La Fiscalía pide cárcel inmediata para el ex consejero Cartagena

La Fiscalía de Audiencia de Alicante pedirá hoy al tribunal la "ejecución inmediata" de la condena a cuatro años de cárcel a Luis Fernando Cartagena, ex consejero del PP en la época de Eduardo Zaplana, por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. El ministerio público no "ve motivos" para demorar más el encarcelamiento del ex alto cargo del PP, y alcalde oriolano entre 1987 y 1996. Además, considera "desproporcionado" el tiempo (cuatro años) transcurrido desde que el condenado solicitó el indulto al Gobierno para que le liberara de la pena.

La dilación en la concesión del indulto llevó al tribunal, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, a dictar una providencia el pasado 20 de noviembre en la que daba un ultimátum de seis meses al ex consejero para que resolviera la petición de gracia al Ejecutivo central. La resolución de la sala, también a instancias de un escrito del fiscal encargado de la ejecutoria, advertía al ex político del PP de que estaba incumpliendo la obligación de informar al tribunal semestralmente del trámite.

Sin embargo, y a pesar de la mencionada providencia, la sala, a la espera de recibir el nuevo escrito de la Fiscalía, no consideró ayer "urgente" la ejecución de la sentencia, según señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia. El tribunal argumenta ahora que aún resta un año para decretar la ejecución antes de que prescriba el delito.

La Audiencia condenó en marzo de 2002 a Cartagena a cuatro años por malversación y falsedad. Junto a Cartagena fue condenado a dos años el industrial Ángel Fenoll. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia dos años después.La Fiscalía de Alicante se ha mostrado desde el principio partidaria del ingreso en la cárcel del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, para cumplir la condena de cuatro por malversación. De hecho, el ministerio público informó en contra del indulto tramitado en junio de 2004. En esa fecha, el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, afirmó: "Pensamos que el hecho de que Cartagena haya restituido la cantidad de la que se apropió no es motivo suficiente para el indulto. Estaríamos ante una clara discriminación entre ricos y pobres".

La Fiscalía esgrime, además, otro dato para justificar el encarcelamiento de Cartagena. El ministerio público señala que el condenado está también procesado en otro sumario, en este caso por supuesto delito fiscal. Por estos hechos, derivados de la contratación de las denominadas primas únicas del Banco Santander, Cartagena se enfrenta tres años de cárcel y a una multa de 1,8 millones euros, de acuerdo con la petición inicial de la acusación pública, que encarna el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

El sumario de las primas únicas se incoó en 1992 por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional y, tras varias idas y venidas desde Madrid a los juzgados de Alicante por motivos de competencia, la causa recayó en el Juzgado número 4 de Orihuela. En este sumario había inicialmente más procesados, entre ellos, altos directivos del banco. La Audiencia Nacional acordó el archivo de la causa general en 2006, decisión de la que quedó excluido Cartagena al haberse tramitado su caso como pieza separada por ser aforado.

Luis Fernando Cartagena suscribió las primas únicas -fondos de nuda propiedad, cuya finalidad era asegurar la opacidad fiscal de la operación- con el entonces Banco Santander entre los años 1987 y 1988. El volumen de la operación fue de dos millones de euros y la supuesta deuda fiscal, de 310.000 euros.

La titular de la oficina judicial de Orihuela decretó a principios de la semana pasada, es decir, 16 años después de comenzar la instrucción, la apertura de juicio oral contra Cartagena por un supuesto delito fiscal. Además de la petición de tres años de cárcel y la multa de 1,8 millones (el séxtuplo de la cantidad supuestamente defraudada), el fiscal ha pedido el embargo preventivo de los bienes del ex consejero para garantizar el pago de esa cantidad.