Ninguna ley obliga a los ayuntamientos a prestar servicio de auxilio y vigilancia en las playas

La muerte de 18 personas por ahogamiento en las playas valencianas desde junio ha reabierto el debate sobre la necesidad de garantizar la seguridad del litoral, una responsabilidad que recae sobre los ayuntamientos. A comienzos del verano, los consistorios reciben desde hace cuatro años una carta de la Generalitat que les recuerda "la conveniencia de cubrir las medidas de seguridad en las playas".

La Cruz Roja es la entidad más presente en el litoral, ya que presta servicio en 31 de los 55 municipios costeros

Una ordenanza de la Federación de Municipios pretende homogeneizar la disparidad de criterios locales

18 personas han fallecido ahogadas en diferentes playas de la Comunidad Valenciana desde principios de junio

A diferencia de lo que ocurre en las piscinas, no existe ninguna ley que obligue a los municipios a prestar servicios de vigilancia y auxilio en su litoral. Y la Generalitat, en contra de lo que sucede por ejemplo en Baleares, no tiene intención de poner en marcha una norma autonómica. "La competencia es municipal y nosotros no podemos hacer más que remitir circulares con recomendaciones", apuntan desde la Consejería de Gobernación.

Una orden preconstitucional de 1972 transfiere a los ayuntamientos esa competencia; sin embargo, carecen de un marco legal de referencia que les oriente. La única ley vigente que afecta a las playas es la de Costas de 1988, que se centra sólo en aspectos urbanísticos. El resultado es que cada municipio cubre como considera oportuno el servicio. En la mayoría de los casos recurren a Cruz Roja, la entidad que realiza un mayor despliegue y que está presente en 31 de los 55 municipios con playa.

Con el propósito de conseguir una regulación homogénea de los servicios que se prestan en la costa, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Cruz Roja publicaron en mayo un modelo de ordenanza marco sobre seguridad en las playas, que sirve como ejemplo a los municipios que quieran adoptarla.

Uno de los requisitos de la ordenanza es la instalación de un puesto de primeros auxilios por playa o, en función de su extensión, cada 1.000 metros. El texto propone la creación de un servicio público de salvamento y vigilancia continua de las áreas de baño, atendido por un coordinador, un responsable de playa o de puesto, un socorrista, un patrón por embarcación y personal sanitario. Además propone el control de las señales de prevención de accidentes y la imposición de multas de hasta 1.500 euros para las personas que se bañen cuando ondea la bandera roja. La propuesta trata cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente, la limpieza, la regulación de la práctica deportiva en las playas o la presencia de animales.

Francisco Micó, secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), asegura que "la normativa actual no está clara" y que los ayuntamientos carecen de parámetros específicos para proteger sus playas y reducir los accidentes.

La Federación envió la ordenananza a los ayuntamientos y, de momento, 13 de ellos (L'Alfàs del Pi, Benidorm, El Campello, Dénia, Altea, Alicente, Finestrat, Poble Nou de Benitatxell, Teulada, La Vila Joiosa, Orihuela, Elche y Benicarló) estudian la ordenanza o elaboran una nueva inspirada en la anterior.

Un técnico del Instituto de Turismo de Elche asegura que este municipio se ajusta bastante a la ordenanza, pero también advierte que es difícil cumplir con todos los requisitos como la vigilancia continua. Éste apela también a la responsabilidad del bañista, si bien aplaude la unificación de criterios.