El Gobierno abre a los alcaldes el plan contra riadas del Júcar

Antoni Bernabé, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y Juan-José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), instaron a más de medio centenar de alcaldes y concejales de Ayuntamientos, representantes de mancomunidades comarcales y asociaciones de la Ribera a exigir de la Administración del Estado "que cumplan los plazos e inversiones previstas en el plan global frente a las inundaciones del Júcar" que fue presentado al mediodía de ayer en el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera.

El amplio abanico de actuaciones anunciadas desde el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) tendrá un coste de 337,8 millones de euros. Los técnicos de la CHJ situaron en 2013 el año de finalización de las ejecuciones que, según Moragues, "también contemplan la recuperación del río a su estado más natural posible". El presidente de la confederación recordó que en 2004 se encontró "en un armario este imprescindible plan que estaba paralizado desde el 2000" en clara alusión al anterior gobierno del estado, en manos del Partido Popular (PP). Ayer se cumplían 24 años de la riada del 20 de octubre de 1982, inundación que junto a la conocida por el nombre de Sant Carles (fue el día de san Carlos, el 4 de noviembre de 1864) han servido de referencia para los técnicos para el diseño del plan global que afecta a 300.000 habitantes.

El plan prevé recuperar el río para devolverlo a su estado más natural posible

Con la petición de Bernabé y Moragues a los representantes electos y demás personas presentes en el acto a "controlar" el programa de ejecuciones e inversiones, cumplieron con el trámite de una de las exigencias de la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea, protocolo que exige a los gobiernos la participación de todos los agentes sociales en las decisiones en esta materia. Ninguno de los dos citó la DMA en el momento de realizar públicamente la invitación que no cayó en saco roto: una vez finalizado el acto se reunieron de manera informal con la finalidad de comenzar a crear una comisión de control.

Elena Bastidas y Lola Botella, alcaldesas de Alzira y Carcaixent, respectivamente, dos de las localidades más castigadas por las históricas avenidas del Júcar, fueron las grandes ausentes en la reunión de ayer. También pasaron de largo sus compañeros del PP y alcaldes de Favara, Llaurí y Corbera, entre otros. Ernesto Sanjuán, alcalde electo por el mismo partido no se perdió la cita. Todas las primeras autoridades habían sido invitados "por partida doble", según manifestó Salvador Gil, alcalde socialista de Sueca y presidente del Consorcio Medioambiental de la Ribera. "Se les citó desde la Confederación y desde el consorcio", dijo. El delegado del Gobierno declinó valorar estas notables faltas. "Supongo que se trata de una cuestión que cada alcalde sabrá explicar a sus ciudadanos", significó.

José López, ingeniero de la dirección técnica de la CHJ, explicó que en caso de riada y tras las nuevas actuaciones ahora previstas se rebajará en unos 600 metros cúbicos por segundo la probabilidad extrema de 2.200, un tercio de lo que es capaz de encauzar el Júcar a su paso por la comarca. Las ejecuciones están planificadas en tres frentes: estructuras de laminación (construcción de pequeñas presas en los afluentes); acondicionamiento de cauces; y restauración hidrológica forestal.