Segundo proceso contra el juez De Urquía por cohecho y prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto un segundo proceso penal contra el magistrado Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado número 2 de Marbella. Esta nueva causa investiga las gestiones que supuestamente favorecieron a personas imputadas en el caso Hidalgo, causa contra el blanqueo de capitales investigada por él y donde se intervinieron 92 millones de euros y 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol. De Urquía está imputado de nuevo por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación por el TSJA.

De Urquía prestó declaración a principios de año para denunciar que su procesamiento judicial "era fruto de la venganza de las mafias de la Costa del Sol, por haber desmantelado sus redes" en el caso Hidalgo. A continuación, se negó a responder a las preguntas del magistrado Miguel Pasquau, que ha instruido su primera causa en el TSJA, hasta que "se levante el secreto sobre las actuaciones". El juez instructor informó a De Urquía de que su teléfono había sido intervenido durante el pasado otoño, pero aclaró que las escuchas telefónicas fueron declaradas "nulas de pleno derecho" al no ser acordadas por el tribunal. Junto a De Urquía está imputado un amigo suyo: Arnaud Fabrice Albouhair.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 23 de enero una nueva suspensión contra el juez -ya apartado de su juzgado por su supuesta implicación en el caso Malaya- por este nuevo proceso. El acuerdo, ratificado en el pleno del pasado miércoles, justifica la adopción de la medida por "la incoación de nuevas diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

"Los hechos que han dado lugar a la incoación del proceso penal contra el magistrado tienen encaje en la previsión legal, además de comportar un perjuicio y descrédito evidentes para la Administración de Justicia", señala la resolución del Poder Judicial. La primera causa contra De Urquía, relacionada con el caso Malaya, de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, motivó una primera suspensión el pasado julio. El magistrado Miguel Pasquau, que terminó su investigación en diciembre, considera que el juez cobró 78.300 euros de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama marbellí. De Urquía está acusado de aceptar ese dinero para comprar una vivienda a cambio de asesorar a Roca y suspender la emisión de un programa de televisión que indagaba sobre su enorme patrimonio.

El TSJA investiga ahora la instrucción de De Urquía en el caso Hidalgo, así como la supuesta intervención de personas de su entorno en la operación. El caso destapó el pasado abril una trama de blanqueo de capitales supuestamente orquestada desde el despacho de abogados Cruz-Conde, de Marbella. En la operación se detuvo a personal del despacho, economistas vinculados a la firma, familiares y varios notarios. A pesar de que en diciembre se archivó la imputación de cuatro notarios y cinco empleados de sus notarías, la investigación continúa activa. Permanecen acusadas al menos una veintena de personas, entre ellas el máximo responsable del despacho, el abogado Rafael Cruz Conde, en libertad bajo fianza de 200.000 euros, informa Juana Viudez.

Las investigaciones se han ampliado a cinco países de la UE y a Argentina. Durante la instrucción se ha estimado la responsabilidad civil de 10 de los principales implicados en 520 millones de euros, el triple de lo que se cree que han defraudado. La magnitud de lo incautado en la Operación Hidalgo supera a lo intervenido en el caso Ballena Blanca, la otra gran operación policial contra el blanqueo de capitales destapada en Marbella. Fuentes cercanas al caso mantienen que, en principio, los agentes del grupo de blanqueo a cargo de la operación se mostraron reticentes a que De Urquía instruyera el caso, aunque después decidieron dar al magistrado un voto de confianza.