El laberinto de la inmigración

Un conjunto de acontecimientos sitúan la cuestión migratoria como la primera preocupación de la ciudadanía española, tal como lo demuestra la última encuesta del CIS. Lo preocupante y significativo es que, colectivos de jóvenes, trabajadores manuales y parados, empiecen a manifestar actitudes de rechazo incluso de carácter xenófobo. Entre nuestros ciudadanos, han sido excepcionales y contadas las manifestaciones de racismo y xenofobia. Si nos comparamos con el resto de países europeos, nuestras actitudes cívicas han sido de un comportamiento ejemplar con los inmigrantes. Es urgente, necesario y prioritario un debate riguroso y bien construido sobre la inmigración, en proporcionalidad a la importancia que en la actualidad le da el sentir ciudadano.

No emigra el que quiere, sino el que puede. Los más desfavorecidos no pueden ni intentarlo

El trabajo regular y digno es el factor clave de integración y el mejor antídoto al riesgo de exclusión social

La avalancha migratoria era una crónica anunciada y se ha convertido en una realidad imparable. Hemos pasado de ser un país emisor de mano de obra a receptor en un espacio de tiempo muy corto. Teníamos solamente 804.594 extranjeros en 1991 (muchos de ellos, jubilados europeos). Según los últimos datos del padrón municipal de junio de 2005, tenemos 4.229.113, lo que representa el 9,5% de la población (para no asustarnos, en Suecia la población inmigrante es del 12%). En los últimos cinco años hemos crecido a un promedio de medio millón de personas por año, pudiéndose realizar proyecciones que, de no cambiar las tendencias, situarán el volumen de la población extranjera residente en España es más de 7 millones de personas en 2010 (en torno al 16% de la población) pudiendo llegar a superar los diez millones en 2015.

A principios de los 90, después de la caída del Muro de Berlín, escuché una predicción de un experto europeo en temas migratorios que me impresionó: "Los tanques tendrán que mirar al sur para pararles, si no se afronta en serio la fractura entre ricos y pobres". Me viene a la memoria un concepto acuñado por el profesor Manuel Castells, "la desconexión selectiva o globalización limitada". Se conecta aquello a lo que se da valor y se desconecta lo que no interesa. U. Beck definió los acontecimientos de Francia que hicieron saltar todas las alarmas sobre los déficit de integración y los perniciosos efectos de la exclusión social como "la revuelta de los superfluos". Sobran y estorban. La globalización neoliberal no es un proceso homogéneo, sino fragmentario y desigual. Cuando pretendemos afrontar la cuestión migratoria con profundidad y rigor, estamos obligados a dar una alternativa al actual modelo de globalización desregulada y asimétrica y a trabajar por un mundo más democrático y con mayor justicia social.

He utilizado la palabra "laberinto", en contraposición a la noria que da vueltas de modo permanente sobre los mismos temas, para afirmar que hay una salida. Para avanzar en el laberinto lo primero que hay que hacer es romper tópicos y destruir algunos mensajes inexactos que son el reflejo de políticas de regate corto, de coyuntura.

Vamos a desmantelar algunas. "Es el Primer Mundo el que recibe las migraciones": Inexacto. Las migraciones entre países del Tercer mundo son masivas. Suelen producirse como consecuencia de guerras internas (Sudán). Los desplazados de esta forma son millones, y los países de acogida, ya de por sí incapaces de atender a sus nacionales, se desbordan. "Los inmigrantes vienen sobre todo en pateras/cayucos": No. Entran sobre todo por Barajas y por los Pirineos. El porcentaje que entra por mar es muy bajo. "Vienen de forma irregular": No. Mayoritariamente entran de manera totalmente regular, como turistas. "Emigran quienes están peor": No. No emigra el que quiere, sino el que puede. Los más desfavorecidos no pueden ni intentarlo, porque no se pueden pagar el viaje.

"Las expulsiones o las repatriaciones son las medidas para evitar que se queden": No, no son medidas demasiado efectivas, y por varios motivos. Para empezar, muchas veces las expulsiones o las repatriaciones son directamente imposibles porque, o bien se desconoce el país de procedencia de la persona o bien se niega a acogerle, exista convenio de repatriación o no. A estos países les interesa que sus nacionales estén fuera, porque suponen menos personas a las que atender y, además, generan ingresos (en muchas ocasiones son la segunda fuente de ingresos del país). Las ayudas económicas que les ofrece la UE por controlar sus fronteras son irrisorias en comparación con el dinero que consiguen por no controlarlas.

Por otra parte, las expulsiones son costosas y muchas veces España no ha tenido dinero para realizarlas (hace unos años, el SUP reconocía que no se llegaba a ejecutar ni el 40% de las órdenes de expulsión). Además, los expulsados muchas veces vuelven a intentarlo de nuevo. Otra cuestión que añadir sería la falta de garantías de salvaguarda de sus derechos una vez alejados de España. El caso paradigmático es Marruecos que, después de aceptar subsaharianos a cambio de dinero, los deja abandonados en una zona minada del Sáhara.

"La ley es blanda y supone un efecto llamada": Si los propios españoles desconocen la Ley de Extranjería, es mucho suponer que en Tombuctú, por ejemplo, sí la conocen. Sólo hay un efecto llamada, que es el hambre y la necesidad de seguir vivo. Con lo que los europeos nos gastamos anualmente en helados se erradicaría el hambre e el mundo. Una guerra contra el hambre corregiría los efectos de las migraciones incontroladas.

"La solución está en la cooperación al desarrollo": Tal y como está gestionada, la cooperación al desarrollo es una gota de agua en el mar. No va a cambiar sustancialmente nada. Y esto es así porque, en el fondo, no interesa que nadie cambie demasiado. La situación del Tercer Mundo permite al primero y a sus empresas una economía que se basa en unas reglas de juego injustas y la obtención de materias primas baratas. El fracaso de la Ronda de Doha lo ha puesto de manifiesto.

La segunda línea de trabajo es positivizar algunas políticas realizadas. Me refiero a los efectos positivos de la declaración del Dialogo Social 2004, que abordó el aspecto laboral de la inmigración, su trascendencia económica y la necesidad de regularizar los empleos. El trabajo regular y digno es el factor clave de integración y el mejor antídoto al riesgo de exclusión social. No obstante, ni se ha resuelto el empleo irregular, tanto de los inmigrantes como autóctonos, en sectores de agricultura, construcción, servicios domestico, hostelería..., ni se ha detenido la inmigración irregular. Los datos de aumento del paro entre los inmigrantes, así como la precariedad, la subcontratación, la siniestralidad y los bajos salarios en sus empleos, junto a la escasa protección, social agudiza los riesgos de exclusión, vulnerabilidad y, lo que es más grave, rechazo.

Hay que evitar que se utilice la inmigración como una variable de ajuste estructural de la competencia de los mercados laborales, como se está haciendo. Es triste comprobar que nuestro mercado de trabajo y nuestra abultada economía sumergida son un mecanismo de atracción. A esto hay que añadir que nuestras escasas redes asistenciales, que empiezan a ser copadas por los inmigrantes en la medida que el acceso a las prestaciones se realiza en función de los niveles de renta, hace que una parte de la ciudadanía les considere como gentes ajenas que aceptan trabajos como sea, no poniendo límites al neo-esclavismo, y tienen preferencia en el acceso a las prestaciones sociales. El rechazo es explosivo y las políticas populistas y demagógicas se convierten en incendiarias.

Conviene recordar una afirmación de Max Frisch: "Pidieron mano de obra y llegaron seres humanos". Cuando la derecha española habla de humanitarismo excesivo y las políticas Sarkozy de corte autoritario-represivo se quieren generalizar en la Unión Europea, hay que reivindicar por encima de análisis economicistas, simple y sencillamente, el respeto a los derechos humanos, políticas serias e integrales, con procesos largos, acordados y compartidos por todos.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social vasco.