"Nos preocupa la calidad de la mano de obra inmigrante"

Fernando Casado Juan (Barcelona, 1943) tiene vocación de docente -preside la Escuela de Administración de Empresas y es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras-, pero siempre ha estado ligado al mundo empresarial. Desde 1993 dirige el Instituto de la Empresa Familiar, una organización que agrupa a las grandes corporaciones españolas gestionadas por familias y ejerce de portavoz de sus inquietudes ante las administraciones y la opinión públicas. Estas inquietudes las suelen canalizar a través de estudios específicos. El último de ellos, Hacia un modelo de inmigración sostenible, está dedicado a los problemas de la inmigración ilegal en España.

Pregunta. ¿En qué afecta a las empresas familiares la inmigración ilegal?

"En algunos Estados europeos se están registrando problemas con la segunda generación de inmigrantes por falta de integración"

Respuesta. Nos empieza a preocupar la baja calidad de la mano de obra que está llegando. Los inmigrantes ilegales se refugian en la importante demanda de empleo en ciertos sectores de actividad para los que no existen mecanismos de canalización o los que existen dejan mucho que desear. Cuando necesitas mano de obra te vuelcas en gestionar su contratación y te encuentras con un cupo. No puedes traer a los trabajadores que necesitas.

P. Se topan con barreras a la contratación.

R. Te tiras tres meses para conseguir las autorizaciones. Entendemos que existe una necesidad para que se reformen estos trámites porque algunas empresas han optado por contratarlos en origen por su cuenta.

P. ¿Qué empresas se han visto obligadas a hacerlo?

R. El grupo Boluda tiene más de mil inmigrantes en sus barcos, en el Sigla. Estas empresas disponen de centros de captación y formación de inmigrantes en los países de origen. Casvega, la embotelladora de Coca-Cola, también contrata y forma en origen, pero no resulta sencillo hacerlo.

P. ¿Tiene dificultades administrativas o de algún otro tipo?

R. Están firmando acuerdos con algunos países, pero entendemos que estas políticas no puede hacerlas sólo España. Deben estar coordinadas con las comunidades autónomas y con la Unión Europea. Una vez conseguida esta combinación podríamos fomentar la captación en origen. Tenemos que ayudar en este proceso. Si funcionara se podría ser más riguroso con los ilegales.

P. ¿Por qué les preocupa su integración?

R. Es una cuestión importante, profunda. Debería aplicarse una política discriminatoria y premiar a los que más se integran, los que llevan a sus hijos a la escuela, los que respetan los contratos temporales. A quienes cumplen se les podría ofrecer ventajas, como dotarles de un certificado para agilizar los trámites administrativos. La integración es fundamental. En algunos Estados europeos se están viviendo problemas con la segunda generación de inmigrantes por esta falta de integración. Entendemos que deberían subsanarse esos problemas.

P. ¿Cuál ha sido el detonante para que encarguen un estudio sobre estos problemas?

R. Surgió por una propuesta de Barceló, socio nuestro. Ellos, como las empresas radicadas en Canarias, pagan un 5% en impuesto de sociedades si reinvierten en las islas. Como ya están saturadas, piden que se aplique ese mismo criterio a las inversiones en los países de origen de los inmigrantes. Si te obligan a reinvertir en Canarias tienes que asumir costes de repatriación.

P. En las conclusiones del estudio proponen modificar la ley de arrendamientos.

R. Pedimos ampliar las garantías para la gente que alquila sus pisos y favorecer a los que desean alquilar.

P. Por qué ponen tanto énfasis en la calidad de la mano de obra inmigrante.

R. Es que llegan con muy baja calidad y unos niveles de productividad no deseables. Eso se resolvería mediante la captación y formación en origen a través de programas específicos. Tenemos una legislación inadecuada que permite a un inmigrante ilegal introducirse en el mercado de trabajo si no se le ha expulsado del país tras 40 días de internamiento.