El nuevo poder autonómico

Si el no hubiese triunfado en el referéndum del Estatuto catalán el domingo, el andaluz, gallego, balear y aragonés lo tendrían hoy probablemente mucho más difícil. El catalán ha abierto un camino por ser el primero en aprobarse y el resto de comunidades han querido seguir esa misma vía, como puede comprobarse en una detenida lectura, artículo por artículo, de otras propuestas de reforma autonómicas, inspiradas en gran medida en el texto catalán.

Así, si Cataluña decidió ser una "nación", Andalucía, Islas Baleares y Aragón, piden ser una "nacionalidad histórica" y los dos partidos que integran el Gobierno de la Xunta de Galicia han pactado ya que el futuro estatuto recoja el "carácter nacional de Galicia". Con escasos matices, todas las comunidades pretenden resolver la cuestión identitaria de forma similar, al menos, semánticamente. La justificación previa a la denominación de Cataluña como "nación" o de Baleares, Andalucía y Aragón como "realidad histórica", también obedece a una argumentación similar: para recoger "el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña", la "expresión de la voluntad colectiva", (Baleares).

También en lo que respecta al idioma los planteamientos son semejantes. Si el estatuto catalán equipara por primera vez el castellano y el catalán en Cataluña, de forma que el "conocimiento" de ambas se considera obligatorio, ahora los gobernantes gallegos piden que hablar su lengua se considere "un derecho y deber" en Galicia.

Otro de los aspectos más polémicos del texto catalán en el que insisten, también con matices, pero idéntica ambición, el gallego, andaluz y balear, es el relativo a las inversiones del Estado. Si Cataluña pidió que el Estado se comprometiese a invertir unos 800 millones de euros adicionales al año en Cataluña -el peso del PIB catalán en el conjunto de España, un 18,5%- para infraestructuras, durante un periodo de siete años, Andalucía, Baleares y Galicia han hecho, o piensan hacer, lo propio.

"El gasto de inversión del Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio económico territorial (...) la garantía de dicho equilibrio supone que la inversión destinada de Andalucía sea al menos equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado", dice la proposición de reforma de los andaluces. "Los déficits acumulados por la falta de inversiones públicas en Illes Balears por la insuficiente dotación económica en materia de educación, sanidad y servicios sociales y por el constante incremento de la población serán compensados por el Estado con una inversión de tres mil millones de euros a lo largo de diez años", se lee en la propuesta de estatuto balear.

Y Galicia, que de momento, ya ha pactado que habrá un acuerdo financiero con el Estado para que comprometa para Galicia el 8% de la inversión estatal durante otra década. Ese compromiso que todas las comunidades solicitan al Estado equivale, en suma, a pedir al Gobierno que les garantice las inversiones que van a tener durante los próximos diez años.

Ahora que los catalanes han dicho sí a su estatut, la pregunta es si es generalizable a otros estatutos de autonomía con idénticas o muy similares condiciones. Todos los puntos que alargaron la polémica durante meses -definición de nación, financiación- se repiten ahora en Andalucía, Aragón, Baleares y Galicia. Su turno.