El chantaje de las deslocalizaciones

La decisión de la multinacional Reckitt Benckiser de trasladar su producción en Vizcaya a otros países europeos, dejando en la calle a sus 194 operarios de la planta de Güeñes, aflora el debate sobre deslocalizaciones de empresas rentables y cuestiona la pasividad de unas administraciones que no escatimaron recursos públicos para su instalación y se resignan ahora sin hacer nada.

Más de 350 filiales de multinacionales operan en la industria vasca. Un un centenar de ellas dan empleo a 32.000 trabajadores de forma directa, y a muchos más indirectamente. En los últimos años ha crecido el número de empresas que han decidido cerrar y marcharse, y también de las que amenazan con irse si no se empeoran las condiciones laborales de sus plantillas. La deslocalización, entendida como el cese, total o parcial, de una actividad y su reapertura en el extranjero mediante una inversión directa, no es un fenómeno nuevo, pero nunca ha sido tan fácil como ahora.

Los salarios representan apenas un 10 o 15% del coste total del producto y la productividad depende de otros factores

Más de 350 filiales de multinacionales operan en la industria vasca y un centenar de ellas emplean a 32.000 trabajadores

Las empresas van y vienen desplazando producción en función de la lógica del máximo beneficio que guía su actuación. Tradicionalmente, ha sido la industria manufacturera la que se deslocalizaba buscando mano de obra barata y poco cualificada en la industria textil, calzado o juguetes. Pero los avances técnicos, la supresión de trabas a la libre circulación de capitales y mercancías, y la política de privatizaciones en servicios públicos (financieros, seguros, transporte..) han potenciado un fenómeno que alcanza ya a la industria en general, especialmente al sector del automóvil, metalurgia, electrónica, electrodomésticos o química, y a los servicios, como los informáticos y telefónicos, los financieros o los profesionales. La nueva alteración del espacio económico europeo al incorporarse diez nuevos países que aportan un mercado de cien millones de personas y mano de obra barata y cualificada está también detrás de la deslocalización de plantas la Republica Checa, Polonia o Hungría.

Al impacto laboral y social de las deslocalizaciones, por tratarse de empresas que obtienen beneficios y se han aprovechado de recursos públicos, hay que sumar las reestructuraciones de empresas que en muchos casos son lucrativas pero subcontratan servicios para abaratar costes precarizando el empleo, caso de Telefónica, Renfe o Iberdrola. Se trata de una situación instrumentalizada para imponer drásticos recortes de salarios, aumentos de jornada o pérdida de derechos sociales con el chantaje de la deslocalización, presionando a la baja las condiciones de trabajo. Esto se refleja en las dificultades de la negociación colectiva, a pesar de que los trabajadores españoles del sector privado ganan un 33% menos que los de la UE-15, trabajan 11 horas más al mes y tienen dos días menos de vacaciones anuales.(Eurostat)

La competencia brutal por los mercados y la carrera para conseguir el máximo beneficio del capital trabaja sistemáticamente para reducir los costes laborales y sociales en todo el mundo dibujando un horizonte globalizador de la pobreza, pero la identificación de deslocalización y bajos salarios es falsa e interesada. Los salarios apenas representan un 10 o 15% del coste total del producto y la productividad depende de otros factores como la eficacia organizativa, la cualificación de la mano de obra o las inversiones. Hay, además, otros factores a considerar en una deslocalización como los impuestos, el idioma, ayudas a la inversión, estabilidad de la moneda, distancias geográficas o infraestructuras del país de destino. Y sin embargo, a corto plazo, la amenaza de deslocalización cumple una función útil al capital, que quiere aún más flexibilidad laboral y peores condiciones de trabajo. Transigir o colaborar con este modelo de precariedad laboral y degradación salarial sólo puede conducir a agravar la situación, deprimir la demanda interna y reducir los ingresos públicos. Además, es un callejón sin salida porque nunca será suficiente para compensar el diferencial existente con países como China, India o El Magreb.

Como trabajadores debemos actuar localmente pero debemos pensar y organizarnos globalmente. La única razón por la que ciertas empresas multinacionales se permiten deslocalizar y actuar una vez relocalizadas es porque pueden enfrentar entre si a los operarios de diversos países o regiones. Es pues importante comprender que tenemos intereses solidarios en todo el mundo y que en lugar de competir entre nosotros, o aceptar que nuestras condiciones de vida dependan de los propietarios del capital, debemos unir esfuerzos reivindicando marcos de negociación colectiva y de lucha sindical lo más amplios posibles, en primer lugar a nivel europeo. Europa es hoy un mercado global en el que los poderes económicos imponen sus normas y tienen todo tipo de facilidades para deslocalizar, externalizar, subcontratar o despedir. Mientras la influyente ERT (Mesa Redonda Europea de Industriales), que agrupa a medio centenar de las más importantes multinacionales europeas, y los demás grupos de presión (lobbies), mantienen una relación institucionalizada con la Comisión y Parlamento europeos, la Confederación Europea Sindical (CES), a la que pertenecen UGT, CC OO y ELA no ha pasado de ser una coordinadora sin capacidad de respuesta ante la política de privatizaciones y de recorte de derechos y prestaciones que están afectando, en un país tras otro, a los servicios públicos, la protección por desempleo, pensiones, despido o contratación.

Es una situación que está fomentando la competencia salvaje en la UE sin lógicas de cooperación y complementariedad y sin que se tomen medidas para reducir el diferencial en materia fiscal, social o laboral. Al contrario, el Gobierno de derechas francés plantea crear polos de competitividad territorial para concentrar empresas que se beneficiarán de un régimen de franquicia fiscal, exoneración de impuesto de sociedades o reducción de cotizaciones sociales, detrayendo recursos del sistema de protección social. Políticas similares se plantean en otros estados como el nuestro, en el que las distintas autonomías, sea cual sea el partido que las gobierne, compiten entre si en las ayudas para atraer inversiones. Se trata de las mismas medidas proteccionistas que defiende el Gobierno vasco apoyando a las empresas locales y potenciando su internacionalización para que se comporten como multinacionales.

Cuando Fagor ha considerado que algunos productos de gama baja era poco competitivo fabricarlos en Mondragón, se los han llevado a Wrozamet, en Polonia. Nada que decir de la hipocresía de los dirigentes nacionalistas que se quejan de que hayan crecido las empresas cuyos centros de decisión están fuera del País Vasco cuando han multiplicado las ayudas de todo tipo -innovación, empleo, formación o calidad - a empresas multinacionales. En concreto, Reckitt Benckiser recibió casi cinco millones de euros en ayudas públicas y, justo un mes antes de anunciar su cierre, otros cinco millones, al recalificar terrenos de la empresa el Ayuntamiento de Gueñes, con alcalde peneuvista.

Desde el mundo sindical hay que superar la división actual y defender los puestos de trabajo, rechazando las amenazas de deslocalización y los expedientes de despido, reclamando la devolución de las ayudas públicas, estableciendo el derecho de los comités de empresa a conocer las cuentas reales de las compañías, impidiendo la especulación con los terrenos y otras medidas concretas. Pero siempre como parte de una acción global para invertir la actual situación, luchando para establecer un derecho internacional del trabajo y un tribunal laboral internacional, el reconocimiento del derecho de huelga y de negociación colectiva a nivel europeo y la acción sindical internacional en las empresas transnacionales, o apoyando los movimientos sociales y sindicales de los países de destino de las multinacionales. Porque hoy, más que nunca, los problemas de los trabajadores no tienen fronteras.

José Arturo Val del Olmo es abogado y sindicalista.