La Generalitat mantendrá en el abandono las sedes de la fiscalía

La situación de la Fiscalía, la falta de funcionarios que mantiene paralizadas centenares de causas y las instalaciones insalubres son la consecuencia de la falta de inversión de la Consejería de Justicia. Ayer mismo el titular de Justicia, Fernando de Rosa, dejó claro que las condiciones en Alicante ciudad, Torrevieja, Alzira o Gandia no van a cambiar. Según datos facilitados por el PSPV y obtenidos de respuestas a preguntas parlamentarias, la plantilla de funcionarios está congelada desde 2001, el 22% de los funcionarios son interinos y en 2007 el gasto en mejoras en infraestructuras fue de poco más de 307.000 euros (58.397 en Alicante, 29.811 en Castellón y 218.519 en Valencia). Además, los nuevos palacios de justicia corren por cuenta de los Ayuntamientos, como ha sido el caso de Torrevieja y Orihuela, lo es en este momento el de Alcoy, y será el de Elche. A 25 de enero, según la propia consejería, el refuerzo de personal es de 61 interinos. De ellos, solo diez están adscritos a Fiscalía (tres en la de Valencia, dos en la sección de violencia, tres en el destacamento de Alzira, uno en Alcoi y uno en Vinaròs). La Fiscalía cuenta con 155 funcionarios (son más de 200 los fiscales de la Comunidad Valenciana).

Denuncias de falta de medios frente a las apariencias triunfales del Consell

Justicia, sin embargo, corrige esos datos. Asegura que la plantilla está congelada porque la convocatoria de concurso corresponde al Ministerio de Justicia, porque así consta en las transferencias. Josefa Andrés, diputada del PSPV en las Cortes, contesta que "Justicia no ha dimensionado los funcionarios que hacen falta desde hace ocho años, y reduce a la mínima expresión el número de refuerzos a pesar del impresionante crecimiento de órganos judiciales y de la plantilla fiscal".

De Rosa asegura que en 2007 su departamento gastó 197 millones de euros en la Administración de Justicia (en mejoras de las infraestructuras, personal, informática y gastos corrientes), que en 2008 la cifra será de 240 millones y que en 2003 fue de 121,5. Andrés asegura que "las cifras que maneja el consejero son una mentira, está utilizando de forma partidista su responsabilidad, falta a la verdad y le pedimos que dé cuenta de ello en las Cortes".

Lo cierto es que la Fiscalía sufre un estado de abandono, está instalada, salvo excepciones, en dependencias inaceptables, carece de funcionarios suficientes y las perspectivas no son de mejoras.Los fiscales no caben en Alzira, no tienen siquiera un espacio para atender con intimidad las denuncias de violencia machista; su despacho convive con la vida cotidiana de los vecinos de una finca en Gandia; el jefe de Elche no tiene espacio para una mesa; en Torrevieja no registran por falta de funcionarios. Y de Rosa les contesta: "En Alzira vamos a poner una primera piedra; en Alicante estamos pendientes de los terrenos...; hemos invertido 250 millones en renovación de edificios y casi 1,5 al año en refuerzos judiciales. Esto no es el No-Do". Los fiscales no tienen respuesta a corto plazo y la situación ha provocado críticas.

El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, instó ayer a la Generalitat a dotar de medios e infraestructuras a fiscales y juzgados. "Es lamentable que los fiscales tengan que trabajar en instalaciones con graves deficiencias materiales como las que se han denunciado", afirmó. Bernabé recordó que en toda la legislatura se han creado 53 juzgados y 46 nuevas plazas de fiscales, prácticamente las mismas que creó el PP en ocho años. "La Generalitat reivindica más juzgados, pero es incapaz de cumplir con sus obligaciones de atender adecuadamente su correcto funcionamiento", afirmó.

En cambio, el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, relativizó ayer la precariedad de medios del ministerio público en la provincia y, especialmente, en las dependencias de la Fiscalía en la sede de la Audiencia y en el destacamento de Elche. "El problema que será más difícil de resolver es el de dotar con un despacho al jefe de área de la Fiscalía de Elche, porque materialmente no hay espacio", señaló. "El problema de la acumulación de expedientes en una escalera interna es menos importante, porque se trata de documentos, la mayoría fotocopias, que no tienen validez jurídica", añadió.

Romero se mostró optimista ante la posibilidad de que a corto plazo se resuelvan los problemas de falta de personal en los destacamentos de la Fiscalía de Torrevieja y Dénia. "Confío, y así me lo ha transmitido la Consejería de Justicia, que en breve se incorporen funcionarios suficientes, en Dénia y Torrevieja", dijo Romero, informa Santiago Navarro.

La Asociación Valenciana de Juristas Demócratas, Jueces para la Democracia y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), se sumaron ayer a las denuncias que Gabriela Bravo, presidenta nacional de la Unión Progresistas de Fiscales (UPF) hizo el jueves y que originaron esta polémica. Las tres asociaciones lamentaron las condiciones insalubres de la Fiscalía de Alicante, la escasez de funcionarios en las fiscalías de Gandia y Alzira, que ha paralizado 250 causas judiciales, o la inadecuación de los despachos para la Fiscalía en la Ciudad de la Justicia de Valencia. En un comunicado, aseguraron que es evidente "la falta de medios que sufren muchos juzgados de la Comunidad, contrastando la realidad que los ciudadanos y los profesionales del derecho tienen que padecer, frente a apariencias triunfalistas del Consell". Y emplazaron a la Generalitat a "una pronta solución a los problemas planteados".

El consejero perdió ayer una oportunidad de calmar el ánimo de los fiscales. Dio relativa importancia a las manifestaciones de Gabriela Bravo, porque "es la opinión de una persona, portavoz de una asociación, no de la Fiscalía". Y se mostró molesto por el hecho de que Bravo "saliera a criticar" después de una reunión con él "en la que se lograron acuerdos". Bravo mantuvo una reunión en Justicia el miércoles en la que, dijo, se le reconoció la falta de funcionarios y que no invertía todo lo necesario. De Rosa no confirmó esos extremos. Dijo que la reunión fue privada y que él no iba a decir que ella había criticado las actuaciones de algunos de sus compañeros porque no era su estilo.