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Reportaje:

A la espera de un depósito

Una comisaría lleva más de 10 años acumulando vehículos intervenidos judicialmente

Sevilla, 1992. Tres tráilers son interceptados por la policía transportando estupefacientes. Tras la operación antidroga, son intervenidos judicialmente y, a falta de un depósito donde aguardar la decisión del juez, se aparcan en las dependencias de la comisaría de Blas Infante. Sevilla, 2007. Los tres camiones crían polvo en la misma comisaría. El auto del juez nunca llegó. El depósito judicial de vehículos, tampoco.

El sindicato UFP (Unión Federal de Policía) lleva más de una década reclamando un depósito que albergue los vehículos intervenidos. Málaga es la única provincia que cuenta con uno y Sevilla espera que su petición tenga respuesta en menos de un año, ya que el pasado 30 de marzo el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el concurso convocado por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta.

Hasta entonces, y a pesar de que había una orden ministerial de 1984, no se habían iniciado los trámites para la creación de un depósito judicial. El contrato convocado -que cuenta con un presupuesto base de licitación de 230.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses- está "a punto de adjudicarse", asegura Justicia, que explica que "previa fiscalización de intervención", el contrato se firmará "previsiblemente" la semana que viene. Justicia no ha desvelado la empresa adjudicataria ni el emplazamiento, pero asegura que los vehículos se retirarán en una o dos semanas.

El secretario general de Andalucía Occidental de UFP, José Méndez, se muestra un tanto escéptico después de tantos años pidiendo lo mismo. "Esto es la lucha del Llanero Solitario contra las administraciones", dice en el patio interior de la comisaría de Blas Infante. A su alrededor, los tres camiones, decenas de motos y un centenar de coches muestran el paso del tiempo.

En su mayor parte están totalmente desvencijados, llenos de telarañas o con los cristales rotos. Otros lucen las heridas producidas en persecuciones policiales, morros hundidos o laterales magullados. Y otro grupo aún reluce y presume de cilindrada. Son los que podría utilizar la policía "con autorización del juez", explica Méndez, "y en estas condiciones van a acabar todos listos para el desguace".

Los vehículos se han ido acumulando en una explanada de la Jefatura Nacional de policía, donde deberían estar aparcados los coches policiales que, a falta de espacio, estacionan alrededor de una rotonda junto al depósito improvisado. Ahora la situación está "mejor" ya que tras las protestas de los policías y los alumnos de un instituto colindante, en abril Justicia retiró los vehículos aparcados en el exterior.

Allí había montañas de motos y coches a medio desguazar. Méndez recuerda casos de coches que en menos de un día aparcados "ya sólo quedaba la carcasa porque la gente venía a por todo lo que podía". El sindicalista asegura que aún quedan unos 400 o 500 coches ("las motos ni las contamos") por retirar entre Blas Infante, la comisaría de Nervión y las dependencias policiales situadas en el Cortijo de Cuarto, donde hay incluso una lancha motora.

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