Mantener el ladrillo lejos de la costa

Cádiz, con el 31,7% del suelo del primer kilómetro del litoral ocupado por edificios, es una de las provincias españolas que conserva en mejor estado su franja costera y cuenta todavía con muchos kilómetros de playa virgen. No en vano, en sus 272 kilómetros de litoral existen nueve espacios naturales protegidos. Sin embargo, el enorme potencial turístico y las previsiones de crecimiento de los ayuntamientos costeros -el plan urbanístico de Chiclana, anulado por un juez, preveía levantar 40.000 viviendas- amenazan seriamente la supervivencia de la costa.

La zona entre Tarifa y Chiclana es la más amenazada por la construcción

El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, afirmaba en su último informe que "no resulta exagerado calificar la situación como de fuera de control". El frente costero gaditano, el único de España bañado por dos mares, presenta una gran variedad de usos y ocupaciones. Mientras que en la zona de Algeciras y el estrecho de Gibraltar predominan las fábricas y los espacios industriales, en la bahía de Cádiz se desarrollan grandes municipios como la capital, Puerto Real, Puerto de Santa María o San Fernando. Es en la zona entre Tarifa y Chiclana, un largo espacio de dunas y playas casi vírgenes, donde se concentran las mayores presiones del llamado turismo residencial.

Las ocupaciones ilegales del dominio público en el litoral de Cádiz se dan con viviendas unifamiliares entre las dunas o instalaciones industriales, en ocasiones muy contaminantes, como en el caso de la bahía de Algeciras. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el conjunto de propuestas del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el litoral, plantea el derribo de numerosas instalaciones que invaden el dominio público.

Las demoliciones de ocupaciones en la llamada Zona de Servidumbre de Protección afectan a todo el litoral, pero especialmente al eje Chiclana-Barbate-Tarifa. "Chiclana es un verdadero desastre. Hay entre 15.000 y 25.000 viviendas ilegales en todo el municipio sin luz ni saneamiento", denuncia Daniel López Marijuán, secretario provincial de Ecologistas en Acción. En el municipio de Conil, donde se prevén 5.000 viviendas nuevas fuera del dominio público, el ladrillo amenaza la zona de Roche, que "ha crecido desmedidamente encima de un acantilado y también sin depuración", según López Marijuán.

Vejer de la Frontera tiene su particular "museo de los horrores", según los ecologistas: la urbanización El Palmar. En esta área de litoral virgen, Medio Ambiente va a desplegar todo su abanico de actuaciones. En primer lugar, pretende eliminar las construcciones que ocupan la zona de servidumbre de protección, la zona de 100 metros tierra adentro desde la ribera del mar y cuya gestión corresponde al Gobierno. La segunda medida consiste en eliminar la carretera de la costa y las infraestructuras situadas en el dominio público. La tercera actuación será rescatar los derechos sobre las fincas situadas en zona pública para evitar que se construya sobre ellas. Este esquema de actuaciones se repite a lo largo de todo el litoral gaditano, como en Sanlúcar y Chipiona donde existen numerosas invasiones del dominio público, muchas de ellas viviendas de hace pocos años y fuera de toda ordenación.

El jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz, Federico Fernández, afirma que el plan de restauración "va mucho más allá del derribo de casas sobre el dominio público", y que se pretende facilitar el acceso al mar "mediante una política de senderos alejada del concepto de paseo marítimo" que en otras zonas ha servido de excusa para levantar edificios frente al mar.

Uno de los aspectos más originales de la Estrategia de Medio Ambiente para Cádiz es la puesta en marcha de un Implantación de un "sistema remoto de vigilancia de pecios", que permita el control de las embarcaciones que circulan por los puntos catalogados como de interés arqueológico. Con ello se pretende evitar expolios de bienes culturales como los supuestamente llevados a cabo por el barco cazatesoros Odissey Explorer. Costas propone desarrollar un Plan de Contingencias que permita una "respuesta inmediata" frente a vertidos contaminantes, como los producidos en los últimos meses por los buques Sierra Nava y New Flame.