Beneficios sin caja
La muy positiva evolución de los resultados contables de las empresas eléctricas en lo que va año se sustentan en la confianza de que recuperarán en los próximos años el déficit de tarifa de este ejercicio. En otras palabras, los generadores no cobran todo lo que facturan. El Ministerio de Industria parece dispuesto a modificar sustancialmente los procedimientos de revisión de las tarifas eléctricas. La intención es oportuna. Las tarifas reguladas de bienes básicos como el agua o la electricidad han desembocado en una gran divergencia de coste según el tipo de consumidor. En el caso eléctrico, las tarifas industriales, con los descuentos por interrumpibilidad, se sitúan por debajo de los costes de suministro. Buena prueba ha sido la desaparición de los comercializadores independientes, ante la imposibilidad de competir con las tarifas del BOE.
Hay elementos externos que propician aprontar el ajuste de las tarifas eléctricas para consumidores industriales
En la actualidad hay elementos externos que propician aprontar el ajuste de las tarifas eléctricas para consumidores industriales. El tirón del crecimiento de la economía española se ha notado muy positivamente en los beneficios de las empresas, que pueden encajar con mayor holgura un aumento de su factura eléctrica. La competitividad de las empresas españolas no puede fundamentarse en subvenciones cruzadas entre consumidores presentes y futuros. Además, la caída drástica del precio de los derechos de emisión de CO2 ha quitado algo de presión al coste de la electricidad.
El posible mecanismo de subastas entre distribuidores y generadores tiene la severa limitación de que se trata de las mismas empresas. Hay que buscar vías para aumentar el número de participantes, y uno de ellos, por el lado de la demanda, debería ser que los grandes consumidores tengan mayor visibilidad y participación en el mercado. Las soluciones unilaterales, como el límite de precio en el mercado de generación que impuso el Real Decreto 3/2006 para las compras intergrupo, desvirtúan las señales del mercado, deterioran la credibilidad de la regulación y, lo peor, no solucionan los problemas.
Arturo Rojas es profesor de la Escuela de Finanzas Aplicadas.
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