Del Olmo investiga los contactos de un intermediario de ETA con el Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha abierto diligencias para investigar las posibles conexiones entre el dirigente etarra Jon Iurrebaso, detenido en Francia el 29 de marzo, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Del Olmo da así respuesta a la comisión rogatoria enviada por la juez antiterrorista francesa Laurence le Vert. Iurrebaso, que resultó ser un intermediario en el frustrado proceso de negociación, tenía el número de teléfono de un alto cargo francés y otros dos correspondientes a tarjetas de prepago de operadoras españolas cuyos titulares son ahora investigados.

Al ser arrestado, Iurrebaso dijo formar parte del equipo negociador de ETA con el Gobierno español y aportó a los policías franceses que le detuvieron el teléfono de un alto cargo del Ministerio del Interior francés, para que llamasen y verificasen la información, así como dos números de teléfonos correspondientes a tarjetas prepago de dos compañías operadoras españolas.

La juez francesa Laurence le Vert ordenó el ingreso de Jon Iurrebaso y Kepa Suárez en prisión el 2 de abril de 2007. Ambos llevaban cuatro días detenidos por la policía francesa, desde el 29 de marzo pasado.

Esa noche muy cerca de la localidad de Périgueux, en la región francesa de Dordoña, en el suroeste del país, un automóvil marca Peugeot 307 aceleró para saltarse el control del servicio de aduanas y motivó que los agentes de la Brigada contra el Crimen se lanzaran a perseguirlo.

Los agentes hallaron el coche abandonado en un aparcamiento y más tarde localizaron a dos personas en un bosque. Estaban arrodilladas con unos papeles en la mano. Pretendían destruir documentos. Ninguno de los dos se resistió a la detención y ambos se identificaron como miembros de ETA. Uno de ellos era Jon Iurrebaso Atutxa, de 51 años. Su acompañante, o guardaespaldas, era Kepa Suárez y llevaba encima una pistola Herstal de nueve milímetros de calibre.

Iurrebaso extendió ante los policías un papel. Había una anotación: cuatro teléfonos, dos franceses y dos españoles. Solicitó que llamaran a uno de ellos, que, según dijo, pertenecía a un alto cargo del Ministerio del Interior francés, quién podía confirmar que la presencia de ambos en territorio francés estaba relacionada con su participación en las negociaciones de ETA con el Gobierno español.

Ese teléfono pertenecía, según trascendió más tarde, al prefecto Christian Lambert, responsable de la CRS (Compañías Republicanas de Seguridad), quien actuaba en la práctica como el número dos del ex ministro del Interior Nicolas Sarkozy, quien pocos días antes había dejado dicho cargo para embarcarse en la carrera electoral por la Presidencia de Francia, que acabaría ganando.

Comisión rogatoria

La Brigada contra el Crimen francesa puso a los dos etarras a disposición judicial. La juez Le Vert, tras interrogarles y dictar la correspondiente orden de ingreso en prisión, elaboró, a mediados de abril, una comisión rogatoria internacional dirigida a sus homólogos españoles.

En su escrito, la juez antiterrorista expone la información aportada por Iurrebaso en sus declaraciones ante la policía y la justicia francesa; al tiempo que solicita datos sobre su posible participación en el proceso de negociaciones que mantuvo ETA con el Gobierno español y sobre los titulares de los dos números telefónicos, al parecer correspondientes a tarjetas prepago de empresas telefónicas españolas, que figuraban en el papel aportado por el etarra.

Las fuentes consultadas en España indicaron a EL PAÍS que, en efecto, Iurrebaso participó en las reuniones mantenidas entre ETA y los enviados del Gobierno fuera de España, en 2006.

Precisamente, su detención el 29 de marzo de 2007 tuvo lugar cuando Iurrebaso se dirigía a Suiza para acudir a un encuentro celebrado los días 30 y 31 de marzo con un representante del Gobierno español.

El objetivo de este encuentro, al igual que el de otras citas posteriores al atentado del 30 de diciembre de 2006 contra la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, era, desde el punto de vista gubernamental, "tomar la temperatura" de la banda: en expresión utilizada públicamente por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien siempre ha diferenciado estas gestiones del proceso de diálogo propiamente dicho.

La comisión rogatoria enviada por la juez Le Vert tuvo entrada en la Audiencia Nacional en abril pasado, cuando estaba de guardia el titular del juzgado central de Instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska, quien en principio se consideró competente para abrir diligencias tendentes a investigar los hechos.

Sin embargo, la aplicación de las normas de reparto de las comisiones rogatorias existentes en la Audiencia Nacional llevó a adjudicar el asunto al juzgado de Instrucción número 1, a cargo del juez Juan Del Olmo.

Fuentes judiciales señalaron que Del Olmo abrió diligencias previas y ordenó el secreto de las actuaciones. Esas fuentes señalan que el juez solicitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informes sobre los temas planteados por la juez Le Vert.

Sin duda, la clave son los dos números telefónicos correspondientes a operadoras españolas que aparecen en el papel entregado por Iurrebaso a la policía francesa. El rastreo de las llamadas telefónicas realizadas con dichas tarjetas podría arrojar luz sobre una parte de la infraestructura que funcionó durante todo el llamado "proceso de paz" entre el Gobierno y ETA, incluyendo aquellos contactos que tuvieron lugar después del atentado de Barajas y antes de la detención de Iurrebaso, el 29 de marzo.

Número de urgencia

Las autoridades francesas reconocieron a mediados de abril, según publicó el semanario L'Express, que "en el verano de 2006, mientras se celebran las discusiones, un alto responsable del Ministerio del Interior español nos solicitó que aportáramos un número

de urgencia. Se trataba de facilitar el paso de emisarios de ETA por Francia". Según las citadas autoridades, "dicho procedimiento no fue utilizado jamás hasta las detenciones [de Iurrebaso y Suárez] en Périgueux".

El problema es que, en el momento de su detención, los dos etarras circulaban a bordo de un coche con matrículas falsas y, además, uno de ellos iba armado. Ningún mecanismo de emergencia o salvoconducto podría nunca servir de protección para personas sorprendidas en delito flagrante en territorio francés.