El Consell tramita planes urbanísticos que afectan a 130 millones de metros

La Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda tiene sobre la mesa 175 expedientes de planeamiento urbanístico que afectan a una superficie conjunta de 129,7 millones de metros cuadrados de suelo clasificado como no urbanizable. Los expedientes en cuestión fueron remitidos al Consell entre 2001 y 2007 tras ser aprobados de forma provisional por los Ayuntamientos correspondientes, según se desprende de la respuesta del consejero José Ramón García Antón a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Francesc Signes.

"No es responsable poner trabas a todas las iniciativas del Gobierno"

El consejero responsable de Vivienda asegura, en otras respuestas paralelas, que ningún Ayuntamiento ha sido eximido de la obligación de ceder suelo para la promoción de viviendas protegidas que recoge la Ley Urbanística Valenciana y añade que cinco municipios se han visto forzados a proveer suelo protegido en expedientes que implicaban la reclasificación de suelo no urbanizable, tal como establece la Ley de Ordenación del Territorio.

La crisis de liquidez que afecta al conjunto del sector inmobiliario ha provocado un descenso de actividad notable de parte de los promotores, pero la cuarta parte de los valencianos perciben el acceso a la vivienda como el problema que más directamente les afecta.

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno y cabeza de la lista socialista por Valencia al Congreso, y García Antón, consejero de Vivienda, rivalizaron ayer con sendas promesas relativas a la promoción de viviendas de protección pública. Fernández de la Vega prometió 447 viviendas sobre suelo militar en Valencia. García Antón, por su parte, prevé construir 114.000 viviendas protegidas "en los próximos años".El consejero culminó un encuentro con alcaldes de la provincia de Valencia para recabar su colaboración en la cesión de suelo municipal con el espectacular anuncio de la próxima construcción de 140.000 viviendas protegidas. "La Generalitat tiene en marcha la construcción de 34.000 nuevas viviendas protegidas (VPP), dispone de suelo para sacar otras 60.000 en unos meses y prevé sumar 34.000 más a través de nuevos convenios con Ayuntamientos", afirmó García Antón. "Esto, sumado a las viviendas que salgan al mercado por iniciativa privada, acerca al Gobierno valenciano a su objetivo de edificar alrededor 140.000 nuevas VPP en los próximos años", añadió.

Pero la historia reciente pone en entredicho las declaraciones del consejero. El Consell tenía previsto impulsar 100.000 viviendas de protección de oficial a lo largo de la pasada legislatura, una promesa que reiteró entonces el responsable del departamento, Rafael Blasco. Pero levantó 25.470, según datos ofrecidos por el propio consejero García Antón en respuesta parlamentaria a la diputada socialista María José Salvador.

Los datos "cuestionan la credibilidad" de García Antón, comentó la diputada socialista, quien recordó que la Generalitat debería multiplicar por cinco su capacidad de promoción de vivienda para acercarse a sus nuevas previsiones. Salvador recordó, además, que la mitad de las viviendas protegidas que se construyeron a lo largo de la pasada legislatura autonómica fueron financiadas por el Estado.

García Antón culminaba su encuentro con alcaldes de la provincia de Valencia poco después de que María Teresa Fernández de la Vega inaugurara en Valencia la primera conferencia internacional sobre Nueva Cultura Urbana impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, universidades y colegios profesionales de arquitectos e ingenieros.

De la Vega aprovechó la ocasión para anunciar la promoción de 457 viviendas protegidas sobre suelo militar de los parques de artillería e ingenieros. La promoción supondrá una inversión de 15 millones de euros.

El Ayuntamiento de Valencia replicó que el convenio en cuestión se firmó hace dos años, pero el Ministerio de Vivienda aseguró que el acuerdo es "novedoso" y que el Estado cederá el suelo y actuará como promotor.

De la Vega también reflexionó sobre la importancia de la ciudad (polis) como ámbito donde cobra peso la gestión de lo público (política) y sobre la lealtad entre administraciones. "No es admisible ni responsable que, pretendiendo ampararse en conflictos de competencias que esconden intereses partidarios, haya administraciones que sistemáticamente pongan trabas a iniciativas del Gobierno que solucionan problemas y benefician a los ciudadanos", dijo.