Las hipotecas de Roca obligan a buscar soluciones para evitar la quiebra

No entra dinero en las empresas y hay demasiadas hipotecas que pagar. Los negocios y propiedades de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal destapada en Marbella (Málaga), comienzan a dar problemas económicos un año después de su embargo. Según fuentes judiciales, la falta de los ingresos de origen ilícito con los que supuestamente se alimentaban determinadas sociedades del ex asesor de urbanismo marbellí y sus cargas hipotecarias han hecho que el administrador judicial negocie la venta de algunas parcelas con grupos inmobiliarios. La medida, de carácter ocasional, trata de evitar la quiebra de las empresas y una subasta pública de los bienes afectados a un precio mucho inferior. Fuentes consultadas mantienen que todavía no se ha cerrado ningún trato.

El administrador de los bienes de Roca reconoce que se han puesto en venta algunos terrenos en Murcia -aunque por una cantidad muy inferior a 144 millones de euros-y se niega a precisar si se están ofreciendo propiedades de otras provincias, porque no es conveniente para sus negocios, señalaron fuentes cercanas al caso. Este profesional, con despacho en Málaga, es el encargado de la gestión de 30 sociedades y de numerosos inmuebles de lujo, entre los que hay fincas, palacetes, hoteles y hasta un helipuerto, repartidos por las provincias de Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Sevilla, Badajoz, Valladolid, Tarragona y Baleares.

Su trabajo es velar por los bienes incautados, como lo haría el gestor de una empresa, y por esto, mantiene que no está "dentro de sus intereses" difundir las parcelas en venta, ya que los futuros postores creerán que se traspasan "a precio de saldo" y harán ofertas muy bajas. "Lo que busca es el mejor rendimiento", mantienen fuentes consultadas. "Cuando tenga una oferta viable la comunicará al juez Miguel Ángel Torres, para que autorice la transacción", añaden.

Según fuentes cercanas al caso algunos de los negocios de Roca funcionan sin problemas, pero otros se han quedado rezagados. "Si una sociedad está habituada a una fuente de ingresos ilegales y le cortas el grifo, no puede hacer frente a gastos como puede ser una hipoteca. Entonces el banco tiene que ejecutar el crédito y de lo que se trata es de evitarlo, porque el bien se vendería a la baja, y resulta más beneficioso ofrecerlo a un tercero", explicaba ayer un jurista al que las actuaciones del administrador le parecen completamente normales.

El abogado del ex asesor de Urbanismo, José Aníbal Álvarez, mantiene que, de momento, no ha recibido ninguna notificación de venta y que, en caso de recibirla, estudiarán si se puede recurrir la decisión. "La incautación de bienes está para responder cuando haya una sentencia firme, condenatoria, mientras tanto hay que tener en cuenta la presunción de inocencia", aseveró la candidata del PP a la alcaldía de Marbella, Ángeles Muñoz.

Muñoz pidió ayer al juez instructor que, en caso de que se llegue a la venta de las propiedades del ex asesor de urbanismo, los intereses que genere su depósito en el Banco de España o los ingresos de la gestión empresarial recaigan en la localidad. Muñoz piensa entregar en los próximos días en el juzgado nº 5 de Marbella 20.000 firmas de ciudadanos recogidas en los últimos meses para solicitar la devolución de los bienes incautados a las arcas municipales. "Nuestro objetivo es que el dinero que ha salido del patrimonio de nuestra ciudad sirva para restituir el daño económico y que equipamientos que se ha soportado durante 15 años", añadió.