Los directores de los colegios podrán castigar la indisciplina de forma inmediata

Los directores de los colegios e institutos podrán sancionar de manera inmediata los actos de indisciplina de sus alumnos, sin tener que esperar varios meses como ocurre ahora. Los profesores venían clamando desde hace años por una medida así para atajar la conflictividad en los centros. El nuevo decreto sobre derechos y deberes del alumno se va a centrar en agilizar la aplicación de las sanciones. En la actualidad, desde que un alumno agrede física o verbalmente a un profesor u otro compañero hasta que se le castiga de forma efectiva pueden pasar meses.

En materia educativa existe una máxima: la relación causa-efecto ante un acto de indisciplina resulta fundamental en el aprendizaje. Ello significa que no poder aplicar un castigo de forma inmediata cuando se produce un conflicto que rompe la paz escolar perjudica al propio colegio, al profesor que pierde su autoridad y al resto de los alumnos. En un intento de evitar esa deslegitimación de los docentes ante sus propios estudiantes, el Departamento de Educación lleva seis meses dando forma al nuevo decreto de derechos y deberes del alumno, que sustituirá al que lleva en vigor desde 1994 y que ya ha quedado amortizado por la nueva realidad. La normativa entrará en vigor el próximo curso.

La idea es mejorar la convivencia en las aulas, incluyendo de forma prioritaria acabar con los brotes de violencia de los alumnos hacia el profesorado y entre los propios estudiantes, fundamentalmente los casos de acoso. El aumento de la disciplina, pero sobre todo, reforzar la autoridad del profesor son los principales objetivos del departamento, que ayer reunió en Vitoria a un grupo de directores y responsables de asociaciones de padres de las redes pública y privada para conocer de primera mano sus inquietudes y sugerencias sobre esta cuestión.

El titular de Educación, Tontxu Campos, destacó que su apuesta pasa por educar para la convivencia. Así, el nuevo decreto agilizará la aplicación de sanciones e incluso pondrá a disposición del profesorado y de los directores una batería más amplia de medidas punitivas, pero también reforzará la resocialización. "No soy partidario de recurrir a la represión para solucionar un conflicto porque lo único que se logra es que rebrote en otro lugar, pero no desaparece", dijo Campos. "Nuestros programas siempre harán más hincapié en los valores y comportamientos positivos que en los sistemas coercitivos y represivos".

El consejero parte de la base de que los comportamientos insociables deben ser sancionados y erradicados de las aulas, pero los castigos deben ir acompañados de medidas que posibiliten la recuperación del alumno. "No se trata de aprobar un decreto para quitarse un problema de encima [los alumnos molestos], sino de aprobar una norma que ayude a mejorar la convivencia", resumió.

Esa convivencia se está deteriorando mucho en los últimos años. Un reciente informe del Ararteko puso de relieve la demanda de los docentes de más autoridad y medios para recuperar el control de los centros. Hasta un 95% de los docentes consultados por el equipo del Ararteko consideró que el departamento no actúa con suficiente eficacia para mejorar la convivencia en los centros. Entre sus recomendaciones, el ararteko, Iñigo Lamarca, incluye la de modificar el actual decreto de derechos y deberes del alumno, de manera que los conflictos se puedan atajar con rapidez, eficacia y cierta autonomía por parte de los equipos directivos de cada centro.

Con la actual reglamentación, la imposición de una sanción a un alumno que, por ejemplo, haya agredido a un profesor se convierte en un calvario administrativo y, a menudo, el docente termina desistiendo del proceso. Desde que un alumno comete una falta hasta que se decide el castigo y se aplica pueden pasar varios meses. El órgano máximo de representación del centro, su consejo escolar, designa un instructor, que puede ser rechazado por la familia del alumno, que se dedica a recoger pruebas. Después hay que escuchar las alegaciones del acusado. A continuación, la familia puede recurrir la sanción, con lo que se alarga el proceso de forma indeterminada. Y mientras tanto, el alumno sigue en clase, con el profesor al que agredió. De esta forma, la autoridad del docente se va minando irremisiblemente.