El Ayuntamiento de Chiclana ya detectó hace ocho años certificados falsos de viviendas ilegales

Los métodos para evitar el derribo de casas ilegales en Chiclana (Cádiz) mediante certificados falsos realizados por arquitectos técnicos y que han sido detectados en la operación de la Guardia Civil Obra nueva se arrastran desde hace años. En 2002 la Fiscalía archivó diligencias y remitió a los juzgados de esta localidad una denuncia con hasta seis inscripciones de fincas tras apreciar indicios de delito de falsedad documental por arquitectos y aparejadores.

Al igual que los implicados en la trama investigada ahora por el Instituto Armado, el Ayuntamiento de Chiclana, cuando gobernaba el PSOE, alertó de cómo se falseaban documentos desde 1999 para que las casas parecieran más antiguas de lo que eran y evitaran la demolición. En aquella denuncia aparece el nombre de, al menos, un arquitecto implicado ahora en la operación Obra nueva.

En julio de 2001 el arquitecto Joaquín P.S. certificó la existencia de una edificación en una parcela de 6.760 metros cuadrados en la zona conocida como Pago Las Canteruelas. Allí corroboró oficialmente la construcción de una casa de 495 metros cuadrados, que dató en 1993. Sin embargo, el servicio de urbanismo y desarrollo metropolitano del Ayuntamiento de Chiclana, gobernado entonces por el PSOE, comprobó que entre los años 1990 y 1996 en aquella finca sólo había una superficie construida de 154 metros cuadrados. La inspección municipal posterior permitió descubrir que la parcela se había dividido en 11 partes y que habían empezado a construirse viviendas de unos 70 metros cuadrados.

El Consistorio puso este caso en conocimiento de la Fiscalía que encontró indicios de delito de falsedad documental en esta actuación y remitió denuncia al juzgado número dos de Chiclana, junto a otros cinco casos similares también detectados por el Ayuntamiento chiclanero.

Arquitecto detenido

El arquitecto Joaquín P. S. es uno de los 12 detenidos en la operación Obra nueva que mantiene abierta la Guardia Civil. Los certificados falsos servían para registrar una casa con más de cuatro años de antigüedad, que es el tiempo que marca la ley para que prescriba estas infracciones. La trama, en la que han aparecido implicados tasadores, abogados, agentes inmobiliarios y algún propietarios, perseguía inscribir la vivienda en el registro de la propiedad y revalorizar unos terrenos donde no se podían construir casas.

El Ayuntamiento de Chiclana emitió el pasado año un queja oficial ante la dirección del registro de la propiedad para tratar de evitar estas prácticas, sin obtener respuesta. También denunció varios de estos casos ante los juzgados sin que llegaran sentencias condenatorias.

A pesar de ello, el nuevo equipo de gobierno, formado por PP, IU, PA y PSA, ha acusado al anterior gobierno socialista, de "pasar la mano" y permitir el descontrol urbanístico del municipio.