Los empresarios salen favorecidos

Si en el IRPF las diferencias entre Euskadi y el territorio cómún son escasas, en el de Sociedades, el que grava los beneficios empresariales, la situación para las empresas vascas resulta mejor que la que viven las del resto de España. En Euskadi el tipo impositivo ha sido históricamente menor. El panorama se ha enrevesado por las diferencias entre las tres haciendas, que ha llevado a una situación inédita: Álava y Vizcaya tienen ahora establecido un tipo del 28% mientras que Guipúzcoa se ha quedado en el 32,6% por la falta de acuerdo entre PNV y EA, los dos socios de gobierno, que ahora intentan ambos reconducir. En territorio común está establecido en el 30%.

"En el de Sociedades, hay más margen en el País Vasco para bajarlo respecto al territorio común", explican los especialistas de Cuatrecasas. En cualquier caso, con las diferencias actualmente existentes, resulta complicado abordar una reforma fiscal del Impuesto de Sociedades. Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa recelan del cambio por temor a que cualquier acuerdo quede sujeto a los diferentes equilibrios de los partidos en las Juntas Generales. Primero se precisa un nuevo punto de encuentro en el Órgano de Coordinación Tributaria, que reúne al Ejecutivo y las tres diputaciones, una posibilidad complicada porque las diferencias de criterios entre PNV y EA imposibilitarían el acuerdo.

El que está a punto de fenecer es el Impuesto de Patrimonio. La Hacienda estatal ya ha anunciado su derogación y el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha recalcado que al día siguiente de que se apruebe esa decisión se tomará la misma medida en los tres territorios. Bilbao ha recordado que su efecto en la recaudación es nimio y que su función es básicamente controlar los grandes cambios de fortuna. Este impuesto, que nació como un tributo provisional, se ha mantenido 25 años por ese carácter de control.

Bilbao ha explicado que si se suprime el impuesto se establecerá otro sistema que permita controlar las grandes fortunas y los incrementos súbitos de capital. En todo caso, no se tomará ninguna decisión mientras no lo haga la Hacienda estatal. Expertos fiscales consultados han censurado que las haciendas no hayan dedicado más recursos a controlar este tributo.