El cerco se estrecha en torno a Gonzales

El escándalo que rodea al secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, por el despido de ocho fiscales federales subió el viernes de tono, tras anunciarse la dimisión repentina de una de sus más estrechas asesoras, Monica Goodling. Por si no fuera suficiente, y en una muestra de cómo está la moral en el entorno judicial de EE UU, la fiscal de Minneapolis, Rachel Paulose, se quedó sin cuatro de sus asesores, que también renunciaron a sus puestos en señal de protesta.

La presión sigue creciendo sobre el presidente George W. Bush, que hasta ahora ha defendido la gestión de Alberto Gonzales frente a las críticas lanzadas desde la oposición en el Capitolio. Los demócratas acusan al secretario de Justicia -que comparecerá ante el Congreso el próximo día 17- de despedir a esos ochos fiscales por motivos políticos, y por eso exigen su dimisión. Algunos republicanos piden también su cabeza.

Goodling dijo a finales de marzo que se negaría a testificar ante el Congreso, amparándose en la Quinta Enmienda constitucional para evitar incriminarse a sí misma. Su visión del escándalo era clave, porque además de asesorar a Gonzales era la encargada de las relaciones entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Ella podría haber explicado el papel del asesor político de Bush, el controvertido Carl Rove, y de la que fuera la asesora legal del presidente cuando se decidieron los despidos, Harriet Miers.

Alberto Gonzales ha negado hasta ahora haber participado en las discusiones que llevaron al polémico despido de los ocho fiscales federales. Una afirmación que fue puesta en duda por su antiguo jefe de gabinete, Kyle Sampson, quien dijo días atrás ante el Congreso que abordó personalmente el asunto con su jefe.

Sampson es otro de los asesores de Gonzales que se ha visto obligado a dimitir después de que aflorara el escándalo en el Departamento de Justicia, y el cual trabajó con Monica Goodling en los despidos.

Sin ir tan alto, el éxodo está afectando asimismo al entorno de los fiscales que sustituyeron a los despedidos por la Casa Blanca, en una muestra del torpedeo moral que sufre el entorno judicial por este escándalo. Es el caso de Rachel Paulose, que el viernes confirmó que cuatro de sus principales asesores optaron por dimitir. Paulose, que reemplazó a Tom Heffelfinger a comienzos de 2006, fue asistente especial de Gonzales y trabajó como consejera para el subsecretario de Justicia, Paul McNulty.

Heffelfinger dejó voluntariamente la fiscalía antes de ser despedido. Su vacante fue cubierta por Paulose sin que su perfil fuera sometido a la revisión judicial previa. El Departamento de Justicia salió de inmediato en defensa de Paulose, después de que se anunciaran las cuatro bajas, y restó dramatismo al incidente.

El senador demócrata por Nueva York, Charles Schumer, teme que esta "falta de confianza" afecte a otras oficinas. Estados Unidos cuenta con un total de 93 fiscales federales, más el fiscal general.