El Supremo suspende las ayudas públicas y las candidaturas de ANV

La sala especial del Tribunal Supremo acordó anoche la suspensión de la entrega de dinero público al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y a ANV, así como la presentación de candidaturas de este último partido a las elecciones del 9-M.

Estas medidas habían sido instadas por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en el procedimiento de ilegalización de ambos partidos, distinto a la causa penal abierta por el juez Baltasar Garzón en la que éste, por la mañana, suspendió las actividades de PCTV y ANV por tres años.

A diferencia de Garzón, el Supremo no suspendió las actividades de ambos partidos porque ya lo había acordado el juez de la Audiencia Nacional y porque sin la entrega de fondos ni la concurrencia a las elecciones de ANV (el PCTV no se presenta) "el efecto es el mismo", dijeron fuentes del Supremo. La Sala tampoco accedió al bloqueo de las cuentas ni al embargo de sedes e inmuebles. No obstante, medidas de efecto equivalente fueron acordadas por Garzón y tenían difícil encaje en la fase cautelar de un proceso de ilegalización.

Al comienzo de la deliberación, de los 16 jueces de la Sala Especial, nueve se mostraron partidarios de examinar una por una las medidas cautelares, mientras que los otros siete se inclinaban por no estimar ninguna. Lo que desde el principio quedó descartado fueron las polémicas medidas introducidas por el abogado del Estado en su informe verbal, que causaron alarma y malestar en medios nacionalistas vascos.

El Abogado del Estado, que representa al Gobierno ante la Sala Especial, reclamó la suspensión del grupo parlamentario del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de los concejales de ANV, medidas que no constaban inicialmente en la demanda. Según las fuentes consultadas, la Sala rechazó esas medidas por tratarse de "una cuestión nueva" que no puede ser introducida si no consta previamente en las peticiones escritas.

Manuel Pacheco, el abogado del Estado que actuó ante el Supremo, justificó la medida como una "consecuencia lógica y obligada", dado que un grupo parlamentario es un "instrumento especialmente útil al terror para conformar e influir en la opinión pública". Por la tarde pidió también la suspensión de los concejales de ANV. Fuentes de la Abogacía del Estado explicaron que esa medida ya fue acordada respecto al grupo parlamentario afín a Batasuna en 2003.

Fue precisamente ése el motivo del fuerte malestar que la petición del Gobierno causó en el PNV. Fuentes de ese partido recordaron que la suspensión en 2003 del grupo afín a Batasuna tuvo como resultado la condena al ex presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, y otros dos parlamentarios por desobediencia.

Desde ámbitos políticos nacionalistas también se cuestionó la petición de suspensión de grupos municipales. De haber acordado el Supremo esas suspensiones, habría que haber sacado de los ayuntamientos a 377 concejales de ANV en el País Vasco y otro centenar en Navarra.

El fiscal de Sala de lo Contencioso, Antonio Narváez, presentó un informe bien estructurado en el que reclamó la suspensión del PCTV como partido político y el embargo de sus cuentas. Sobre la suspensión de su grupo parlamentario, calificó esta medida de "discutible" a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional.

Para la fiscalía, la suspensión del grupo parlamentario no es un tema que se deba plantear en una fase cautelar. Fuentes fiscales admitieron que una medida así pondría en dificultades al Parlamento vasco en un momento tan delicado como el periodo electoral. En cambio, el fiscal pidió la suspensión del partido ANV porque lo "irreversible", dijo, sería que sus representantes ganasen un acta de diputado.

Los abogados del PCTV Kepa Landa y Jone Goiricelaia se opusieron a unas medidas que no consideran urgentes por cuanto el partido está "tolerado" desde hace años y su vinculación a Batasuna consta desde 2005 en un informe de la Guardia Civil.