El Gobierno renuncia también a presentar la ley de la Función Pública en esta legislatura

El Gobierno andaluz renunciará a presentar, una legislatura más, la ley de la Función Pública, una norma prometida por Manuel Chaves en mandatos anteriores y que figura en el programa electoral del PSOE. Como ha ocurrido con la ley de creación de la Policía Autonómica, el Ejecutivo esperará a que las Cortes Generales aprueben una norma básica que regirá para todo el Estado. La Consejería de Justicia y Administración Pública entiende que sin esa regulación general las normas de desarrollo de la comunidad autónoma no serían viables.

El Gobierno andaluz se comprometió al inicio de la legislatura a remitir al Parlamento un total de 63 proyectos de ley en esta legislatura, de los que ha decidido guardar en un cajón un total de 13. La decisión la anunció el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a última hora de la noche del miércoles en el debate del estado de la comunidad, en la réplica a la portavoz andalucista Pilar González. "Han decaído 13 proyectos de ley, por razones distintas", comentó, "porque se está esperando el proyecto a nivel nacional o porque algunas de estas normativas se han hecho a través de una norma de rango inferior como un decreto".

De esos 13 proyectos, cinco se han caído de la previsión hasta que haya una normativa estatal. Se trata de la actualización de la ley de servicios sociales; ley de desarrollo del espacio socio-sanitario; ley de servicios de las corporaciones locales; ley del Estatuto del Concejal; y ley de la Función Pública.

En otros dos casos, el Gobierno mantiene que "no tiene sentido presentarlas", como son la ley de Estabilidad Presupuestaria, porque hay una norma estatal que la regula, y la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad, una medida a la que ha renunciado el Gobierno andaluz y que siempre ha sido muy criticada por la oposición, porque se suele usar para proceder a modificaciones urgentes de leyes que no tienen nada que ver con las cuentas de la comunidad.

Decretos inoportunos

En el caso de la prometido ley de Autónomos, el Gobierno ha decido optar por una regulación por decreto, mientras que otros cinco proyectos no van a ser presentados porque "no se considera oportuno", afirmaron fuentes del Ejecutivo. Estos son la ley de creación de la Empresa Pública 112; la ley del Juego; la ley de protección de rocas ornamentales; la modificación de la ley de Salud; y la ley de modificación de la empresa RTVA para la incorporación de las recomendaciones del comité de sabios convocado por el Gobierno central.

De todas ellas, la que lleva más tiempo prometida por Chaves es la ley de la Función Pública. La Junta está a la espera, como ya ocurrió en las dos legislaturas anteriores, de que las Cortes apruebe la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, actualmente en fase de anteproyecto y pendiente de negociación en la conferencia sectorial de las comunidades autónomas, donde las regiones gobernadas por el Partido Popular han puesto numerosas trabas.

Esta ley afecta en todo el Estado a 2,4 millones de funcionarios y personal laboral de la Administración estatal, autonómica y local. En Andalucía, según la Consejería de Justicia y Administración Pública, atañe a 46.000 funcionarios de la administración general de la Junta.

El anteproyecto, que pretende sustituir la ley de 1984, persigue modernizar la Administración y acabar con la presunción de que el puesto de funcionario es "para toda la vida". Entre las novedades del texto figura la evaluación periódica del trabajo -a través de un sistema pactado con los sindicatos- que puede tener consecuencias económicas y de pérdida del puesto. Es decir, la falta de rendimiento de un funcionario puede ser causa de relevo a otro empleo. Por el contrario, se prevé incentivos a los empleados públicos que logren buenos resultados.

El anteproyecto obliga a que los contratos temporales sean como máximo el 10% de la plantilla de cada administración y fija retribuciones básicas iguales en todo el Estado, aunque las complementarias se dejan en manos de cada administración.

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, reconoce que aunque se trata de un compromiso electoral la ley autonómica de Función Pública "no sería viable" sin un marco general. "Desde el primer día hemos colaborado con el Ministerio de Administración Pública, porque nos interesa que haya determinados asuntos en una norma básica para poder luego desarrollarla". López asegura que cuando el proyecto entre en el Congreso creará una comisión en Andalucía para trabajar en la ley autonómica, en la que quiere regular criterios de conciliación de la vida familiar y laboral, entre otros aspectos.

El Ejecutivo andaluz mantiene que, pese a todo, su programa legislativo en cuanto a número de leyes no ha sufrido grandes cambios, ya que se han incluido 11 proyectos de ley no previstos al inicio de la legislatura, con lo que en total hay 58 normas comprometidas: 23 están aprobados; seis están pendientes del informe del Consejo Consultivo; 14 han iniciado sus trámites en el Gobierno; y 15 están inactivos.