Garzón y Gómez Bermúdez se disputan de nuevo la Sala Penal de la Audiencia Nacional

Baltasar Garzón Real, titular en excedencia del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ocupa el número 214 en el escalafón de la carrera judicial. Su experiencia en la judicatura, que dura ya 23 años, sólo ocupa folio y medio de currículum. Las 18 páginas rstantes sirven para glosar su experiencia como docente, sus publicaciones y los numerosos reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, entre los que destacan 12 doctorados honoris causa.

Fue profesor en varias universidades españolas entre 1984 y 2003, así como de La Sorbona (Francia) y la de Nueva York. Fue asesor en congresos y conferencias internacionales sobre terrorismo, corrupción y narcotráfico. Participó en la Convención sobre Criminalidad Organizada de la ONU y en la gestación de la Corte Penal Internacional además de ser ponente en el Comité Europeo contra la Tortura. Director de de cursos monográficos en todo el mundo, dos de sus más de 80 conferencias las pronunció en las universidades de Stanford y Harvard (EE UU).

Garzón es el juez español más galardonado y reconocido. Además de sus doctorados honoríficos, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de 1990, es medalla de oro de la Universidad Autónoma de México y representante de honor del Museo del Holocausto de Washington.

De los tres candidatos a la presidencia de la Sala de lo Penal, Salvador Javier Gómez Bermúdez (Álora, Málaga, 1962) es el más joven y el que menos tiempo ha pasado en la Audiencia Nacional (siete años, dos de ellos como presidente de la Sala de lo Penal). Ingresó por oposición en la carrera en septiembre de 1987 y desde entonces pasó por los juzgados de Torrox (Málaga), Montilla (Córdoba) y Almería. En 1998 fue destinado a la Audiencia de esa provincia y, de ahí, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En su currículo subraya su experiencia en materia de terrorismo. Recuerda su experiencia como ponente en muchos de los juicios de la cúpula de ETA, así como de otros comandos de la banda y, especialmente, el que llevó a la cárcel a los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Participó en la apelación de los autos de procesamiento de Segi-Jarrai, Gestoras y la suspensión de actividades de Ekin. Se considera experto en "terrorismo juvenil" por su paso por el Juzgado Central de Menores, así como en el tratamiento de presos etarras, como juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Ha sido ponente en cuatro cursos organizados por el CGPJ y ha dado una conferencia en el Instituto de Criminología de Almería. Fue profesor de Derecho Mercantil en la UNED y de práctica jurídica en Almería. Ocupa el puesto 997 en el escalafón.

José Ricardo Juan de Prada Solaesa (1957) no inició su trayectoria profesional como juez, sino como abogado. Tras licenciarse en Derecho en 1980, practicó la abogacía cinco años. En 1986 sacó la oposición a juez y para ocupar plaza en Barakaldo (Vizcaya) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En 1989 ascendió a magistrado y pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, desde donde da el salto a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia a finales de 1990, su destino desde entonces.

De Prada ha orientado su currículo hacia la protección de los derechos humanos con cursos en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia), así como con varios periodos de prácticas en la Comisión Europea de Derechos Humanos con sede en esa misma ciudad. Dirige un grupo de estudios sobre la Orden Europea de Detención y Entrega en el CGPJ, donde también actúa como ponente en el programa de formación continua de jueces y magistrados.

Ha participado en programas de Justicia con candidatos al ingreso en la UE y se encuentra en la lista de expertos de la Comisión Europea para el asesoramiento en materia de cooperación judicial internacional. Actualmente ocupa el puesto 903 del escalafón. Actualmente forma parte del Tribunal de Bosnia-Herzegovina para crímenes de guerra.