La mafia policial de Málaga vendía datos confidenciales

El juzgado número cinco de Marbella posee indicios de la comisión de media docena de delitos por parte de los cuatro policías antimafia detenidos por la Unidad de Asuntos Internos, dependiente del director de apoyo operativo, Miguel Ángel Fernández Chico, tras una investigación iniciada en diciembre de 2006, y que supervisó el fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén.

Ocultaron a un juez un informe patrimonial sobre un narcotraficante

Realizaban 'dossiers' con vídeos y datos económicos

Según fuentes jurídicas, las presuntas actividades ilegales del grupo policial eran las siguientes: robaban bienes incautados en registros legales mientras estaban bajo custodia policial; registraban domicilios sin orden judicial. Tal entrada ilegal les permitía robar a placer bienes de personajes del hampa, que difícilmente podían quejarse, precisamente por vivir al margen de la ley, y se creían objeto de una auténtica investigación policial auténtica.

Además, según la investigación, grababan vídeos y obtenían datos confidenciales de personas para revenderlos a terceros. Investigaban a personajes de la Costa del Sol sin causa judicial alguna. Volcaban todo su potencial de agentes especializados en delitos económicos en sus fines privados y por ello no les resultaba difícil obtener datos fiscales o bancarios para pesquisas que luego fingían fallidas. Actuaban como detectives privados bajo uniforme policial y como tales vendían su información al mejor postor.

En otras ocasiones, esta red hacía la labor contraria. Cuando no desarrollaba sus investigaciones privadas, obstruía las pesquisas oficiales o alertaba de ellas a sus clientes. O, sencillamente, miraba para otro lado cuando conocía delitos. Tal pasividad también tenía un precio. "El precio de tal labor ilegal fue un reguero de sobornos", según los investigadores.

El blindaje de los delincuentes amigos y clientes se cerraba con el papel de la traductora de la comisaría de Marbella, también detenida, ya que entre lo que confesaba el detenido y la traducción que recibía el juez había todo un mundo: los hechos más sangrantes desaparecían o se perdía la traducción.

Tales pesquisas se desplegaron a resultas de una denuncia interna elevada por el entonces comisario provincial de Málaga, José Gutiérrez, quien había acumulado diversas evidencias aportadas contra sus subordinados. Algunas partían de compañeros de los agentes corruptos. Otras fueron presentadas por particulares. Unos y otros temían que trascendiera su identidad. Durante estos largos meses, Asuntos Internos ha ido acumulando pruebas contra los implicados, merced a la interceptación de conversaciones y su seguimiento.

Los agentes ya detenidos son los siguientes: el inspector jefe José Alfredo Marijuán, jefe de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), destinado en Málaga capital; el inspector Carlos Farré, jefe del Grupo de la UDYCO en Marbella; el inspector Isaac Pacheco Suárez, jefe del grupo de UDYCO en Fuengirola; el inspector Eusebio Vázquez Fernández, adscrito a la UDYCO en Málaga. A su vez, esta red, contaba con la complicidad de dueños de discotecas y de centros de estética marbellíes, de los que recibían cohechos a cambio de blindarlos frente a investigaciones.

Lo singular es que agentes que tenían por misión combatir la droga habían terminado cambiando de bando. Marijuán no sólo está procesado por proteger a un narcotraficante, sino que en el curso de esta investigación, según fuentes jurídicas, se hallaron indicios de cómo su compañero Farré era requerido por narcotraficantes para tratar asuntos de droga. Miembros de esta red ocultaron a la autoridad judicial el informe sobre el patrimonio de un narcotraficante que se les habías ordenado, favor que les fue retribuido, según los indicios aportados.

La sombra de la sospecha, según compañeros de los imputados, hizo que se les mantuviera alejados de las principales operaciones anticorrupción desatadas en Marbella en los últimos años. Por todo ello, los agentes de Asuntos Internos, que dirige la comisaria Ana Arias, no sólo han registrado los domicilios y despachos profesionales de los agentes implicados, sino que han copiado los discos duros de sus ordenadores. Se trata de revisar su actuación en las distintas operaciones policiales desarrolladas por ellos en la Costa del Sol bajo un enfoque menos brillante.

Frente a las críticas sindicales vertidas contra tales detenciones ("se les trata como a terroristas"), el director adjunto operativo se mostraba ayer perplejo. "Me duele que algunos sindicatos critiquen esta operación sin conocer los hechos que encierra", manifestó a este diario. Fernández Chico deshace toda interpretación de esta redada como fruto de guerras entre clanes policiales. "No es que yo avale esta operación. Es que la dirijo yo porque Asuntos Internos depende de mí. Y un policía corrupto es peor que un delincuente porque es un delincuente que se aprovecha del cargo de servidor de la ley. Y no vamos a tener ninguna contemplación ante tales conductas. ¿Cuál es la crítica? ¿Que a los policías no se les puede detener? ¿Que hay que detenerlos de forma distinta que a cualquier ciudadano sospechoso de violar la ley?".

El actual comisario de Málaga, Juan Jesús Peñalver, solicitó ver a los detenidos, pero los funcionarios de Asuntos Internos se lo impidieron, dado que no podían ser entrevistados ni aun por su abogado hasta deponer ante el juez del caso.