El Gobierno paralizará las obras de dos torres de 22 plantas en Benidorm

El Gobierno iniciará este mes los trámites de expropiación forzosa de los terrenos sobre los que el Grupo Ballester está construyendo dos torres de 22 plantas cada una en la zona de Punta Llisera, en la playa de Levante de Benidorm, según anunció ayer el director general de Costas, José Fernández. La iniciativa del Ejecutivo paralizará las obras que se encuentran en una zona de servidumbre pública y de protección, cerca del parque natural de Serra Gelada. Un portavoz del Grupo Ballester ha calificado la iniciativa del Gobierno de "medida confiscatoria".

Un portavoz de la promotora asegura que se trata de una medida confiscatoria

Medio Ambiente opta por por esta vía tras fracasar la fórmula de la permuta de solares

La dirección provincial de Costas ha intentado hasta ahora negociar con el promotor una permuta en colaboración con la Consejería de Territorio y Vivienda, ante la negativa del Ayuntamiento de Benidorm a ceder terrenos municipales. Las dificultades que entrañaba la permuta han provocado que el Ministerio de Medio Ambiente haya optado por la medida excepcional de la expropiación forzosa. Tras la declaración de utilidad pública de la zona a finales de mayo por el Consejo de Ministros se iniciará el proceso, hasta llegar a un acuerdo para pagar el justiprecio según el responsable de Costas. "Si no lo hay esperaremos a que decida el tribunal de expropiaciones", explicó Fernández. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguraron ayer que la medida anunciada por el director general de Costas se "ajusta a lo que marca la ley".

Los pisos se están comercializando y las obras han empezado, pero Medio Ambiente pagará exactamente "lo que vale el solar cuando se declare bien de utilidad pública; será a riesgo del constructor el que se siga construyendo", alertó Fernández, extremo que justifica la urgencia en superar el trámite del Consejo de Ministros. El director general matizó que la Generalitat es la que tiene potestad para ordenar la paralización de las obras.

El director de comunicación del Grupo Ballester, Orlando Torregrosa, calificó de "hecho sin precedentes" el anuncio de Costas. "Son actuaciones confiscatorias más que expropiatorias", explicó, "una persecución para justificar lo sucedido en otros lugares". Torregrosa afirmó que el Gobierno se olvida de la "división de poderes", y recordó que "todas las sentencias nos avalan, incluso la del Tribunal Supremo", puntualizó. "¿Qué seguridad jurídica tiene un empresario si no se respeta la legalidad? Nos parece injusto y preocupante", añadió. El portavoz recordó que la justicia rechazó en múltiples ocasiones la paralización cautelar de las obras y ahora "el poder político no respeta la decisión judicial". Torregrosa considera que el anuncio deja "indefenso a cualquier particular que tenga algo construido con todos los permisos y todas las licencias".

El proyecto del Ministerio de Medio Ambiente para Punta Llisera, en las inmediaciones del parque natural de Serra Gelada, pasa por la restauración de la zona y su destinación al disfrute general de la población. "Nuestro objetivo es que quede fuera del mercado del suelo y no se pueda construir", dijo Fernández. La solución de la expropiación era vista con buenos ojos por el Ayuntamiento de Benidorm. El alcalde, Manuel Pérez Fenoll, también se oponía a la construcción de las dos torres, y acusaba a los socialistas de haber sido ellos quienes otorgaron la licencia en los años ochenta.

El litigio se remonta a 20 años atrás, en 1988, cuando el Consistorio otorgó la licencia de construcción condicionada a unos requisitos que la empresa ha tenido que cumplir tras un largo proceso. El solar está declarado urbano y hasta el año pasado había una torre de viviendas. Cuando Ballester lo demolió los vecinos empezaron a reivindicar que no se construyeran las dos torres.

Por otro lado, Fernández en su visita la Cala de Finestrat, anunció la culminación del proceso de expropiación forzosa del edificio Ánfora, que ha tenido un coste de dos millones de euros. Fernández aseguró que tras el verano se demolerá, momento en el que llevarán a cabo el proyecto para renovar el paseo marítimo y construir un sendero que una la Cala de Finestrat con la de Benidorm por un importe de seis millones.