Camps calienta el conflicto del agua

La guerra por el agua entre comunidades autónomas y en el interior de los partidos no sólo no ha terminado con la aprobación del minitrasvase a Barcelona, sino que se recrudecerá en los próximos días y volverá a las Cortes.

Por un lado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), recurrirá la próxima semana ante el Tribunal Constitucional el decreto del minitrasvase y, por otro, en los próximos meses se debatirá en el Congreso el Estatuto de Castilla-La Mancha, que contiene artículos sobre el agua rechazados por otras comunidades y matizados por la dirección de los partidos.

Camps volverá a liderar la oposición del PP al Gobierno con un recurso contra el decreto que esta misma semana apoyó en el pleno del Congreso el Grupo Popular. Fuentes oficiales cercanas al presidente valenciano explican esta contradicción asegurando que su recurso no se basará en el rechazo al minitrasvase, sino que invocará los principios constitucionales de igualdad y solidaridad para pedir que se extienda a Valencia el trasvase de agua del Ebro.

Esas mismas fuentes aseguran que Camps pidió a Mariano Rajoy que el voto del PP fuera favorable para abrir la puerta a otros trasvases. El presidente valenciano tuvo que vencer la resistencia del PP de Aragón que, por su parte, presionó hasta el último momento a Rajoy para que el Grupo Popular se abstuviera. Las tensiones terminaron con la diputada por Zaragoza Luisa Fernanda Rudi rompiendo la disciplina de voto.

Además, Camps rechaza frontalmente el contenido del proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha pactado hace meses por el PSOE y el PP y está dispuesto a llevarlo también al Constitucional si es aprobado sin cambios. Ese texto llegó en la anterior legislatura al Congreso, pero las elecciones frenaron la tramitación.

El proyecto fija para 2015 el final del trasvase Tajo-Segura y da al Gobierno autónomo capacidad de decisión sobre las aguas que discurran por la comunidad. Las direcciones de los dos grandes partidos plantearon sus dudas sobre esos preceptos, que para el Gobierno de Castilla-La Mancha son irrenunciables. El Gobierno socialista sugirió en su momento que esos artículos deberían ser modificados en el Congreso y los socialistas de Valencia y Murcia lo rechazaron. El propio presidente castellano-manchego, José María Barreda, admitió ayer en declaraciones a Efe que ese precepto "generará tensión".

Ahora, la portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Soraya Rodríguez, asegura que no hay ninguna decisión tomada. Defiende, no obstante, que esos artículos del Estatuto de Castilla-La Mancha siguen el principio de una enmienda socialista al Plan Hidrológico que hablaba de la disminución progresiva del trasvase.

En el caso del PP, los artículos contradicen expresamente el contenido de su recurso ante el Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Ese recurso, redactado por la ahora portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, sostiene que las competencias sobre el agua son exclusivas del Estado.

También contradice la proposición que el PP ha presentado para que se debata el 13 de mayo en el pleno del Congreso y que habla de "la igualdad en el acceso a los recursos naturales esenciales".