El fiscal general de EE UU podrá acelerar las ejecuciones

La pena de muerte, Tejas y el fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, forman un trinomio amargamente célebre entre los detractores de la pena capital. Mucho antes de convertirse en el principal responsable de la justicia estadounidense, Gonzales era quien revisaba las peticiones de clemencia como consejero legal de George W. Bush en Tejas, cuando éste aún era gobernador de aquel Estado y con quien se dispararon los récords de ejecuciones.

Este mes, el trinomio ha vuelto a encontrarse: mientras Tejas se prepara para ajusticiar con orgullo a su preso número 400, batiendo así todos los récords de ejecuciones nacionales desde que fuera reinstaurada la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, Gonzales -a quien la mayoría demócrata en las dos Cámaras tiene enfilado por el caso de los fiscales (ocho fueron destituidos por razones políticas)- ultima la nueva regulación que reducirá de forma dramática y a escala nacional el tiempo de los condenados para apelar sus sentencias y el de los jueces para revisarlas.

El Estado de Tejas se prepara para ajusticiar con orgullo a su preso número 400

Hay quienes dicen que es muy caro gastar 66.600 euros al año por condenado

La ley, incluida con calzador y de forma muy silenciosa el pasado año en el Patriot Act -el paquete de medidas antiterroristas que se aprobó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y que fue renovado el pasado año por el Congreso de EE UU-, podría comenzar a ponerse en práctica el próximo otoño, después de que finalice el plazo para presentar comentarios públicos, que expira dentro de un mes.

"Es muy posible que la mitad de los congresistas ni se enteraran de que el año pasado aprobaron esta nueva normativa. La atención se centró en las partes de la ley que afectaban a las libertades civiles y esta sección pasó sin hacer ruido, pero tendrá consecuencias catastróficas para los condenados a muerte", aseguró a este diario Robert Owen, codirector del Centro para la Pena Capital de la Escuela de Leyes de la Universidad de Austin, en Tejas.

La nueva regulación deja en manos de Gonzales la posibilidad de decidir si un Estado cumple las condiciones adecuadas para acelerar los procesos de apelación de sus condenados a muerte. En el caso de que el fiscal general apruebe la petición de un Estado para utilizar el proceso expeditivo, los abogados sólo tendrán seis meses en lugar de un año para apelar sentencias y los jueces tendrán que tomar decisiones en 18 meses, mientras que hasta ahora el tiempo era ilimitado.

"Además, se restringe la posibilidad de incluir nuevas evidencias, la parte clave y que más se tarda en conseguir y con la que se suele lograr demostrar la inocencia de muchos condenados a la pena capital. Además, los jueces tampoco podrán prestarle suficiente atención a cada caso", subraya Owen.

Desde 1996 existía la posibilidad de que las cortes federales aprobaran el proceso expeditivo, pero la ley exigía que pudiera demostrarse que los Estados estaban preparados para darle al acusado (por lo general sin recursos económicos) la representación legal adecuada para apelar. Ninguno llegó nunca a conseguir ese certificado.

"El problema es que ahora basta con que el Estado exprese en sus leyes esa voluntad, al margen de que en la práctica sus abogados no estén preparados o no haya dinero para investigar los casos seriamente. Es una legislación muy cínica para ejecutar más gente a más velocidad, porque lo cierto es que el sistema que provee de abogados a los acusados sin recursos es un absoluto desastre. Yo he tenido que trabajar gratis más de una vez y aunque considero que es una obligación ética darle representación a quien lo necesita, apenas hay abogados dispuestos a hacer este trabajo y muchos ni siquiera están preparados", declaró a este periódico George Kendall, abogado y colaborador de la ACLU, la Asociación Americana de Libertades Civiles.

Kendall lleva más de tres décadas trabajando en el corredor de la muerte y su experiencia le dice que el tiempo es clave para evitar que se ejecute a presos inocentes. "Ahora, los condenados pueden pasar entre siete y 20 años esperando ser ejecutados. Pero en muchos casos es vital: yo salvé a un preso 10 minutos antes de su ejecución porque conseguí que dos testigos de su juicio que habían mentido lo confesaran. Era inocente y había pasado una década en prisión. Si el sistema hubiera obligado entonces a acelerar la decisión del juez, aquel preso estaría muerto".

Ése es el mismo argumento que defienden organizaciones como Innocence Project, una ONG que desde 1992 ayuda a presos (condenados a muerte o no) que podrían probar su inocencia utilizando las pruebas de ADN. En Estados Unidos, 15 personas condenadas a la pena capital evitaron la muerte gracias a esos análisis.

"Los presos necesitan tener más oportunidades de demostrar su inocencia, no menos, y la prueba es que todos los meses conseguimos exonerar a alguien, lo cual significa que en las cárceles hay presos inocentes. Hay un problema de base en el sistema de justicia criminal que este país necesita resolver", declaró a este diario Erica Ferrero, portavoz de la organización.

En un país con 3.350 personas en el corredor de la muerte, y donde 38 Estados aprueban las ejecuciones, hay quienes consideran que se tarda demasiado en cumplir con las sentencias y que es demasiado caro mantener a esos presos -unos 90.000 dólares al año (66.600 euros) por cada uno-.

Pero para abogados como Robert Owen, el problema es de otro tipo. "Pobreza y clasismo. Quienes están en el corredor de la muerte son personas sin recursos que no pudieron pagarse un abogado que les defendiera en debidas condiciones. Hay un desequilibrio entre lo que el Gobierno se gasta en perseguir al criminal y lo que invierte en ayudarle a defenderse. Mientras no se elimine la pena de muerte no se va a acabar con la injusticia de que sólo los pobres acaben siendo ejecutados. Y entre los pobres, las minorías. En los corredores de la muerte hay un número desproporcionado de negros, chinos e hispanos".