Los promotores animan a denunciar las mordidas

Las empresas inmobiliarias de la provincia de Pontevedra piden a todos los constructores y promotores que sean sometidos a chantaje por parte de concejales que lo denuncien ante los tribunales. "Nuestro consejo es que, ante cualquier irregularidad, el empresario acuda al fiscal o al juez. Los promotores somos los primeros interesados en que el sector funcione con arreglo a planeamientos urbanísticos transparentes y no dependientes de la voluntad discrecional de un alcalde", declaró Javier Garrido, presidente de Aproin (Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra). Aproin se compromete a prestar todo su apoyo jurídico e institucional a las empresas promotoras que se vean obligadas al pago de comisiones ilegales por la obtención y tramitación de una licencia.

El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, César del Pozo, asegura disponer de un elevado número de denuncias urbanísticas en la provincia, la mayoría de ellas concentradas en el último año y en la comarca de Vigo. En declaraciones publicadas hace unas semanas por este priódico, Del Pozo se refirió a "un aluvión de denuncias urbanísticas de la zona de Vigo". Lo cierto es que la paralización de nuevos planes urbanísticos en la comarca de Vigo es casi total. Por orden directa de la Xunta, han sido suspendidos los planes urbanísticos de Gondomar, Ponteareas y Tui; los de Cangas, Porriño y Nigrán están también suspendidos por desavenecias políticas y fuertes enfrentamientos vecinales en sus propios ayuntamientos. La Xunta también ha devuelto el plan de Vigo con una larga lista de modificaciones a hacer antes de que pueda ser aprobado de nuevo; Baiona y Oia aún están redactando nuevos planes y, como Moaña, se rigen por normativas urbanísticas muy antiguas.

El resultado de esta inestabilidad del planeamiento ha sido un fuerte aumento de la discrecionalidad, que ha desembocado en multitud de sentencias judiciales declarando ilegales obras de edificios, chalés y hasta puertos deportivos. En este momento, en Vigo hay más de 1.500 viviendas declaradas ilegales, y unas 1.000 con orden de derribo (todas ellas vendidas a precio de lujo en las mejores zonas de la ciudad).

Sin embargo, hasta ahora las únicas investigaciones penales que están en marcha contra políticos o especuladores son las que los fiscales de los juzgados de Vigo siguen en los municipios de Nigrán y Gondomar, en ambos casos con la supuesta implicación de políticos, técnicos y empresarios.