España apoyará la exigencia de visado que propone la UE para ciudadanos bolivianos

El Gobierno español apoyará la propuesta de la Comisión de Europea de exigir visado a los ciudadanos bolivianos que lleguen a países de la Unión. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, lo aseguró ayer en el Congreso. También anunció que el próximo día 18 el Gobierno central y el de Canarias propondrán al Consejo Superior de Inmigración el traslado a la Península de los inmigrantes menores no acompañados que no puedan ser atendidos por las instituciones de las islas. Los grupos de la oposición, excepto el PP, pidieron un pacto de Estado sobre inmigración.

En España, residen actualmente 132.400 bolivianos, 81.662 de ellos en situación irregular.

Durante la comparecencia del ministro Jesús Caldera en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, Carles Campuzano, portavoz de CiU, le formuló la misma pregunta que la semana pasada hizo al titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Cuál es la posición del Gobierno ante la propuesta de la Comisión Europea de incorporar a Bolivia como Estado al que a sus nacionales se les exija visado para acceder a España, y si el Gobierno mantiene en relación con otros países latinoamericanos esta necesidad".

El ministro no eludió la respuesta: "Yo estoy de acuerdo en que se establezca el visado para Bolivia. No puedo ser más claro: estoy de acuerdo. El visado es un instrumento de legalidad y, por tanto, cuando la Unión Europea lo acuerde yo estaré de acuerdo. En éste y en otros casos: es un instrumento para la legalidad".

En su primer turno de palabra, Caldera hizo otro anuncio. El próximo día 18, se reunirá el Consejo Superior de Inmigración. En éste, el Gobierno central y el Ejecutivo canario propondrán "el traslado a la Península de los menores extranjeros no acompañados que no puedan ser atendidos por la comunidad autónoma de Canarias". El ministro habló de la "situación excepcional" que se está produciendo en el archipiélago "por el número de menores extranjeros no acompañados, que superan las capacidades materiales y personales para su protección".

Los traslados se realizarán, dijo Caldera, con los mecanismos jurídicos oportunos para que las comunidades autónomas, "de acuerdo con la legalidad vigente, asuman su protección o tutela como entidad pública competente, con la participación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se hará cargo, en colaboración con otras instituciones y las ONG, de los programas de atención, de acogimiento y de financiación de los mismos". Román Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria, cifró luego en 750 los menores "con insuficiente atención".

El anuncio del ministro fue valorado posteriormente por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marisa Zamora, como "un avance" respecto a la situación enquistada en las islas, aunque se mostró prudente sobre la ejecución del compromiso "hasta que se vea reflejado en un documento", informa Juan Manuel Pardellas. Marisa Zamora, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con Caldera, en la que éste le anunció que Canarias quedará con un cupo de entre 250 y 300 menores, mientras que el resto se distribuirá en las otras comunidades. Canarias pretende llegar a la reunión del día 18 con una propuesta que también contemple un protocolo de actuación, cada vez que se supere el cupo asignado, y que funcione de forma automática, como ocurre con los adultos.

Jesús Caldera trató de acotar desde el principio el campo de debate: "Mis competencias abarcan la inmigración legal, el mercado laboral, las políticas de integración y atención humanitaria y la acogida de inmigrantes en situación de vulnerabilidad". La portavoz del PP, Ana Pastor, se decidió por una intervención de tono muy belicoso, rechazando y criticando todas las actuaciones del Gobierno en materia de inmigración, y terminando por pedir la dimisión inmediata del ministro. A cambio, tuvo que escuchar el reproche expreso de los otros portavoces, que le afearon el tono y la posición política, que calificaron de electoralista.

El resto de los grupos propugnó un pacto de Estado en materia de inmigración. Caldera ofreció consenso y asumió gustoso la propuesta de pacto de Estado, pero ya antes, el PP, por boca de su portavoz, había adelantado la respuesta dirigida al Gobierno: "Si quieren pacto, rectifiquen".