Regresividad, regalos y devaluaciones fiscales

Las oportunidades que ofrece el tema fiscal para que el liberalismo económico incremente su hinchada son inmensas. En fiscalidad, el contrabando conservador, la demagogia, el clientelismo y el electoralismo encuentran fácil eco. Los poderes económicos y sus ideólogos propagandistas no sólo dirigen su ofensiva contra la cuantía de los impuestos, sino también, y sobre todo, contra todos los elementos de progresividad del sistema tributario con el argumento del carácter desincentivador que la progresividad impositiva tiene sobre el trabajo, el ahorro y la inversión. Para ellos, las políticas redistributivas deben articularse a través de los gastos públicos y no mediante los ingresos. Posteriormente se pone en cuestión el gasto social,por la imposibilidad de financiarlos y por su improductividad. A esto hay que añadir que los cambios y las reformas fiscales que se van introduciendo en Euskadi son semiclandestinas, oscurantistas, no negociadas, con poco rigor y, lo más grave, con maniobras de despiste para que no nos enteremos de la corriente de fondo que subyace en todas ellas. Como último añadido, dada la competencia foral de la fiscalidad, los agentes económicos y sociales se ven privados de aportar sus opiniones en el órgano de consulta de nuestro autogobierno, que es el Consejo Económico y Social Vasco.

Es curioso que este empeño por diferenciarse no se ha observado en la reforma del IRPF

Se está erosionando el papel corrector de las desigualdades sociales que tienen los impuestos

En Euskadi se viene cumpliendo, de modo gradual, aquella afirmación de G. Gilder, máximo profeta del reaganismo, de que "para ayudar a la clase media y a los pobres se deben reducir los impuestos a los ricos". La última reforma del IRPF es un ejemplo de camuflaje. Para tapar lo sustancial, que es el fin de la progresividad para las rentas del capital, se utilizan los cambios en la desgravación de la compra de vivienda que afecta a la sensibilidad e intereses de una gran parte de la ciudadanía. En esta línea, conviene recordar que en reformas anteriores las ganancias de patrimonio o plusvalías dejaban de tributar a un tipo progresivo y se convertían en rentas privilegiadas que pasaban a tributar a un tipo único (15%), independientemente de su cuantía y del resto de rentas obtenidas por su perceptor. Ahora se agudiza la pérdida de progresividad del IRPF, dado que todas las rentas del capital van a tributar a un tipo único del 18%. El resultado es que la tributación progresiva queda limitada a las rentas procedentes del trabajo y de las actividades económicas.

Y ahora asistimos a la reforma del Impuesto de Sociedades, que se rebaja del 32,6% al 28%. Se trata de un auténtico regalo fiscal en un momento de incremento de los beneficios empresariales, ya que se rebaja una tributación que sólo se produce si se obtienen beneficios y se hace en mayor medida que en nuestro entorno. La obsesión por la diferencia, la ausencia de consenso y la falta de rigor económico están servidas. Es curioso que este empeño por diferenciarnos, favoreciendo a las empresas de Euskadi, no se ha observado en la reforma del IRPF, en la que se han copiado miméticamente los cambios en el tratamiento de las rentas del capital de la reforma estatal. Nuestros responsables políticos nos hablan de la necesaria aportación de la fiscalidad a la competitividad de las empresas en un mundo globalizado. Me viene a la memoria la teoría de Samuelson, premio Nobel de Economía, sobre "la falacia de la composición": en un espectáculo deportivo, los espectadores de la primera fila se ponen de pie y obligan a los de los de las filas siguiente a hacer lo mismo, luego a subirse al asiento y al final a ponerse, además, de puntillas. El efecto es generalizado. Las devaluaciones fiscales competitivas, además de convertirse en dumping fiscal, son inútiles económicamente y tiene graves consecuencias para la cohesión social. A veces son utilizadas como alternativa a la incapacidad para desarrollar una política industrial eficaz.

Por esta vía podemos entrar en una espiral que sólo tendría fin con la total exoneración fiscal de las empresas. La ventaja y la virtualidad de una medida de este tipo exige que otros no hagan lo mismo, pero nadie va a permitir que le roben empresas y le exporten paro a través de las rebajas en el Impuesto de Sociedades. En la práctica, las deslocalizaciones empresariales no tienen como fundamento principal el tema fiscal. Además, es constatable que las diferencias fiscales entre países y regiones no explican sus diferencias de productividad, renta y empleo. Sucede todo lo contrario. Las zonas del mundo con sistemas fiscales más amplios, desarrollados y progresivos coinciden con la economías más productivas y eficientes y con las sociedades más avanzadas. Lo más grave de esta medida es que fomenta las estrategias empresariales de liderazgo en costos.

Es preocupante que las deducciones que se han decidido eliminar del impuesto sean mayoritariamente las de carácter social. Desaparece la deducción para incentivar el incremento de plantillas de 3.606 euros anuales por cada puesto de trabajo neto y estable. Esta medida sigue siendo útil y necesaria para fomentar un empleo de calidad del que tanto se habla. Respecto de la deducción por formación profesional, ya no podrán deducirse gastos en la formación, capacitación y reciclaje de la plantilla. También se elimina la deducción de los gastos realizados por las empresas para poner en funcionamiento guarderías destinadas a los hijos de los trabajadores. Por el contrario, con figuras tan polémicas como las sociedades de promoción de empresas -con claras ventajas en la tributación de las plusvalías, cuya regulación fue declarada nula por sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2004- la reforma no ha sido tan contundente y se mantiene. Lo mismo ocurre con las sociedades patrimoniales, que a nivel estatal van a desaparecer tras un periodo transitorio, mientras que en Euskadi seguirán pudiendo ser utilizadas para mejorar la fiscalidad de los grandes patrimonios familiares, tributando a un tipo único del 18%.

El papel corrector y minimizador de las desigualdades sociales que tienen los impuestos a través de la equidad, suficiencia y progresividad, se está erosionando. Las haciendas vascas van a dejar de recaudar en torno a 400 millones del Impuesto de Sociedades y del IRPF. Esto pone en peligro la suficiencia de recursos económicos necesarios para el mantenimiento de las políticas públicas, además de aumentar la regresividad de un sistema fiscal ya bastante regresivo. Los responsables institucionales nos hablan que la reducción tributaria provocará una reactivación económica, un impacto positivo en el aumento de los beneficios y una compensación recaudatoria por otros impuestos. Están ocultando el carácter conservador y regresivo de sus medidas. Es curioso que nuestra presión fiscal, tanto la vasca como la estatal, estén a la cola de las europeas y que ésta sea la causa de que el gasto social también lo esté.

A pesar de las diferencias y las broncas políticas, estas medidas manifiestan la sintonía conservadora entre el PNV y el PP. No interesa un verdadero debate social sobre la política fiscal vasca. Se oculta a los ciudadanos que lo que poco a poco van a dejar de pagar las rentas de las empresas y el capital lo van a tener que pagar ellos, bien a través de la imposición indirecta o la insuficiencia del gasto social. La debida transparencia en las decisiones políticas exige que el debate fiscal se priorice para que todos sepamos en que órbita y con quién coinciden las propuestas fiscales de cada uno. La regresividad fiscal es sencillamente un retroceso democrático. Esto se tapará con el debate del blindaje de nuestra capacidad normativa y del ataque a nuestro autogobierno.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) vasco