Salou propone suspender por 21 meses al cargo que denunció recalificaciones

El Ayuntamiento de Salou (Tarragonès) aprobó ayer, en votación secreta y a puerta cerrada, trasladar al Ministerio de Administraciones Públicas un acuerdo por el que propone suspender por 21 meses al interventor municipal, Juan Manuel Hernández. La sanción, aprobada por el equipo de gobierno (independientes, CiU y el PP), comportaría la destitución de este funcionario, que ha denunciado posibles ilegalidades en la recalificación de terrenos.

El concejal de Hacienda, Pere Granados, explicó ayer que la "indisciplina" del interventor ha sido la causa de la propuesta de suspensión de empleo que debe aceptar el Ministerio de Administraciones Públicas. La apertura, hace seis meses, de un primer expediente sancionador contra Hernández se produjo poco después de una reforma del área económica municipal, a la que se opuso. Antes de esta reforma, Hernández puso en duda la legalidad de varios proyectos, como la concesión a una empresa privada de un geriátrico de 20.000 metros cuadrados de suelo público por un alquiler anual de 9.000 euros durante 75 años. En la empresa adjudicataria figura como socia la esposa del secretario municipal. Además, el interventor se opuso también a la contratación del servicio de transportes y de la grúa, al advertir indicios de que no se ajustaba a la legalidad.

"Ha sido un proceso para echar a alguien que molestaba a los negocios del equipo de gobierno", aseguraban fuentes de la oposición municipal.

El núcleo fuerte del equipo de gobierno (los concejales de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau; Hacienda, Pere Granados, y Gobernación, Jesús Barragán) defendió ayer que la adjudicación del geriátrico se hizo por concurso público, al que sólo optó la empresa adjudicataria. Antes, el Ayuntamiento había tanteado a otras empresas del sector, aunque, aseguraron los ediles, ninguna quiso participar puesto que preferían construir las instalaciones en suelo propio y no cedido. La volumetría del futuro geriátrico ha pasado de 9.500 a 20.000 metros. Según Barragán, "la normativa municipal prevé que en áreas de suelo público el techo máximo sea de libre disposición según las necesidades del proyecto". Y el proyecto, que inicialmente era un edificio, cambió. La empresa adjudicataria quiso construir viviendas tuteladas, a lo que el Ayuntamiento accedió aumentando la edificabilidad de la zona a gusto de la empresa, aseguró Barragán.

Diligencias de la fiscalía

La Fiscalía de Tarragona abrió ayer diligencias de oficio para esclarecer la concesión del geriátrico y aclarar una operación inmobiliaria mediante la cual Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo desde 1999 e hijo del actual acalde, Esteve Ferran Ribera,, compró una finca en agosto de 2000 por 30.000 euros y la vendió en 2004 por 506.000.

Ferran Gombau defendió ayer la legalidad de la operación de compraventa que le permitió embolsarse 476.000 euros, aunque reconoció haberse "equivocado", ya que "pensaba que éticamente no era reprobable". "Ahora veo que sí [es reprobable]", dijo el concejal, quien aseguró que en el momento de la compra tenía la misma información sobre el planeamiento urbanístico de Salou que cualquier ciudadano. "Lo volvería a hacer, pero antes dejaría el cargo", dijo el edil, responsable de la modificación del Plan de Ordenación Urbana Municipal, aprobada en 2003.

Fuentes del sector inmobiliario aseguran que la plusvalía obtenida por el concejal está por encima de lo que ha crecido el mercado en Salou.

Ferran Gombau sustituyó en el puesto de concejal de Urbanismo a su padre, quien, además de la alcaldía, desempeñó este cargo entre 1997 y 1999.

El concejal, cuya dimisión ha pedido ERC, aseguró sentirse víctima de una campaña con fines electorales y anunció que el Ayuntamiento iniciará acciones legales contra las "manifestaciones falsas" aparecidas en la prensa.

Ayer, ICV, como ya había hecho antes ERC, pidió que la Fiscalía de Tarragona actúe en este caso.

El PSC, por su parte, exigió de nuevo la creación de una comisión de investigación para esclarecer no sólo estos hechos, sino también "la gestión municipal de los últimos años". Los socialistas creen que estos dos casos son sólo la punta del iceberg de un entramado mayor de irregularidades.

El Ayuntamiento aseguró ayer que se pone "a disposición de la fiscalía" para aportar la documentación que precise y anunció que llevará a cabo una auditoria de los últimos cinco años en Hacienda.

Tanto el Tribunal de Cuentas, como la Sindicatura de Comptes y el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Tarragona tienen sobre la mesa diferentes denuncias del interventor sobre su expediente sancionador.

El denunciante entiende que su cese no se ha llevado a cabo de acuerdo con la legalidad y pide quedar exento de "responsabilidades contables" en el caso de que el tribunal las encuentre.