otros datos.

"Vamos a trabajar para asegurarnos de que no van a disminuir los requisitos en la protección de datos y que a la vez no se produzca una interrupción en el tráfico aéreo transatlántico ni se rebaje el alto nivel de seguridad", declaró otra fuente del Departamento de Seguridad Nacional. Para Washington, sería preferible redactar un nuevo acuerdo con la Unión Europea antes que iniciar contactos bilaterales con los países miembros.

Estados Unidos asegura que el acuerdo transatlántico -al que se oponía el Parlamento Europeo- está diseñado para ayudar a prevenir actos de terrorismo, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El acuerdo alcanzado en su momento exigía que a los 15 minutos del despegue de un avión en la UE con rumbo a Estados Unidos, la aerolínea enviase a las autoridades norteamericanas una serie de información personal acerca de los pasajeros a bordo. Incluso se pidió que en esa lista se añadieran las solicitudes de menús especiales, lo cual puede indicar la religión u origen étnico de los pasajeros, aunque finalmente no se incluyó ese dato.

La Casa Blanca había advertido de que las aerolíneas que no suministrasen la información podrían ser objeto de fuertes multas, así como perder los derechos de aterrizaje. La decisión del Tribunal Europeo de Justicia coloca a las compañías aéreas en la tesitura de tener que elegir entre vulnerar la legislación europea o violar la estadounidense, si la UE y EE UU no llegan a un nuevo acuerdo antes de septiembre.

Así, el presidente de Iberia, Fernando Conte, dijo, a preguntas de los periodistas convocados con carácter previo a la junta de accionistas de la aerolínea: "Las compañías somos meros sufridores", informa Lara Otero. A la espera de un eventual acuerdo que resuelva la situación creada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, "nosotros tenemos que cumplir con las autoridades americanas", zanjó.