Bolivia, Constitución o exclusión

El proceso constituyente, si dependiera de los partidos conservadores, no se habría iniciado y se mantendría la exclusión de más de la mitad de la población. O el proceso se alargaría indefinidamente para neutralizar al Gobierno de Evo Morales. Si no lo consiguen, optan por fracturar el país. La oposición, sin embargo, está hoy mal representada por sus partidos, relativamente débiles y fragmentados, los cuales han optado por abandonar la Asamblea Constituyente. Los medios titulan que el MAS y Evo han "impuesto su Constitución", pero la oposición abandonó la Asamblea y pretende hacer durar indefinidamente el proceso constituyente, que lleva ya más de un año, para paralizar la acción de gobierno. Es negativo, evidentemente, que unos y otros hayan optado por el enfrentamiento en lugar del necesario consenso que requiere el marco constitucional. Pero las responsabilidades no están repartidas por igual. Se ha aprobado un proyecto de Constitución con una mayoría superior a dos tercios por la ausencia voluntaria de la oposición. Lógicamente, ahora debería plantearse un referéndum para despejar las dudas sobre los asuntos más conflictivos.

El caballo de batalla de la oposición es la reivindicación de la autonomía y la capitalidad para Sucre

La música es lógicamente indigenista. El MAS se comprometió a iniciar un proceso institucional para terminar con la exclusión histórica de la población indígena, pero defiende la democracia representativa y participativa. La derecha económica no creo que quiera derribar a Evo Morales, que aparece como el único líder capaz de evitar el caos. Y resulta demagógico ironizar sobre el lenguaje de un movimiento que representa a unas mayorías populares a las que durante siglos se ha dejado al margen de la vida política. Las propuestas de "democracia directa" son imprecisas y no muy diferentes de los consejos cívicos de la presidenciable Ségolène Royal o el voto programático de la Constitución colombiana, que en teoría permite desposeer a los cargos electos de su mandato. Las referencias al colectivismo de las tierras indígenas y a su peculiar justicia no hace sino reconocer una situación de hecho que se mantiene desde la independencia. Su posible inclusión en la Constitución estaría condicionada por el respeto de los derechos fundamentales y la adhesión a la Carta Internacional de Derechos Humanos, lo cual permitiría ilegalizar los comportamientos y las penas que conculquen estos derechos. Estas cuestiones, que afectan únicamente a las comunidades territoriales indígenas -es decir, un cuarto de la población, aproximadamente-, no parece que preocupen especialmente a los criollos, excepto como arma de propaganda contra el Gobierno.

La reacción opositora ha hecho de la reivindicación de la autonomía regional y de la capitalidad para Sucre su caballo de batalla. Antes de las elecciones presidenciales se convocaron las primeras elecciones de prefectos y en cuatro de los nueve departamentos ganaron candidatos opositores. Hoy son estos prefectos y los comités cívicos que se han creado en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, la llamada Media Luna, la principal estructura de la movilización opositora. El movimiento se ha ampliado a Sucre y a Cochabamba, ciudades que siguen en importancia a La Paz y Santa Cruz. Pero reducir la cuestión a un enfrentamiento entre centralistas y autonomistas es inexacto.

El Gobierno de Evo Morales propone una ambiciosa descentralización a favor de las regiones, los municipios y las comunidades indígenas. Plantea una regionalización del país y se discute la idoneidad de los departamentos actuales. Se apunta la posibilidad de crear regiones de menor tamaño como marco de programas económico-sociales compartidos sin menoscabar las competencias de los departamentos. En los encuentros que tuve con los actuales gobernantes sugerí evitar el incrementalismo institucional y apoyarse en los actuales departamentos para promover el desarrollo regional. No se quiere sustituir el actual centralismo por otro y se enfatiza también la autonomía de los municipios y de las "36 nacionalidades indígenas" (léase comunidades territoriales). Hay que tener en cuenta que en Bolivia, excepto en el caso de Santa Cruz (cuyo movimiento recuerda la Liga Norte de Italia), el regionalismo era hasta ahora un movimiento casi inexistente. El presidente propone ahora someter a referéndum su cargo y también los de los nueve prefectos. Es quizá un último recurso para evitar la fractura social si los protagonistas aceptan el resultado.

La demanda de capitalidad plena de Sucre ha terminado de agudizar el conflicto. Capital fundacional del país, fue desplazada progresivamente por La Paz, cuatro veces más grande, sede del Gobierno y del Parlamento. Sucre es sede del poder judicial, y en la nueva Constitución verá reconocida su capitalidad histórica y recibirá otras instituciones de la nación. Pero hasta la presidencia de Evo Morales no se había planteado una exigencia de recuperar las instituciones propias de la capitalidad con la radicalidad actual. Otra operación manipulada por las minorías que se consideran las únicas legitimadas para ejercer el poder.

Como indicador de esta voluntad de reconocimiento histórico, la Asamblea constituyente se convocó en Sucre. Desde Santa Cruz y otras zonas opositoras, los comités cívicos, que han suplantado a sus partidos, se movilizaron y miles de sus miembros fueron a Sucre para manifestarse contra los constituyentes. Paralelamente, se radicalizó la demanda de capitalidad plena y las organizaciones gremiales y universitarias se añadieron a los manifestantes opositores llegados de fuera. El resultado es conocido: enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas policiales que protegían a los constituyentes. Hubo algunos muertos, pero no hay indicios de que la policía disparara y sí de que hubiera manifestantes armados. El Gobierno evitó que llegaran a Sucre las columnas indígenas que se movilizaron en defensa de la Constitución.

Este detalle ayuda a entender el rechazo intolerante de los comités cívicos contra los constituyentes, entre los cuales hay muchos indígenas: los gremios sucreños han hecho campaña y han logrado que en la ciudad no se les permita el acceso ni a los hoteles, ni a los restaurantes, ni a los comercios, ni siquiera a los equipamientos o locales adecuados para reunirse. El racismo originario de Bolivia está aún muy presente.

Jordi Borja es profesor de la UOC.