La liada madeja de Mutua Universal

La Intervención de la Seguridad Social sospecha que varias sociedades que prestaron servicios como meras factureras a Mutua Universal están "relacionadas entre sí y a la propia mutua" basándose en que algunos de sus cargos han trabajado en algún momento en la entidad catalana, según señala el informe que la Intervención General de la Seguridad Social trasladó a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Se refiere a firmas como Medigest Salud, Centros Sanitarios General, Proyectos Sound y Centro Canario de Medicina y Salud.

El informe dio lugar a una querella que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra el director gerente de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Juan Aicart, y varios de sus más estrechos colaboradores por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Algunas empresas investigadas son sólo proveedoras de servicios, dice la mutua

La mutua dice que algunas de las empresas investigadas son sólo proveedoras de servicios

El informe de la Intervención de la Seguridad Social llama la atención sobre varios casos en los que responsables de algunas sociedades han trabajando o trabajan para la mutua (véase cuadro). Por ejemplo, Juan Aicart desempeñó el cargo de administrador único de Centros Sanitarios General hasta 1990 y se había incorporado en 1976 a Mutua Universal -entonces integrada en Mutua General de Cataluña-. Asimismo, Juan Bou Catalán, hoy pensionista, ocupó cargos en Proyectos Sound y en Medigest Salud hasta 2001, tras haber estado trabajando en la mutua hasta 1990.

Además, Pere Teixidó fue consejero de Centros Sanitarios General de 2000 a 2001 y ha ejercido como doctor en prevención para la mutua desde 1981, según la Intervención de la Seguridad Social. Este organismo, encargado de controlar las cuentas entre las arcas públicas y las mutuas, receló de un buen número de coincidiencias de este tipo.

Según sus sospechas, buena parte de las empresas privadas investigadas se han constituido como sociedades limitadas porque quedan exentas así de hacer pública sus composición accionarial, mientras que las sociedades anónimas -pese a lo que su denominación puede dar a entender- tienen mayores obligaciones de transparencia. Centros Sanitarios General, no obstante, es una sociedad anónima.

Fuentes de Mutua Universal recalcaron ayer que las compañías investigadas "no tienen ninguna vinculación ni accionarial ni personal con la entidad, son proveedores de servicios y, en algunos casos, ni siquiera eso".

La Intervención de la Seguridad Social también sospecha que el bufete que diseñó todo un entramado empresas es Iuris Assesors i Gestors, aunque ningún miembro de este despacho pudo ser localizado por este diario para confirmar o desmentir que realizara trabajo alguno para la mutua catalana.

La mutua tiene ahora un plazo hasta el 22 de agosto para aclarar estos extremos y presentar alegaciones ante el Estado. La Secretaría de Estados de la Seguridad Social anunció el pasado 1 de agosto que abría un procedimiento administrativo -parejo a las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona- que concede un periodo de 15 días a los afectados para presentar las alegaciones.

Transcurrido este plazo, la Seguridad Social podrá dictar la resolución sobre el procedimiento iniciado y adoptar medidas cautelares de distinto calibre, en función de las conclusiones del organismo público: puede suspender en funciones a los directivos o intervenir la entidad, entre otras medidas.

La junta directiva, presidida por Juan Echevarría Puig (ex presidente de la eléctrica Fecsa y de Nissan en España), se encuentra en principio al margen de las sospechas de Fiscalía y ha asumido el gobierno directo de la entidad, ya que Juan Aicart ha abandonado sus funciones, al menos, mientras se desarrolla la investigación.

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales son entidades sin ánimo de lucro colaboradoras de la Seguridad social encargadas de pagar las bajas laborales -salvo las de maternidad- y los gastos sanitarios del trabajador. Por eso, se financian a través de las cuotas de accidente y enfermedades profesionales que recauda para ellas la Tesorería de la Seguridad social y que son a cargo exclusivo de las empresas. También tiene líneas de negocios privados como la asesoría en prevención de riesgos laborales, actividad que debe estar desvinculada de la mutua.

Tanto la Fiscalía como la Seguridad Social han recalcado en todo momento que la investigación, en fase preliminar y bajo secreto de sumario, se lleva a cabo sin alterar el funcionamiento habitual de la mutua, que es la tercera de España y la primera de Cataluña.

La entidad con sede en Barcelona también sacó pecho anteayer en este sentido, en una nota informativa publicada en varios periódicos, y recordó que sus reservas obligatorias y voluntarias están dotadas en los máximos legales, ya que alcanzan un montante de 454 millones.