Montilla sosiega la política catalana

Los primeros 100 días del Gobierno de José Montilla no han tenido el prescriptivo periodo de gracia. El nuevo Ejecutivo catalán quiso marcar desde el principio diferencias, cuando menos semánticas, con el de su predecesor, Pasqual Maragall. Pasó a denominarse de Entesa y huyó de la anterior etiqueta de Esquerres i Catalanista. Pero nada de eso evitó que naciera estigmatizado por el pecado original de que sus padres fuesen los mismos actores -PSC, Esquerra e Iniciativa- que forjaron el Ejecutivo de Maragall. Quizás por ello, el gabinete de Montilla ha querido poner más empeño en transmitir una imagen de cohesión, calma y equilibrio interno que en publicitar su obra de Gobierno, centrada en las políticas sociales.

El Ejecutivo ha dado prioridad a las políticas sociales sobre el debate de la identidad

Así, dentro y fuera del Ejecutivo se destaca como su activo más importante el haber evitado el ruido propio que fue la banda sonora del periodo maragallista, poniendo sordina a cualquier divergencia entre los socios. Bien es verdad que a todo ese revuelo no fue ajeno el mercadeo político generado por la redacción del nuevo Estatuto catalán.

El enunciado del estilo silencioso lo expresó Montilla en su toma de posesión: "Pensar ordenadamente, actuar racionalmente y atender cálidamente". Con ello el presidente quiso enfatizar el programa social de su predecesor -ley de servicios sociales, ley del derecho a la vivienda y ampliación de la ley de barrios-; rebajar la tensión con el resto de España -el presidente asistió en Madrid a la celebración del Día de la Constitución- y rehuir los debates identitarios que tanto dañaron la cohesión del anterior tripartito. La apuesta social del Gobierno quedó patente también en el discurso de fin de año del presidente, transmitido desde el hospital público de Mataró. Y todo ello con un debate por el desarrollo del Estatuto que la estrategia y presión del PP mantiene en primera línea de la escena política.

De hecho, la carpeta del Estatuto sigue ocupando un lugar privilegiado en la mesa del presidente. De esta forma, la primera ley fue la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. También se han puesto en marcha la comisión Bilateral Estado-Generalitat -órgano de coordinación entre el Gobierno central y el catalán- y la de Asuntos Económicos, de la que debe surgir un nuevo modelo de financiación.

En abril se constituirá la comisión de infraestructuras, en un momento marcado por el debate sobre las constantes incidencias en los cercanías de Renfe, debidas a la histórica falta de inversiones, y por el futuro del aeropuerto de El Prat. Para mejorar las infraestructuras ferroviarias, el tripartito ha obtenido del Gobierno central una inversión de 2.100 millones y, respecto al aeropuerto, el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de convertirlo en un centro de conexión de vuelos internacionales.

Pero las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno no han estado exentas de controversias. Montilla, satisfaciendo las demandas de Esquerra Republicana, presentó ante el Constitucional un recurso contra el decreto de enseñanzas mínimas que impone una tercera hora de castellano en primaria. El presidente catalán ya pidió a los miembros de la Ejecutiva del PSC que comprendieran ciertos guiños hacia los republicanos para así superar la presión nacionalista de CiU. En cambio, el tripartito desistió de impugnar la Ley de Dependencia, aprobada en el Congreso con los votos de ERC e Iniciativa, después de que el Consejo Consultivo [equivalente al Consejo de Estado] dictaminara que es inconstitucional en un 70%. Las izquierdas catalanas optaron por primar las mejoras sociales que incluye la norma.

En aras también a satisfacer a Esquerra, el Gobierno catalán revocó un decreto del anterior y arrebató a los ayuntamientos la gestión de las oficinas de Bienestar Social, utilizadas en tiempos de Jordi Pujol como plataforma de penetración de CiU en los barrios obreros, tradicionalmente votantes de izquierdas. La medida indignó a los alcaldes socialistas, quienes tuvieron que tragarse el decreto para así garantizar la cohesión del Gobierno.

En otras ocasiones, sin embargo, Montilla ha impuesto su criterio, con mano de hierro, con ese estilo suyo discreto pero tajante. Algunos consejeros lo descubrieron los primeros días, cuando el presidente ordenó que en todos los departamentos de la Generalitat ondeara la bandera española. En tres departamentos dirigidos por ERC y uno encabezado por un socialista sólo estaba izada la bandera catalana. "Las leyes están para cumplirlas", aclaró Montilla. Al mismo tiempo, pidió a la Delegación del Gobierno central que todas las dependencias estatales izaran la bandera catalana, como estipula el Estatuto. También Carod Rovira, consejero de la vicepresidencia, ha asumido que la bandera española forma parte de su equipaje de emblemas cuando viaja al exterior.