El despido de ocho fiscales pone contra las cuerdas al ministro de Justicia de EE UU

Los demócratas piden la cabeza del fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, y de momento el escándalo ya se ha cobrado su primera víctima: su jefe de gabinete, Kyle Sampson. Al inicio del segundo mandato de George W. Bush, en 2004, la Casa Blanca habría sugerido, a través de la que fuera jefa de su equipo legal y candidata a ocupar el cargo de juez en el Tribunal Supremo estadounidense, Harriet Miers, la idea de relevar del cargo a los 93 fiscales federales, supuestamente para situar a fiscales más afines a la política del Partido Republicano.

La medida fue rechazada por el Departamento de Justicia que finalmente destituyó a ocho magistrados el año pasado. Congresistas demócratas consideran que el despido de esos fiscales obedeció a motivaciones políticas.

La tormenta política ha estallado dos años después y ha sido destapada con correos electrónicos entre Sampson y Miers -quienes mantenían una estrecha relación- que revelan que ambos, junto al Departamento de Justicia y a altos cargos de la Casa Blanca, estudiaron los despidos durante cerca de 24 meses. El escándalo llevó ayer a Gonzales a suspender un viaje a Syracuse, Nueva York, y a comparecer ante la prensa. El fiscal general reconoció que se habían cometido errores en la manera en que fueron apartados de sus cargos los ocho acusadores pero declaró que no pensaba dimitir. "Acepto la responsabilidad", dijo Gonzales sobre las voces que reclaman su salida del Gobierno. El político no dio marcha atrás sobre la necesidad de los despidos: "Mantengo mi decisión y creo que fue la adecuada".

Ayer, la Administración entregó al Congreso una serie de documentos relacionados con los polémicos ocho ceses en un intento de averiguar si varios líderes republicanos, entre ellos el senador Pete Domenici, presionaron para agilizar las investigaciones de fraude electoral contra varios demócratas en lugares como Filadelfia, Milwaukee y Nuevo México. Las prisas republicanas obedecían a que estaban a la vuelta de la esquina las elecciones legislativas del pasado 7 de noviembre, y la oposición política preveía una clara victoria en las urnas. Para el senador demócrata Patrick Leahy, se trata de "un abuso de poder cometido en secreto para lograr ciertos resultados en nuestro sistema judicial, para después cubrir las huellas".

Los 93 fiscales federales con que cuenta Estados Unidos son nombrados a dedo por el presidente y pueden ser contratados o despedidos según su voluntad. Son los responsables de hacer cumplir las leyes federales en sus respectivos distritos y normalmente son nombrados en el cargo para períodos de cuatro años. Sin embargo, a pesar del designio presidencial, todos llegan al cargo por recomendaciones de líderes políticos en cada Estado.

La presunta connivencia del Departamento de Justicia y la Casa Blanca supone otro dolor de cabeza para el presidente y aporta nueva gasolina con la que avivar el fuego del escándalo político para los demócratas. Con Bush alejado de lo que sucedía en Washington concluyendo su viaje a América Latina, una portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, salía al paso ayer y declaraba que el presidente no instruyó al Departamento de Justicia para que tomara "acciones específicas sobre ningún fiscal". La versión oficial sigue inamovible: los fiscales fueron despedidos por quejas sobre la calidad de su trabajo. Aunque la Casa Blanca es capaz de reconocer que, para Miers, la salida de todos ellos suponía un cambio de aires para el segundo mandato de Bush.