Más coordinación entre jueces, fiscales y policías

Según datos de la fiscalía de delitos laborales de Madrid, que coordina el teniente fiscal Pedro Martínez, el año pasado se produjeron en la Comunidad de Madrid un total de 840 accidentes laborales graves y 113 mortales. Sin embargo, en ese periodo de tiempo sólo han sido instruidos 48 procedimientos por muerte: los restantes no han llegado a los juzgados.

Para paliar esa flagrante contradicción y asegurar que siempre que se produzca un siniestro laboral se inicie el correspondiente procedimiento, el pasado 6 de septiembre se firmó un convenio entre el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardon, el fiscal jefe, Manuel Moix, y el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. Ese convenio, pionero en España, confiere a la Policía Municipal madrileña, por primera vez, el carácter de policía judicial. Eso quiere decir que, a requerimiento de la fiscalía, los agentes deberán elaborar atestados siempre que se produzca un siniestro laboral.

El objetivo, señala Martínez, es garantizar que llegan al juzgado todos los casos de accidentes en el ámbito del trabajo, con independencia de su gravedad, al igual que ocurre con los accidentes de trafico. Porque, hasta ahora, si el obrero no muere en el acto sino, por ejemplo, en la ambulancia o en el hospital, la mayoría de las veces no se elabora atestado policial y los jueces no reciben noticias del suceso (a menos que la familia lo denuncie).

Este convenio contiene dos protocolos de actuación: uno para el caso de accidentes mortales o graves y otro para las situaciones de riesgo. En función del primero, cuando la Policía Municipal tenga conocimiento, a través de los servicios de emergencia o por cualquier otro medio, del acaecimiento de un siniestro laboral, lo pondrá en conocimiento del fiscal del juzgado de guardia. Éste, a su vez, requerirá a la Policía Municipal para que practique, con carácter de urgencia, las diligencias necesarias. La policía avisará a los inspectores de Trabajo.

La Comunidad de Madrid se retiró de la firma del convenio en el último momento, y el protocolo de actuación de su servicio de emergencias, el 112, es distinto: cuando se produce un siniestro laboral la llamada del 112 se remite al Cuerpo Nacional de Policía y no a la Policía Municipal, lo que está obstaculizando el operativo, según fuentes policiales y judiciales. "Paradójicamente", señalan, "la Comunidad está gastando cuantiosas cantidades de dinero en poner policías municipales, como los del proyecto Bescam, y luego no intervienen porque no se les deriva la llamada de emergencia".