Una juez investiga al alcalde de Sant Feliu por prevaricación

El antiguo jefe de recursos humanos contra el actual alcalde. Ese es el pleito que tramita un juzgado de Sant Feliu de Llobregat después de que Pedro López Provencio se haya querellado contra la máxima autoridad municipal, el socialista Juan Antonio Vázquez, por un delito continuado de prevaricación. La querella ha sido admitida y la juez ya ha tomado declaración al alcalde, que negó todas las acusaciones y defendió su actuación.

El alcalde defiende su actuación y afirma que actuó guiado por el secretario

Los hechos constituyen una de esas disputas humanas y locales que en ocasiones se producen en las instituciones tras la alternancia política. Los hechos arrancan en 2003, cuando después de 24 años ICV perdió la alcaldía a manos del PSC. Al tomar posesión el nuevo alcalde, el director del área de organización y recursos humanos era López Provencio, militante de ICV, que fue confirmado en el cargo. Sin embargo, meses después y a tenor de su relato, el alcalde y otro concejal, Ferran Alberdi, "después de haber obtenido toda la información que necesitaban", iniciaron "un proceso de vejaciones" contra él para que abandonase el Ayuntamiento o se jubilase.

La querella relata que López Prudencio fue desalojado, "de forma súbita" de su despacho y, meses después, se le rebajó el nivel profesional y el sueldo en 400 euros mensuales. La rebaja fue acordada por un decreto de alcaldía, cuando es una competencia del pleno municipal, según la querella. El funcionario afirma que pasó de ser director de recursos humanos a quedar sin unas funciones definidas, incluso "de chico para todo".

En marzo de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la razón y sentenció que se le debía pagar la diferencia salarial. Hasta ahora ha percibido 12.000 euros de atrasos en cumplimiento de esa sentencia y tiene otro pleito pendiente en el que reclama 28.000 euros más, entre atrasos e intereses, de acuerdo con las estimaciones de la acusación.

El alcalde declaró el 10 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 7 de Sant Feliu de Llobregat y negó cualquier responsabilidad. Explicó que cambió al alto funcionario de despacho por necesidades de espacio. También dijo que "no se dedica a ubicar a los trabajadores del Ayuntamiento en sus dependencias" y que firmó la rebaja del sueldo por indicaciones del secretario municipal. En otro momento declaró que si tuviera que comprobar los datos de todos los decretos, "quedaría paralizada la actividad del Ayuntamiento" y que los asuntos salariales no siempre pasan por el pleno.

La querella también relata que después de la sentencia sobre los atrasos persistió la "carrera de acoso laboral" con otras resoluciones "prevaricadoras" del alcalde. Por ejemplo, la denegación de asistencia a cursos de formación que sí fue concedida a otros siete funcionarios o la imposibilidad de formar parte de un tribunal calificador en otro Ayuntamiento, a pesar de que López Provencio tiene reconocida esa condición por la Escuela de Administración Pública de Cataluña. El querellante tiene dos licenciaturas y anteriormente trabajaba como técnico en la Universidad Autónoma de Barcelona. A sus 64 años sigue trabajando en el Ayuntamiento de Sant Feliu con la rebaja salarial acordada en su día.

Vázquez declaró que la negativa de asistencia a los cursos se explica porque se celebraban en Madrid y los gastos debía pagarlos el Ayuntamiento. También añadió que López Provencio no "es muy proclive" a acudir a estos cursos. Pau Núñez, abogado de la acusación, entiende que la actuación de Vázquez "resulta inadmisible" y responde a "groseros abusos de derecho" que sólo se explican por "una suerte de rencilla personal y / o política".