"No pararemos hasta que la Generalitat respete las competencias del Estado"

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana anunció en enero de 2006 que recurriría todos los proyectos urbanísticos que no garantizaran el agua, las infraestructuras y no respetaran la costa. El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, hace balance un año y medio después.

Pregunta. ¿Cuántos PAI ha recurrido el Gobierno? Y ¿por qué se deciden a intervenir en la ordenación del territorio?

Respuesta. Hemos presentado alrededor de 20 recursos, pero impugnaciones de PAI son seis. Cuando el PSOE llegó al Gobierno central organizamos nuestra intervención en las comisiones territoriales de Urbanismo de la Generalitat para que conocieran nuestras objeciones. Las presentamos, pero la Generalitat comenzó a aprobar los PAI haciendo caso omiso de nuestras objeciones. Empieza a aprobarlos supeditados a que se cumpla tal o cual cosa. Y esa tal o cual cosa no son cuestiones de poca monta sino asuntos de fondo como si hay agua suficiente o no. Tenemos unos 20 pleitos y, de seguir, así continuaremos con más recursos.

"Se puede realizar otro tipo de urbanismo más respetuoso, sin aglomeraciones y no tan a la desesperada"

"Recurriremos Rabassa en cuanto lo aprueben. Y de no solventarse las cosas, también el de Nou Mil.leni, en Catarroja, y Sociópolis"

P. ¿Cuáles más?

R. Pues, por citarle un ejemplo, recurriremos Rabassa en cuanto lo aprueben. Y de no solventarse las cosas también habrá problemas con los proyectos de Nou Mil.lenni, en Catarroja y de Sociópolis, en Valencia.

P. ¿Y las relaciones con la Generalitat?

R. Lamentablemente han sido tensas en muchas ocasiones. Quizás por una mala interpretación del Consell de las competencias del Estado. Nos acusan de utilizar nuestras competencias como un obstáculo y me gustaría desmentirlo. Las tramitaciones no son meros papeles, obedecen a actuaciones que si no se hacen acarrearían problemas. Si el Gobierno central no actúa cuando falta un plan hídrico en una urbanización, ¿cómo acabaríamos? Pues, la urbanización acabaría sin agua corriente y los propietarios, afectados. Al final tendrían agua, pero la tendría que pagar ellos, probablemente. Hay que respetar la sostenibilidad del territorio y el derecho de los ciudadanos y eso no está reñido con el trabajo de los empresarios.

P. ¿Qué diagnóstico hace de la avalancha de PAI presentados en estos últimos años?

R. O corregimos ahora esa tendencia perversa o luego ya será irreversible. Ahí está Marbella. Se puede realizar otro tipo de urbanismo más respetuoso, sin aglomeraciones y no tan a la desesperada. Estamos destruyendo lo que nos diferencia, y si lo que vamos a ver es una calle continua, pues no es plan.

P. EL TSJ empezó a dictar hace unos meses autos de suspensión cautelar de varios proyectos urbanísticos. Pero hace poco empezó a levantar estos autos. ¿Qué significa?

R. Las medidas cautelares no abordan la cuestión de fondo de esos recursos. Y esas decisiones judiciales se producen porque la Generalitat aporta entonces y no cuando debió hacerlo, informes y documentación a los expedientes de cada PAI. El tribunal lo que dice es que en tanto resuelve el fondo, porque el fondo de la cuestión no está resuelto, se puede seguir trabajando.

P. Pero parece que el tribunal está reconsiderando la práctica totalidad de los recursos.

R. Hay un auto del TSJ, que es el de Ador, que lo hemos recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, porque entendemos que el TSJ no tiene en cuenta nuestras consideraciones. Esos autos [de paralización cautelar y posteriormente de levantamiento de la misma] han servido también para aclarar la doctrina del TSJ, que creemos coincidente con nuestros planteamientos. El propio tribunal dice que el artículo de la Ley Urbanística Valenciana que dice que el informe de las confederaciones hidrográficas es opcional, ha de entenderse incluso como inconstitucional. La nueva Ley del Suelo confirma además que los dictámenes de los organismos de cuenca son determinantes. Los tribunales lo que le están diciendo a la Generalitat es que no debió aprobar esos planes como estaban sino que debió de atender a los requerimientos estatales para modificarlos y garantizar el agua y su buena gestión. Ha habido un erróneo empecinamiento de la Generalitat en este tema. Empecinamiento debido, en mi opinión, a su manía persecutoria. Consideran que cuando el Gobierno dice algo no lo hace en uso de su legítimo derecho a representar los intereses generales, si en un uso partidista. Quizás porque ese sea su estilo.

Ahora vamos a pedir de nuevo la suspensión cautelar del PAI de Cullera [conocido como la Bega] porque el Ayuntamiento lo aprobó sin subsanar los requerimientos. Seguimos en la batalla. No vamos a parar hasta lograr que la Generalitat respete las competencias del Estado.

P. Existen unas 150.000 viviendas que no tienen acreditada el agua necesaria. ¿Se puede parar algo así?

R. Algo tenemos que hacer para evitar que se dé. Ese ha sido el objeto de la intervención del Gobierno. No podemos permitir que las personas no tengan garantizado algo tan básico como es el suministro de agua potable. Si se aprueba un PAI sin que esto esté claro, o lo pagamos todos o los particulares, pero no quien tiene que hacerlo que es el promotor. No nos hemos quedado quietos ante ese problema.

P. ¿Cree que el TSJ, cuando valore las cuestiones de fondo, será sensible a los planteamientos del Gobierno?

R. Creo que el TSJ ya es sensible a esos temas. Por las resoluciones que tenemos, creemos que van a estimar nuestro recurso en algunos de esos PAI si no en todos, y ordenarán la corrección de los errores. Nuestra posición ha sido ya avalada por el Sindic de Greuges y por la Unión Europea.

P. ¿La Generalitat necesitará de su colaboración si finalmente hacen pasar el circuito de Fórmula 1 por terrenos del puerto?

R. No nos gustaría pronunciarnos sin saber de qué estamos hablando. Sabemos, por unas recreaciones virtuales que hemos visto, por dónde podría ir, pero no sabemos nada. Pero cualquier actuación que se haga en suelo portuario debe contar con la colaboración de todas las administraciones. Y recalcar que nosotros siempre hemos dicho que cuando se produce la colaboración de todos, las cosas van bien.

P. Urbanismo, corrupción e inseguridad van cada vez más frecuentemente de la mano. ¿Cuál es su diagnóstico aquí?

R. El modelo que defendemos no relaciona estos tres términos. Un urbanismo sostenible no tiene que generar corrupción. La gestión de los planes tampoco tiene que relacionarse con la corrupción y no tiene por qué generar inseguridad. El problema que tiene el Consell es a veces justo lo contrario de lo que acabo de decir. El urbanismo desaforado conlleva, en ocasiones, alguna corrupción adicional para conseguir esos permisos que, de otro modo, no se conseguirían. La dispersión y falta de planificación de los proyectos hace que los servicios públicos, no sólo el de la seguridad, no se correspondan con el crecimiento urbanístico. Hay urbanizaciones en esta comunidad en las que la Guardia Civil necesita ser guiada cuando tiene que atender alguna denuncia, porque no están bien diseñadas ni las calles ni los accesos...