Los tribunales y la UE intentan frenar el urbanismo salvaje de los últimos 10 años

Los tribunales han empezado a hablar. Y lo que dicen es que los planes generales de ordenación no están para saltárselos, o que un pueblo de 1.000 habitantes no puede pasar a 10.000 en cuatro años por arte de un PAI. O que sin un informe que acredite que hay agua no se pueden levantar cientos de bungalós. En poco más de cuatro meses, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha paralizado de forma cautelar tres proyectos urbanísticos. Además, un grupo de eurodiputados inician este martes su tercera visita a España para ver si se están corrigiendo las irregularidades.

"17 embajadores pidieron a Zapatero que atajara lo ocurrido en la costa valenciana"

El urbanismo valenciano de la última década está sometido a un doble juicio. El político, que lidera el Parlamento Europeo tras la petición de amparo de miles de afectados, y el judicial. Sólo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tiene cerca de 800 causas judiciales relacionadas con asuntos urbanísticos. De momento, ha emitido tres autos que paralizan de forma cautelar otros tantos PAI en los municipios de Parcent, Porxinos y Ador. Además, la Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislación urbanística valenciana no respeta las directivas de contratación pública.

Bajo el paraguas de los abusos urbanísticos entra un amplio espectro de derechos supuestamente violados y de malas prácticas urbanísticas, según los afectados. En Parcent, por ejemplo, una localidad alicantina de 1.000 habitantes, donde se ha proyectado una urbanización de 1.500 nuevas casas fuera de ordenación, el tribunal suspende el proyecto porque casi un 40% de los afectados por el PAI no fueron informados del mismo. El PAI de Porxinos, situado en la localidad valenciana de Riba-roja y donde el Valencia C. F. tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, se ha parado porque la Generalitat ratificó el proyecto sin el preceptivo informe que garantice agua suficiente para abastecer otras 2.800 casas.

La obligación de pequeños propietarios a ceder parte de su terreno, a pagar millones en cuotas de urbanización calculadas en muchos casos de manera opaca y a no disponer de prácticamente tiempo -porque no eran informados- para evitar el embargo, escandalizó a medio mundo. 17 embajadores tuvieron que solicitar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que atajara lo que está ocurriendo en el litoral, mientras la prensa británica ilustraba lo que sucede en la costa valenciana con viñetas donde una pareja de residentes extranjeros se da de bruces con una pala excavadora cuando pasea tranquilamente por su jardín. "En la práctica es una expropiación por la puerta falsa y sin justiprecio", explica Jaume Sendra, coordinador del equipo de abogados que ha conseguido el auto de Parcent.

En 2003, el entonces magistrado del TSJ valenciano José Díaz Delgado reconocía los problemas de indefensión que generaba la LRAU, aprobada por un gobierno socialista y adoptada desde 1995 sin cambios por los sucesivos gobiernos del PP. Uno de los más llamativos, a juicio del magistrado, es poner de acuerdo los intereses de dos partes -el urbanizador y la Administración- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario y que queda al margen de la negociación.

Para Bernardo Hernández, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del equipo jurídico de Sendra, las denuncias tienen que ver con que se permita a un empresario sacar adelante proyectos urbanísticos de hasta seis millones de euros sin acreditar su solvencia, con la falta de publicidad y transparencia en la licitación de los PAI, con plazos tan breves que imposibilitan que haya otro competidor, y con la falta de un precio cierto.

En 2005, la Comisión Europea expedienta a España por la falta de transparencia en el proceso de contratación pública de la LRAU, lo que abre la puerta a que los afectados reclamen por vía judicial indemnizaciones.

"Los poderes públicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", concluye Sendra, quien advierte de que ya existen dos precedentes -en Italia y Francia- en los que se ha condenado a dos legislativos y que esto mismo podría darse en España. El abogado recuerda además que la legislación comunitaria es considerada derecho interno en los Estados miembro por lo tanto con los dictámentes de la Comisión es posible acudir ya a los tribunales.

Mientras esto se dilucida, otra delegación de eurodiputados inician el 27 de febrero una visita a España de seguimiento de las irregularidades detectadas en las visitas anteriores. En su agenda está previsto que recorran el municipio madrileño de Galapagar, varios puntos de Almería y al menos 15 localidades valencianas, entre ellas Orihuela, Torrevieja, Parcent, Carral, Dénia, Xàbia, Benicàssim u Oropesa.