El juez imputa a tres operarios por el incendio de L'Alcalaten

El secretario general de La Unió-Coag, Joan Brusca, anunció ayer que la organización se personará en el procedimiento judicial iniciado de oficio ante la posibilidad de que exista un delito en el origen del incendio de L'Alcalaten. Al mismo tiempo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) indicaron que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, que instruye la causa, ya ha tomado declaración a uno de los tres operarios de la subcontrata de Iberdrola, la empresa Montelpa, que trabajaban en la zona y en el momento en el que se originó el incendio.

Los otros dos trabajadores han sido citados para declarar, también en calidad de imputados, el próximo 15 de octubre, después de que ellos mismos reconocieran que los trabajos que realizaban, junto a una torre de media tensión con una radial, fueron el origen de las chispas que acabaron prendiendo la vegetación.

Las mismas fuentes indicaron que aunque la causa se ha abierto por un presunto delito contra el medio ambiente, de momento no se han concretado las imputaciones ya que la calificación de los hechos podría variar en función de la propia instrucción y del resultado de las diligencias que se practiquen.

En cualquier caso, los seis alcaldes de los municipios afectados ya han anunciado que presentaran una querella para buscar a los posibles responsables del incendio que afectó a una superficie perimetral de cerca de 7.000 hectáreas, entre las que alrededor de 5.500 quedaron calcinadas. Para ello se reunirán mañana con el fiscal, con el fin de que les asesore en las formas en la que han de acudir para personarse en la causa.

Asumir la "catástrofe"

Para Joan Brusca, "los responsables han de asumir esta catástrofe, puesto que este tipo de delitos no pueden quedar impunes" y, así, indicó que "exigiremos las responsabilidades correspondientes ya que el incendio ha afectado especialmente a agricultores y ganaderos".

Pero, al margen del proceso judicial, el secretario general de La Unió consideró que los agricultores deberían percibir las ayudas, sin importar si sus tierras estuvieran o no aseguradas ya que, ente otras cosas, "los campos de cultivo sirven de cortafuego para los incendios y los terrenos de ganadería limpian el bajobosque". De esta manera consideró estas actividades como un "servicio social" para la prevención contra incendios. Además, reclamó una serie de beneficios fiscales para los afectados y demandó la regulación de las actividades peligrosas no agrarias en zonas forestales valencianas, a la vez que recomendó "que las instalaciones eléctricas de las zonas forestales minimicen su peligro situándolas en los cortafuegos".