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Reportaje:

Confesores y confidentes

La Iglesia católica polaca afronta a regañadientes el trauma de miles de religiosos colaboradores del comunismo

Decir Polonia es decir catolicismo. Los templos -como en España los bares, en ocasiones uno al lado de otro- están concurridos como en ninguna parte de Europa. Llenos a la hora de la misa con fieles de todas las edades. Larguísimas filas a la hora de la comunión. La Iglesia ha sido históricamente el último refugio del carácter nacional polaco, ancla que ha mantenido al país (lengua, cultura, tradiciones) fijo en una tormentosa historia que vio a Polonia borrada de los mapas durante 123 años o a ser ocupada por el ateo comunismo durante medio siglo. Esa imagen heroica se ve amenazada ahora con la revelación de que sacerdotes a quienes los polacos todo confesaban eran también confidentes de la policía política comunista. Puede que hasta 9.000 de ellos.

El régimen comunista tenía un departamento que vigilaba y trataba de captar religiosos

El padre Tadeusz Isakowicz-Zaleski ha abierto la caja de Pandora al dar noticia de las dimensiones del fenómeno, anunciar que en el pecado de la traición cayeron algunos de los actuales obispos y pretender contarlo en un libro. Ha sido amordazado por su superior, el cardenal de Cracovia, Stanislaw Dziwisz, mano derecha de Juan Pablo II. "No puedo hablar. El cardenal me lo ha prohibido", responde en conversación telefónica.

La Iglesia católica fue el gran bastión de la lucha nacional polaca contra el régimen comunista, en cuyo Ministerio del Interior había un departamento exclusivamente dedicado a vigilar a los religiosos... y a captar colaboradores. Isakowicz-Zaleski fue víctima del régimen y tras la apertura de los archivos policiales que custodia el Instituto Nacional de la Memoria (IPN) recibió autorización del cardenal Dziwisz para investigar "exclusivamente la represión de que él fue objeto".

Lo que el sacerdote vio le dejó de piedra. Otros religiosos figuraban como informadores de la policía secreta. Y como han pasado 17 años desde la caída del comunismo en Polonia, algunos tienen edad suficiente para haber llegado a obispos. Al menos tres obispos, según él, colaboraron con el comunismo. Las iniciales pesquisas sobre sí mismo le parecieron apenas la punta del iceberg, y le incitaron a investigar el fenómeno a escala nacional.

"El 90% de los sacerdotes resistió las presiones de la policía política comunista y no se convirtieron en espías. Sólo el 10% lo hizo. Hay que subrayar que sólo uno de cada 10 sacerdotes cedió", declaró Isakowicz-Zaleski a la radio polaca. Es decir, 9.000 espías, entre sacerdotes seculares y religiosos de diversas órdenes.

"No deberíamos tener miedo de los archivos, sino estudiarlos porque el Evangelio dice que la verdad nos hará libres. Y eso se aplica también a la Iglesia", insistía el sacerdote, cuya ambición investigadora y un cierto gusto por la publicidad -tiene dicho que "la verdad debe salir a la luz", por lo que ha preparado un libro cuya suerte es ahora muy incierta- le ha perdido.

Al salirse de los límites de la archidiócesis de Cracovia, Isakowicz-Zaleski se ha echado a toda la jerarquía encima. "Distorsiona la imagen del sacerdote al convertirse en un inquisidor y en un despiadado e implacable acusador", le amonesta su archidiócesis. El cardenal Dziwisz se ha alzado públicamente contra "salvajes y descontroladas investigaciones que pueden dañar de forma irreparable la reputación de inocentes", palabras secundadas por otros obispos. Jozef Glemp, el cardenal primado, llegó a calificar al sacerdote de "superpolicía comunista". Luego le pidió perdón por el exabrupto.

La Iglesia se ha apresurado a intentar contener el fenómeno y ha creado una Comisión Histórica, integrada por cuatro personalidades, para "analizar objetivamente el problema de modo que se respete el derecho al honor y la dignidad de las personas", según el arzobispo Jozef Michalik, presidente de la Conferencia Episcopal polaca. A su juicio, los colaboracionistas son "casos aislados". En la propia archidiócesis de Cracovia un portavoz reconoce que diversos sacerdotes "han presentado declaraciones de culpabilidad" a sus obispos.

Comisiones semejantes se han creado en diversas partes del país, como Varsovia o Gdansk, donde otro sacerdote, Henryk Jankowski, hizo pública recientemente en conferencia de prensa televisada una lista de 39 confidentes policiales. Conocido en su día como el cura de Solidaridad, Jankowski fue confesor del presidente, Lech Walesa, y hace una década alcanzó notoriedad por manifestaciones antisemitas. "Me sorprendió mucho lo que vi en los archivos. Me sorprendió el número de agentes en la Iglesia", declaró. "Ver esos nombres ha sido una tragedia para mí".

Su arzobispo, Tadeusz Goclowski, también le amonestó y reprochó en duros términos que revelara nombres sin especificar circunstancias: "No dijo por qué decidió disparar sobre estas personas". El prelado de Gdansk convocó a los 39 de la lista de Jankowski y manifestó que todos firmaron un documento en que aseguraban que nunca habían trabajado para la policía, ni informado ni denunciado a nadie.

Lo que también puede ser verdad. Otro caso que ha trascendido es el de un sacerdote de Lublin, en el este del país, que figuraba en los archivos como colaborador, ya desde los años setenta, y con dos seudónimos. "Yo sabía que esa gente no era amiga, pero hablaba con ellos porque el Evangelio nos dice que tenemos que hablar con todo el mundo, también con los enemigos", explica el sacerdote, que se confiesa desconocedor de su otra presunta vida de soplón policial. De hecho, uno de los agentes que intentó reclutarle dejó escrito: "Se negó abiertamente a colaborar con nosotros".

Un 'certificado de limpieza' para buscar empleo

Las investigaciones que hace la Iglesia sobre su propio pasado son la vertiente religiosa de la purga a la que quieren someter los Kaczynski a la sociedad civil polaca. El presidente, Lech, acaba de suscribir esta semana la ley llamada de Lustración, nacida para purificar Polonia de su colaboración con los servicios secretos comunistas. Es una versión de la ya vigente (que obliga a algunos empleados públicos a confesar su pasado, con sanciones si se miente), pero tan amplia que de los actuales 27.000 casos potenciales se puede llegar a 400.000.

La actual confesión a iniciativa propia será sustituida, a la hora de buscar determinados empleos, por la presentación de un certificado emitido por el Instituto Nacional de la Memoria (IPN), con el contenido de los archivos de la policía secreta sobre la persona en cuestión. Discrepancias sobre posibles revelaciones falsas de colaboracionismo deberán ser sustanciadas ante los tribunales. La ley prevé que los jueces decidan si los informes en cuestión son "mentira", "no aplicables" o "falsos".

En el acto de la firma, el presidente anunció que en breves semanas elevará al Parlamento enmiendas sobre aspectos no revelados de la ley para que los diputados las consideren antes de la entrada en vigor de la Lustración, dentro de tres meses.

Según la ley, toda persona nacida antes del 1 de agosto de 1972 (los mayores de edad con el comunismo) que aspire a una función pública o equiparable deberá solicitar al IPN el certificado a presentar a la entidad para la que vaya a trabajar. Todo el mundo, desde modestos funcionarios locales al presidente de la República debe pasar por el aro: diplomáticos, cargos electos, directivos de empresas públicas o participadas, rectores, científicos, directores de colegios, fiscales, abogados, editores de grupos de prensa, periodistas... A uno de ellos le sorprende la fe de los furibundos anticomunistas Kaczynski en los archivos policiales del viejo régimen, mientras en medios jurídicos se duda de la constitucionalidad de una ley que obliga el acusado a probar su inocencia ante el juez.

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