A la caza de los 'gorrillas'

Hay tres problemas cotidianos en las ciudades que los ayuntamientos intentan resolver con todo tipo de experimentos y pocas esperanzas de lograrlo: los atascos diarios, el padecimiento del botellón y los aparcacoches, esos vigilantes espontáneos de los estacionamientos conocidos como gorrillas. El gobierno local de Sevilla -precisamente de donde es originario este sobrenombre, por ir sus pioneros tocados con una gorra de plato para conferirse aires de autoridad- ha aprobado una ordenanza que considera la actividad una forma de mendicidad "coactiva" y establece multas de 120 euros para los que reincidan.

Al tratarse en su mayoría de indigentes, la norma prevé que las sanciones sean sustituidas por "sesiones de atención individualizada con los servicios sociales o por especialistas en materia de drogodependencia" y "cursos en los que se les informará de que las instituciones públicas les ofrecen apoyo y asistencia". El delegado de Gobernación del Ayuntamiento, Francisco Fernández, argumenta que el objetivo no es recaudar dinero, "sino que tengan claro que no pueden hacer de aparcacoches". Según dice, el concepto de "mendicidad coactiva" lleva aparejada la intención de que, además de la actuación de la Policía Local, tenga cabida la Policía Nacional "y no se inhiba".

Los vecinos del barrio de Bami han pedido al Parlamento andaluz una 'ley antigorrillas'

La regulación de los gorrillas sevillanos, cuyas pautas se incluyen en una prolija ordenanza genérica bautizada como "antivandálica", se ve desde los colectivos vecinales como un compendio de medidas estériles e ineficaces, cuando no directamente absurdas. "¿De qué sirve que pongan una sanción económica a una persona que es insolvente y que al rato volverá a estar donde estaba?", se preguntaba la semana pasada la presidenta de la asociación de vecinos y comerciantes de Bami. Esta barriada está infestada de gorrillas malencarados -casi todos son heroinómanos que viven en la calle- que rodean al complejo hospitalario de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío.

La opinión de los juristas no es mucho mejor. "El concepto de mendicidad coactiva es completamente inane, no tiene ningún efecto. Parece que el adjetivo coactivo lo han metido para que no parezca que se persigue la simple mendicidad y quedar bien", señala Joaquín Urías, letrado del Tribunal Constitucional. Urías también estima que un desarrollo posterior para incautar a los infractores su recaudación como restitución de la falta es sencillamente irrealizable. Para el catedrático de Derecho Constitucional Gerardo Ruiz-Rico, el problema está en que un Ayuntamiento no tiene la capacidad de regular comportamientos que son derechos fundamentales, y que para calificar la mendicidad de coactiva es "necesaria una habilitación legislativa superior", como ocurre con la ley antibotellón que acaba de aprobar la Junta de Andalucía para dar cobertura jurídica a los ayuntamientos. Eso es precisamente lo que reclaman los vecinos de Bami, quienes han pedido al Parlamento andaluz que elabore una ley antigorrillas.

El esfuerzo imaginativo para erradicar este fenómeno, atenazado por el riesgo de infringir no ya derechos fundamentales, sino el sentido común, ha conducido casi siempre a los munícipes al fracaso estrepitoso. Hace unos años, a punto estuvo Sevilla de borrar de sus calles el tormento de los gorrillas extorsionadores -los hay que rayan carrocerías o retuercen concienzudamente limpiaparabrisas- a través de un convenio con una asociación de parados de mayores de 40 años que formaron los vovis (voluntarios vigilantes), que copiaron otras ciudades. Uniformados y reglados, los vovis tenían la virtud de espantar a los ilegales, pero el caso de una estafa en el seno de la asociación les quitó fuerza y el Ayuntamiento los olvidó, si bien siguen funcionando de manera extraoficial: expiden tiques (0,60 euros) y la Policía Local no multa en sus zonas.