El instructor del 'caso Ronda' sabía que un imputado salía con una juez
El juez instructor del caso de corrupción policial destapado en febrero en Ronda (Málaga), por el que tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía siguen en prisión preventiva, supo desde un principio que el dueño del bar imputado en la trama por tráfico de estupefacientes mantenía una relación sentimental con María José Alcázar Ocaña, la juez que servía hasta el 16 de marzo en el juzgado de Instrucción nº 1 de la localidad, según informaron fuentes judiciales.
El pasado martes, el abogado José Luis Ortega informó por escrito al instructor del caso de la relación entre el imputado y la magistrada, que ha pedido el traslado a un juzgado de Melilla. Además, en el mismo texto, el letrado comunicaba al instructor que el imputado Sergio Flores se jacta de haberse hospedado junto con la magistrada Alcázar en una casa que el mismo instructor posee en Cádiz. El abogado indicaba al juez que si, como consecuencia de estas manifestaciones, "se siente incómodo, no ajeno a la causa, la defensa entendería que se abstuviera en conciencia de seguir instruyendo las diligencias".
Fuentes cercanas al magistrado, indicaron que "no es cierto" que el instructor mantenga una relación de amistad con la juez, sino que les une el trato habitual "de compañeros de profesión", con ofrecimientos que podían entrar "dentro de la cortesía o la educación". Añadieron que no se ha entendido el escrito que presentó la defensa de dos policías de escala básica imputados como una recusación, sino que plantea unos hechos sobre los que el juez decidirá si resolver.
Nuevo destino
Otras fuentes judiciales rehusaron pronunciarse sobre la posibilidad de que se haya solicitado una investigación de la actividad de la juez Alcázar -ya sea de tipo penal o disciplinario- para ver si conocía la supuesta participación de su pareja en los hechos delictivos por los que se encuentra imputado, amparándose en que el juez mantiene la instrucción bajo secreto. La juez ha solicitado un cambio de destino y ha pedido una prórroga para incorporarse a su nueva plaza, en el juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Melilla.
En el caso han sido detenidos siete policías, entre los que se encuentra Juan Antonio Rodríguez, un inspector jefe de 50 años, que había asumido hacía un año y medio el mando de la comisaría con el encargo de poner un poco de orden. El mando, imputado por ocho delitos entre los que se encuentra el abuso sexual y la detención ilegal, permanece en el módulo especial para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad de la prisión de Sevilla. El juez mantiene en prisión también al subinspector de Extranjería y a un agente de escala básica.
Hasta el momento, los abogados de los imputados, mantienen que no han sido informados de los hechos de los que están acusados sus patrocinados, aunque sí conocen los delitos, y sólo se les ha permitido asistir a la toma de declaración de una testigo protegida.
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