El 90% de las personas dependientes es atendida por sus propios familiares
Un informe del Gobierno destaca el escaso reconocimiento de la labor de los cuidadores
Casi una de cada diez familias vascas -65.000 en total- tiene un miembro dependiente, por discapacidad o edad avanzada, que es atendido en más de un 90% de los casos por los propios familiares. Un estudio del Gobierno ha definido el perfil de los cuidadores, que corresponde a una mujer con una edad media de 48 años y con algún tipo de titulación académica. La encuesta contradice la percepción social de que los dependientes son atendidos cada vez más por inmigrantes, y reduce su presencia al 2,3% de los cuidadores. El Ejecutivo reclama más reconocimiento a la labor de éstos.
El Departamento de Asuntos Sociales presentó ayer el estudio Cuidado informal en Euskadi, basado en 1.026 encuestas realizadas entre junio y septiembre pasados, en el que analiza la situación y las necesidades de las personas que atienden al colectivo de dependientes en la comunidad autónoma vasca. El consejero Javier Madrazo estimó, basándose en datos oficiales de 2004, que cerca del 9% de las familias vascas tiene algún integrante que no puede valerse por sí mismo, fundamentalmente, por tratarse de personas mayores o adultos con algún tipo de discapacidad.
El informe sobre los cuidadores establece el perfil de una mujer en el 73% de los casos, que es familiar cercano (hija o cónyuge) y con una edad media de 48 años, generalmente entre los 40 y los 59. La incorporación de los hombres a esta labor se produce en la mayoría de los casos a partir de los 60 años, según el estudio. Sólo un 3% carece de estudios y hasta un 10% tiene una formación universitaria. La ocupación de los cuidadores es muy heterogénea, pero la mayor implicación se observa en las amas de casa.
El peso recae en la familia. El 92,7% de los cuidadores son del núcleo familiar (más de la mitad, las hijas), un 5,3% son empleados (de ellos, un 2,3% inmigrantes), un 1% voluntarios y otro 1%, vecinos.
Los encargados de la atención tienen en el 90% de los casos a una sola persona a su cargo y la mayoría de ellos (más del 60%) ha elegido esa labor por iniciativa propia. En el 21,2% de los casos la decisión fue de la familia. En seis de cada diez casos la ayuda dispensada es la única o la principal recibida por el dependiente. Sus tareas se centran principalmente en labores domésticas y otras actividades, como salir a la calle o ir de compras.
La duración media de la atención es de seis años y tiene una gran intensidad, ya que casi el 72% de los cuidadores presta su ayuda a diario y el 36,8% de ellos lo realiza durante más de ocho horas diarias. "Esta intensidad es mayor en el caso de la persona cuidadora única y aumenta con la edad de la persona cuidada y la creciente dificultad de ésta para realizar las actividades más básicas de su vida cotidiana", explicó el consejero Javier Madrazo.
Salud deteriorada
El estudio se ha detenido en las percepciones de los cuidadores, quienes ven escasamente recompensada su labor. Ocho de cada diez aseguran que este trabajo tiene consecuencias negativas tanto en el ámbito profesional como en su ocio y salud. Así, el 20% no puede trabajar fuera de su domicilio, un 50% ha tenido que reducir su tiempo libre, un 34% asegura que se ha descuidado a sí mismo y un 26% sostiene que su salud se ha deteriorado.
En cuanto al colectivo de dependientes, la mayoría son mujeres, con un 62%. Dos de cada diez personas mayores, principalmente entre 70 y 90 años, viven en soledad. El estudio señala que los hombres conviven en pareja, mientras que las mujeres tienen más fórmulas, como hacerlo con sus hijos, en soledad o en residencias. "Los hombres demandan más ayudas para realizar las tareas domésticas, mientras las mujeres precisan apoyo para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana y los cuidados personales".
El informe confirma el escaso conocimiento público de esta labor, "circunscrito a la privacidad de cada hogar", y la creciente demanda de una ayuda institucional con servicios y centros específicos, así como un salario mensual. Ocho de cada diez cuidadores admiten que no han recibido preparación específica para este trabajo, cuando el 60% cree necesaria esa formación, con independencia de la problemática de la persona dependiente.
Madrazo aprovechó este informe para volver a ctriticar la Ley de Dependencia elaborada por el Gobierno central, que, a su juicio, "no da respuestas concretas y efectivas a las necesidades específicas de las personas cuidadoras". Agregó que la futura ley vasca de Servicios Sociales, cuyo anteproyecto anunció que estará para finales de año, si definirá el derecho a recibir una atención, para que "no dependa del poder adquisitivo de cada cual".
Implicación pública
Para remediar algunos de los problemas de los cuidadores, el consejero de Asuntos Sociales presentó nueve medidas, como los llamados servicios de respiro mediante estancias temporales en residencias o la ayuda de voluntarios de apoyo. Además, propuso ayudas económicas para los que tienen empleo, y de conciliación de la vida laboral y familiar para quienes tienen trabajo: formación específica, la corresponsabilidad de todos los miembros de la familia, fomentar la intervención de las entidades de voluntariado o el reconocimiento público de esta labor. María Teresa Bazo, catedrática de la Universidad del País Vasco (UPV) y especialista en asuntos de la Tercera Edad, reclama una implicación de la Administración en una problemática cada vez más grave debido al envejecimiento progresivo de la población. "No puede ser que todo recaiga sobre la familia. El Estado se debe involucrar más. Esto es algo que compete a toda la sociedad", opina.
Bazo defiende la aplicación de medidas concretas y con partidas económicas para un colectivo cuyos principales problemas son su irregular situación laboral y sus problemas de salud. "Muchos de [los cuidadores] acaban enfermos, como consecuencia de problemas físicos o psíquicos". La catedrática de la UPV señala que la negativa percepción de su labor apareció en la conclusión de un estudio que elaboró hace ya 11 años en Euskadi, Cataluña y Madrid.
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