Un juez que eligió la independencia

El juez que procesó por malversación de caudales públicos a la viuda y cinco hijos del ex dictador Augusto Pinochet y otros 17 miembros de su camarilla, Carlos Cerda, viajará hoy a Estados Unidos para recibir el miércoles un premio de defensa de los derechos humanos de la Fundación Peter y Patricia Gruber dotado con unos 126.000 euros. El motivo: haberse atrevido a procesar durante la dictadura a militares involucrados en la represión.

El viaje no ha gustado a los detenidos y alguno de los abogados defensores pidió ayer la intervención de Enrique Tapia, presidente de la Corte Suprema. Pero Cerda sabe resistir las presiones. Mientras ayer contestaba por escrito los recursos de amparo que han presentado los abogados de los procesados, y les concedía la libertad provisional, tenía el pasaporte a su lado, sobre el escritorio. A todos sus cercanos ha insistido en que viajará como estaba previsto y con su familia.

Tras interrogar a Pinochet dijo: lo he encontrado "muy bien como ser humano"

Se negó a aplicar la ley de autoamnistía de 1978 a los militares que había procesado

Es muy difícil que lo dobleguen. No lo pudo hacer el Supremo en 1986, durante el período de Pinochet, cuando le ordenaron aplicar la ley de autoamnistía de 1978 a los militares que había procesado, entre ellos un ex miembro de la Junta de Gobierno, el general Gustavo Leigh, y los miembros de un escuadrón represivo, el Comando Conjunto, en total 40 uniformados incluyendo 33 en servicio activo, por la desaparición de 10 militantes comunistas.

La Corte Suprema, entonces integrada por jueces designados por Pinochet, lo suspendió tres meses y lo dejó dos meses sin sueldo. Cerda soportó el castigo y estuvo al borde de ser expulsado de la carrera judicial por malas calificaciones, pero no aplicó la amnistía que le exigían.

Con su férrea defensa de la independencia de un juez, Cerda (64 años, dos hijos) se ha ganado el reconocimiento de muchos, pero también la aversión de otros. En los tribunales no cuestionan sus méritos: lo consideran uno de los mejor preparados. Abogado titulado en la Universidad Católica, tiene grado de magíster y doctorado en Derecho Penal en Lovaina y es autor de varios libros de Derecho Penal, Procesal y Familiar.

Cuando el presidente Ricardo Lagos lo propuso para entrar en el Supremo, no logró los votos necesarios porque la derecha le cobró la cuenta pendiente por sus procesamientos a militares en la dictadura. Su ascenso fue rechazado porque tenía malas calificaciones en su expediente obtenidas cuando el Supremo lo castigó por negarse a aplicar la autoamnistía.

Después de haber sido presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde fue uno de los magistrados decisivos para incorporar en este tribunal el criterio que hoy predomina de no aplicar la autoamnistía, fue designado para el caso Pinochet por el Supremo tras el ascenso de Sergio Muñoz.

Caballeroso y afable, al término del interrogatorio a Pinochet afirmó que lo había encontrado "muy bien como ser humano y como persona". Es comunicativo y su apertura con la prensa le ha costado más de una amonestación de sus superiores.

Con el caso Riggs en sus manos, aplicó su estilo que en los pasillos de la Corte llaman trabajólico. Su sala es casi siempre la última en cerrar y desde temprano está leyendo y dictando órdenes a la policía. El procesamiento a los 23 miembros de la telaraña que Pinochet construyó para ocultar sus operaciones se basa en un legajo de 300.000 páginas.

Por su carácter reacio a las presiones y su trayectoria de defensa de los derechos humanos, la estrategia del equipo jurídico de Pinochet fue tratar de apartarlo del caso. Presentaron una petición de "implicancia" de Cerda por su supuesta parcialidad en este juicio y una queja por actuaciones "contrarias a Derecho" del magistrado. Pero en dos resoluciones sucesivas en septiembre, la Corte de Apelaciones rechazó estas peticiones y el juez reasumió el caso.

Tardó cuatro días en armar el procesamiento que estremeció al país. Ya tenía todos los antecedentes en sus manos. El fallo hizo aflorar la emoción latente de la sed no saciada de justicia en el caso del ex dictador por su muerte en diciembre de 2006.

El día del procesamiento, muchos sintieron que se hacía justicia y terminaba la impunidad de sus familiares y su camarilla.

En el Parlamento, tras conocerse la noticia, un grupo de diputados de la Concertación (democracia cristiana y socialistas) se puso de pie y cantó el himno nacional a pleno pulmón. Sorprendidos, varios parlamentarios de la derecha se pusieron también de pie a cantar, hasta que se enteraron del motivo de la alegría. El día del procesamiento circuló un correo electrónico que sólo decía "Hurra". En otro se daba la lista completa de los procesados.

En un seminario en la sede de la Cepal, un organismo de Naciones Unidas, este corresponsal vio como algunos brindaron con lo que único que tenían a mano: el café que dan en los descansos.