Estatut, Consell: la oportunidad

El nuevo Estatut abre grandes expectativas para los valencianos en la antesala de la próxima legislatura. Con toda seguridad, los políticos reconocen su enorme responsabilidad en la gestión de un enorme marco competencial, aprobado con un gran consenso parlamentario. Disponer de mayor presupuesto, para gestionar un extenso catálogo de servicios públicos implica, necesariamente, optimizar la gobernabilidad en aras de ganar en eficacia y eficiencia. Los sistemas fiscales, caracterizados por una clara tendencia regresiva en todo el mundo, están bajo el escáner de un cuerpo electoral, no siempre satisfecho respecto al uso de sus impuestos.

Nos gustaría creer que nadie establece una relación biunívoca automática entre mejor gestión y mayor número de consejerías. El nuevo Estatut es mucho más que eso. Supone, entre otras cosas, la oportunidad de cambiar la arquitectura del Consell para servir mejor a los valencianos. Si, desde un análisis de la elaboración de las políticas, y de la provisión de los servicios, se concluye que necesitamos un mayor número de unidades de gobierno, nadie se escandalizará por ello. Pero hay que justificarlo desde una visión estratégica y, en este sentido, conviene tener en cuenta algunos rasgos presentes en las organizaciones complejas fuera del ámbito político.

Quizás fuese conveniente comenzar reivindicando conceptos de gobernabilidad, en apariencia más abstractos que los de curso común (economía, industria, agricultura, educación, sanidad, etc.). Las divisiones establecidas en algunos reglamentos orgánicos conllevan, inevitablemente, a una visión vertical de la acción de gobierno. Por el contrario, elementos cruciales en la organización social como la competitividad, la integración social, la salud, la movilidad y accesibilidad territorial, el desarrollo sostenible, las garantías ciudadanas, la calidad de vida..., exigen la superación del silo en beneficio de la transversalidad. En este punto, todos convenimos en que no es preciso perder la última colonia para suprimir el Ministerio de Ultramar.

En paralelo, parece difícil que la consejería que diseña el mapa escolar, la calidad de los programas educativos o las exigencias de la sociedad respecto a las nuevas profesiones, sea la misma que asuma la responsabilidad del mantenimiento de los PCs en las aulas, de cubrir las bajas de los profesores o que los centros se construyan bajo los condicionantes, los calendarios y los presupuestos preestablecidos. Otro tanto cabría señalar respecto a la cohabitación entre quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha políticas sanitarias preventivas, racionalizar el catálogo de prestaciones o evaluar el impacto oneroso de los avances tecnológicos, sean sospechosos del mal funcionamiento de la refrigeración en un hospital, de las deficiencias en la organización de un servicio o de la rotura de un stock de material fungible. La asunción de demasiadas responsabilidades conduce a la imposibilidad de responder individualmente de cada una de ellas. Si a un responsable político le exigimos la misión imposible de controlar el orden universal, se facilitará que el control parlamentario devenga tan solo en ruido.

En lo posible, sería conveniente evitar la personalidad múltiple en la gestión del Consell. La política, en su acepción de impulsora de procesos de mejora social y económica, no debería ser secante con los mecanismos de provisión de los bienes y servicios públicos. Por ello, quizás fuese aconsejable plantear una separación de responsabilidad entre el diseño de la política educativa, sanitaria o de atención social, con la provisión de los servicios que de ellas se derivan, y todo ello, desde un plano de igualdad política. Es decir, la responsabilidad del diseño de las políticas del Estado de Bienestar recaería en consejeros/as, así como la gestión de los servicios que de ellas se deriven. Desde este plano, cobran mayor fuerza las vicepresidencias a las que ha hecho alusión algún candidato a la presidencia del Consell.

Se dice que Noé empezó a construir el Arca antes de que comenzase a llover. Esta virtud de anticipar el futuro, y aun de adecuarse a los cambios corrientes, es difícil de conseguir con estructuras almidonadas durante años. El Consell debe contar con la capacidad de modificar, sin dilación, las políticas al cambiar las circunstancias que las originaron, o cuando existe un nuevo cuadro de necesidades que dicta un nuevo orden de prioridades. Además, los cambios necesarios deben tener un impacto lo más neutral posible entre las unidades administrativas más directamente afectadas por los mismos.

Sin embargo, estamos acostumbrados a que cualquier variación sobre la estructura de gobierno provoque una cierta paraplejia administrativa. La distribución de los recursos humanos y materiales, los procesos y expedientes en marcha, el remanente presupuestario..., son corolarios que, en ocasiones, conducen a que los presidentes retrasen al máximo la modificación de su arquitectura gubernativa o, incluso, que desistan de ella.

Por ello, parece aconsejable meditar sobre una Consejería de Organización y Gestión que fuese responsable de la tramitación de los expedientes de contratación de bienes, servicios y personal ordenados, y controlados, desde las diversas posiciones del Consell, con lo que se evitarían solapamientos y multiplicación de actos equivalentes y se lograría una mejor gestión de proveedores, etc. Unas "unidades satélites" en cada consejería bastarían para facilitar el proceso, lo que redundaría en considerables ahorros presupuestarios. El aligeramiento administrativo de las consejerías facilitaría su sustitución, su evolución o, incluso, su supresión. La transparencia en la gestión se vería, además, reforzada por la concentración de la contratación en una única unidad administrativa. Más que poder, esta consejería acumularía capacidad de gestión, en beneficio de la elaboración de las políticas y de la provisión de servicios, ambas con origen en otras responsabilidades del Consell.

La Administración de la Generalitat debe de ser el vehículo organizativo a través del que se plasman las ideas políticas del Consell en todo momento. El mejor programa político puede verse obstaculizado en su aplicación práctica por una inadecuada organización en la estructura del Gobierno y, por ende, en la Administración que le da soporte. Por ello, la fortaleza del Consell no se apoya en la debilidad de su Administración, pues ésta no sirve al poder político sino que ejecuta sus directrices; de ahí que los procesos electorales sólo evalúen el resultado de la acción política. Por el contrario, los servidores públicos actúan al servicio de los ciudadanos y son valorados por ellos, asumen la "conciencia técnica" del Gobierno valenciano para desarrollar los programas políticos de éste.

Respetando el reciente Estatuto del Empleado Público, por su carácter básico, es preciso que nuestra Administración refuerce su orientación hacia la prestación de servicios de valor añadido, aligerando algún sesgo procesal. Los ciudadanos formulan preguntas y exigen respuestas. Ordenar e imponer son paradigmas caducos. Todo ello requiere un plan a largo plazo respecto a la contratación de personal, la ponderación de la misma entre las diversas categorías, la convergencia hacia los escalones superiores y, en paralelo, a la política retributiva. Es un esfuerzo de varias legislaturas, que conviene comenzarlo sin demora, y en el que la capacidad prospectiva de los sindicatos en los procesos de negociación deviene esencial.

José Emilio Cervera es economista. jecervera@jecervera.com