Blasco eximió indebidamente a Catarroja de hacer vivienda social

La política urbanística y de vivienda del Consell encajó ayer un nuevo varapalo judicial. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado una resolución del ex consejero de Territorio Rafael Blasco que eximió al Ayuntamiento de Catarroja de construir pisos sociales en una parcela del patrimonio municipal de suelo sin justificar debidamente que la demanda estaba cubierta. Blasco consideró satisfecha la necesidad de vivienda de protección pública (VPP) en Catarroja al mismo tiempo que el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), dependiente de su consejería, impulsaba junto a la promotora Llanera el macroproyecto de Nou Mil·leni con el argumento de que la zona sufría un déficit de pisos asequibles. El proyecto no se aprobó hasta hace un año y prevé 11.459 pisos, de ellos un 51,5% de protección oficial.

El Consistorio de Catarroja, gobernado por Unión Valenciana y el PP, subastó en 2005 una parcela de su propiedad y se la adjudicó a Armiñana Promociones Inmobiliarias por 2,9 millones de euros. El promotor construyó pisos de renta libre, y el dinero ingresado por el municipio se destinó al teatro-auditorio de Catarroja, que aún no ha abierto al público.

La ley exigía que el Ayuntamiento empleara su patrimonio de suelo en la promoción de vivienda social. En el caso de enajenar esa propiedad, la ganancia debió reinvertirse en el mismo fin, es decir, la compra de terrenos y otras actuaciones que redundaran en la construcción de VPP. La norma solamente eximía a la localidad de esa obligación si demostraba tener garantizada la demanda de vivienda social o justificaba un interés público claro para invertir el dinero en otra actuación. La decisión estaba en manos del entonces consejero Blasco, que autorizó la operación. El Grupo Socialista recurrió la resolución del consejero, ahora anulada por TSJ. El fallo afirma que Blasco dio vía libre a la petición de Catarroja a pesar de que "no existe en el expediente administrativo ningún dato fehaciente que acredite cumplidamente que la demanda de vivienda protegida está satisfecha", y todo ello después de que en un informe anterior la Dirección General de Vivienda indicara al Ayuntamiento que debía apuntalar su pretensión con un estudio de demanda.

El portavoz socialista de Catarroja, Wilson Ferrús, exigió que se restituya la pérdida al patrimonio local."Defendemos los intereses generales de Catarroja, mientras que el PP con un bien municipal ha defendido los privados", denunció Ferrús. Los socialistas recurrieron el pleno que aprobó la subasta de la parcela (835 metros cuadrados) en octubre de 2005 y luego la resolución de Blasco, a la que no les habían dado acceso. Una sentencia de 2007 ya les dio la razón al anular el acuerdo plenario. El juez destacó en ese fallo que el IVVSA y Llanera promovían el plan de Nou Mil·leni precisamente con el argumento de que existía un déficit y "desequilibrio" en la oferta de pisos sociales que debía cubrirse. Como ahora el TSJ, tampoco aceptó que se subastara para vivienda de renta libre el solar municipal porque no vio "debidamente justificada" que la demanda de VPP estuviera satisfecha en Catarroja.

El TSJ critica la "falta de rigor" de Blasco al aprobar la resolución, denunciada también en su día por el ex responsable de Territorio del PSPV-PSOE Eugenio Burriel. "Es el colmo del cinismo que se adujera que no hacía falta VPP en Catarroja", afirmó ayer.

El alcalde, Francisco Chirivella, del PP, extendió la responsabilidad a todo el poder local y consideró justificada la subasta del suelo en el simple hecho de que el dinero sacado se invirtiera en Catarroja, aunque no se cumpliera la ley. "Eso lo han hecho todos los pueblos. Y siendo ingresos para Catarroja...", adujo Chirivella, que no conocía ayer la resolución del TSJ. La primera sentencia desfavorable a la operación está recurrida.

Cambio de normativa

Como afirma Chirivella, otros municipios han vendido para fines no previstos en la ley su patrimonio de suelo como vía de financiación de otros proyectos. Y han tenido la misma respuesta judicial. El TSJ anuló la subasta de un terreno en Valencia y obligó al equipo de Rita Barberá a asignar 14 millones de euros a la VPP, la misma cantidad que se había destinado a otras actuaciones. Lo mismo puede ocurrir en Catarroja. En La Vila Joiosa, las sentencias similares acumuladas por el anterior gobierno del PP han dejado las arcas en quiebra técnica.

Ante el fallo contra Blasco, la ahora Consejería de Medio Ambiente apuntó que está "muy avanzada" una reforma consensuada para incentivar la puesta en el mercado de suelo municipal para VPP y dar más facilidades a los Ayuntamientos para que inviertan ganancias en otro tipo de necesidades "siempre que esté cubierta" la demanda.