Los ciudadanos podrán recurrir a los tribunales si no se les prestan servicios sociales

El Gobierno vasco ha comenzado a abordar su propia reforma del cuarto pilar del Estado del bienestar con la puesta en marcha de una ley de Servicios Sociales que pretende tener en vigor en 2008. La normativa, cuyas líneas generales avanzó ayer, incluirá un catálogo de prestaciones que se convertirán en "derechos subjetivos", es decir, que la Administración se compromete a ofrecer, con lo que los ciudadanos tendrán la posibilidad de reclamarlos en los tribunales. La normativa quiere acabar además con la actual dispersión y diferencias de servicios entre las tres diputaciones. Sanidad, mientras, concretó ayer las condiciones para ampliar la actual batería de las prestaciones sanitarias.

El Ejecutivo aún no ha cuantificado el coste que tendrá la nueva normativa y elude polemizar sobre el copago

Asuntos Sociales, que pretende aprobar la ley en 2008, buscará el consenso con las tres diputaciones y los ayuntamientos

La nueva ley que está elaborando el Gobierno convertirá en obligatorias las prestaciones a todas las personas

La nueva ley de Servicios Sociales que está preparando el Gobierno, y cuyo anteproyecto presentó ayer en Bilbao el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, obligará a la Administración a ofrecer todos los servicios y prestaciones que se definan en la normativa y dará a los ciudadanos la posibilidad de recurrir a los tribunales por su no prestación. El modelo que se aplicará será como el actual en las prestaciones sanitarias y educativas y permitirá esa reclamación judicial con garantías de éxito. "Y no como ahora, que se puede presentar una reclamación, pero de forma inútil porque no hay una ley que obligue a la Administración a prestar los servicios", explicó el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra.

Madrazo, quien precisó la voluntad de su departamento de que la ley entre en vigor en 2008, destacó la introducción de este aspecto, que la normativa denomina "derechos subjetivos". "No existe en ninguna comunidad autónoma", recalcó.

La ley, en fase de anteproyecto, lleva debatiéndose un año con las tres diputaciones y los ayuntamientos y su definición hace prever controversias, dados los modelos de prestación y financiación diferentes de los servicios sociales con que cuentan las tres instituciones forales. En Vizcaya y Álava existe, por ejemplo, el llamado reconocimiento de deuda (garantizar con el patrimonio el pago de una plaza de residencia), que incluye la primera vivienda como aval, un requisito al que se opone Asuntos Sociales.

Junto a crear un criterio único sobre las prestaciones y servicios que se deben realizar, la manera y los requisitos y su financiación, otra modificación fundamental es que sea un servicio universal y deje de ser un modelo "asistencialista, para pobres", dijo Madrazo. "Queremos que sea sin exclusiones y se utilice cuando cada persona lo necesite", agregó.

Mapa de servicios

El consejero presentó las líneas generales del anteproyecto, que se irá desgranando en las próximas semanas. No concretó el coste económico, que será, en cualquier caso, mayor que el gasto actual. "Todavía no podemos cuantificarlo", dijo antes de señalar que dependerá de los servicios que se incluyan finalmente en la normativa. Euskadi ghastó en protección social en 2005 un total de 10.894 millones de euros, según los últimos datos del Eustat, que incluyen servicios que pueden quedar fuera del ámbito de la futura ley.

El titular de Asuntos Sociales eludió comentar el planteamiento sobre el copago de los servicios, una de las mayores discrepancias con las diputaciones.

Respecto a las diferencias de prestaciones y requisitos en cada territorio, afirmó que se solventarán con la elaboración de un plan estratégico y una mapa de servicios que "planifique qué recursos hay que aportar en el ámbito autonómico, territorial o local". En cualquier caso, la implantación de un sistema común incluirá un "periodo de aplicación progresiva", apuntó. Madrazo aseguró que la norma servirá para establecer un sistema común de información, evaluación, inspección y valoración, ahora diferente en cada territorio. "Así garantizaremos la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones", dijo. Admitió el crecimiento en las prestaciones de los últimos años, pero precisó que se ha realizado de forma "desordenada y en función de cada territorio. El acceso a los servicios sociales no debe depender del territorio donde uno vive", sostuvo. La nueva ley incidirá en la descentralización de la prestación de servicios para que se logre "la máxima proximidad a la ciudadanía que la requiera".

Dado que la ejecución y gestión de las prestaciones y servicios sociales recae ahora de forma mayoritaria en las diputaciones (los ayuntamientos también se hacen cargo de algunas actuaciones), el acuerdo con las mismas es clave. Madrazo aseguró que ya se ha enviado a las tres instituciones forales parte del texto del anteproyecto y anunció que ya existe un calendario de reuniones con ellas y con Eudel, la asociación que agrupa a todos los ayuntamientos. A ello se añaden contactos, aseguró, con el ámbito social, el Tercer Sector (el voluntariado) y los sindicatos.

Madrazo reveló que se ha impulsado la participación ciudadana al incluir en el debate a 12 municipios, trabajo que concluirá el próximo lunes en Bilbao. Puntualizó que la futura normativa "va más allá de la Ley de Dependencia" aprobada por el Gobierno central, al tratarse ésta de "una parte más de la amplia red de servicios que se plantearán".

Revisión completa

El consejero justificó la modificación de la actual ley de Servicios Sociales, aprobada en 1996, pero cuya falta de desarrollo ha derivado en que cada territorio actúe por su cuenta, por la nueva situación que obliga a una revisión "de arriba a abajo". Se refirió al incremento de edad de la población, el aumento de la inmigración, las nuevas formas de exclusión social, la multiplicación de casos de violencia conyugal y los nuevos modelos familiares.

La normativa se centrará en las prestaciones y servicios y cuestiones como las ayudas directas, la renta básica o las AES (Ayudas de Emergencia Social) se abordarán parcialmente. La ley sí servirá para que se garantice un presupuesto para estas partidas, que ahora dejan de abonarse cuando se acaba la consignación económica. Estas subvenciones directas se abordarán en la ley contra la Exclusión Social, aprobada en 1998 y en proceso de revisión. El pasado año, 26.094 personas cobraron las AES con un gasto de 35 millones de euros y otras 33.675 percibieron la renta básica, que contó con una partida de 153,7 millones de euros. La norma contra la exclusión garantizará además el cobro de una ayuda económica para que los más necesitados puedan alquilar pisos: se creará una prestación complementaria de vivienda que se unirá a la renta básica y a las ayudas de emergencia.

[El PSE volvió a rechazar ayer el aval de la vivienda habitual para pagar las plazas en las residencias de mayores y responsabilizó a la Diputación de Vizcaya de "ir por libre". La secretaria de Políticas Sociales y Sectoriales socialista, Isabel Celaá, adujo que el piso habitual cumple "en muchas ocasiones una finalidad de cobertura habitacional a otros miembros de la familia" y se mostró favorable al copago "según su renta y patrimonio"].